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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 04/01/2026 21:43
Despidos en Concordia y Entre Ríos: ajuste estatal genera rechazo sindical El cierre de 2025 dejó un escenario de alta conflictividad laboral en Entre Ríos. La decisión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, de no renovar más de 130 contratos municipales, sumada al cese de aproximadamente 100 contratos en la administración provincial de Rogelio Frigerio, desató un fuerte rechazo de los gremios estatales que califican las medidas como políticas de ajuste que profundizan la desocupación y la pobreza. Los últimos días de diciembre trajeron definiciones que impactaron en centenares de hogares entrerrianos. El intendente de Concordia, Francisco Azcué, confirmó que no renovará más de 130 contratos administrativos que vencían en diciembre, argumentando irregularidades en su origen y falta de funciones asignadas. Paralelamente, el gobierno provincial de Rogelio Frigerio, a través del Decreto N° 3.817/25, determinó la finalización de aproximadamente 100 contratos en diversas áreas del Estado. Desde el municipio de Concordia justificaron la medida como parte de un proceso de ordenamiento y eficiencia del Estado municipal. Recibimos un municipio con contratos firmados de manera irregular, sin respaldo administrativo y con fines claramente proselitistas, explicó Azcué, quien señaló que la gestión anterior realizó un festival de contratos que incluyó más de 900 casos entre pases a planta permanente y contrataciones en los últimos meses de 2023. El intendente argumentó que la decisión responde a criterios de eficiencia: Si en un área se necesitan cuatro personas y hay diez contratadas, quiere decir que no estamos siendo eficientes. Azcué enfatizó que el objetivo es cuidar los recursos públicos y poder invertir en obras, en mejores servicios y en empleo genuino, destacando que no se trata de despidos sino de no renovación de contratos que vencieron en diciembre. En el ámbito provincial, el gobierno de Frigerio no emitió declaraciones públicas sobre el decreto que afecta a trabajadores de distintas áreas, incluyendo organismos sensibles como el Registro Único de la Verdad (RUV), donde se desvinculó a personal con más de 10 años de antigüedad. La medida se notificó principalmente a través de correos electrónicos, según denunciaron los gremios. La respuesta sindical fue contundente y coordinada. El Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de Concordia (STEM) convocó a una concentración para el 6 de enero en rechazo a lo que califican como políticas de insensibilidad social. Desde el gremio cuestionaron la decisión de Azcué señalando que mientras se pregona una austeridad que solo recae sobre los que menos tienen, el Intendente continúa con el nombramiento de jubilados como funcionarios. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repudió categóricamente ambas medidas. Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, afirmó que lo que sucede en Concordia está sucediendo en muchas otras localidades del país y vinculó a Azcué con las políticas de ajuste de Frigerio y Milei: No es nada distinto, aseguró. ATE Seccional Concordia emitió un comunicado exigiendo la inmediata reincorporación de los trabajadores y denunciando que el municipio mantiene un sistema de precariedad laboral sistemática, donde los empleados atraviesan años como monotributistas y contratados antes de acceder a planta permanente. El gremio señaló además que se tercerizan tareas habituales contratando empresas privadas por sumas millonarias que podrían destinarse a fortalecer el empleo municipal. En la Casa de Gobierno provincial, ATE realizó una asamblea en el patio y una marcha por los pasillos del edificio. Cristina Schwab, delegada del Consejo General de Educación, calificó la medida de poco humana, mientras que Nadia Burgos, del Ministerio de Salud, denunció los contratos basura que sostienen áreas críticas como salud. Los gremios acordaron estrategias conjuntas que incluyen la creación de un consorcio de afectados para coordinar presentaciones judiciales, movilizaciones masivas y la búsqueda de solidaridad con otras organizaciones sindicales. ATE recomendó a los afectados firmar en disconformidad las notificaciones por estar fuera de término, al no respetar los 30 días de anticipación exigidos. El conflicto se enmarca en un contexto nacional de reformas laborales y ajuste fiscal que impacta en múltiples jurisdicciones. Según Muntes, están claros que van a seguir ajustando contra los trabajadores y el pueblo argentino, no solamente los estatales, sino también sobre los sectores privado e informal. Las próximas semanas definirán si las medidas se sostienen o si la presión sindical logra modificar las decisiones gubernamentales en un año que comienza con alta conflictividad laboral en Entre Ríos.
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