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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 04/01/2026 16:31
Juan Martín Garay La subejecución del Fondo Vial expone un problema de gestión que no se resuelve relativizando los datos. La controversia generada tras las declaraciones del diputado nacional Guillermo Michel y la respuesta del senador provincial Rubén Dal Molín volvió a poner en agenda una cuestión central para Entre Ríos: el uso efectivo de los recursos públicos destinados a la red vial provincial. La discusión pública que se abrió en los últimos días no puede reducirse a un intercambio discursivo ni a una defensa automática de la gestión. Lo que está en debate es una cuestión concreta y medible: la ejecución del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, un fondo específico que se integra mayoritariamente con recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural y que tiene una finalidad clara: el mantenimiento y la mejora de rutas y caminos entrerrianos. Guillermo Michel no planteó consignas ni generalidades. Expuso datos oficiales de ejecución presupuestaria que muestran que, durante el último ejercicio, se recaudaron más de 23 mil millones de pesos, pero se ejecutó poco más del 47 % de esos recursos. En términos simples, más de la mitad del dinero disponible para obras viales no se tradujo en trabajos concretos, en una provincia donde el deterioro de caminos y rutas es un reclamo transversal de productores, transportistas y vecinos de todos los departamentos. Frente a estos datos, resulta insuficiente que la respuesta oficial intente relativizar el problema apelando a explicaciones estructurales o a responsabilidades históricas. Aun admitiendo dificultades administrativas de larga data, el punto central no se modifica: los recursos estaban disponibles y no se ejecutaron. Cuando existen fondos con asignación específica, la subejecución no es un tecnicismo presupuestario, sino una falla de gestión que merece una explicación clara. Es correcto afirmar que la vialidad no se discute con consignas. Precisamente por eso, este debate debe darse con números oficiales y hechos verificables. La discusión no es ideológica ni partidaria: es si los fondos que aportan los entrerrianos están siendo utilizados de manera eficiente para el fin para el cual fueron creados. Tampoco resulta razonable correr el eje del debate hacia el pasado para diluir las responsabilidades del presente. Gobernar implica administrar el hoy. Si el problema es estructural, la sociedad entrerriana tiene derecho a saber qué se está haciendo actualmente para revertirlo, con qué plazos y con qué resultados concretos. Desde mi lugar como concejal de Concepción del Uruguay y abogado, considero necesario respaldar una postura que exige transparencia, rendición de cuentas y ejecución efectiva del presupuesto. Defender la posición de Guillermo Michel es defender un principio básico de la administración pública: que los recursos afectados por ley a un fin específico lleguen efectivamente al territorio y se conviertan en obras reales. Porque cuando el presupuesto no se ejecuta, el costo no es abstracto. Se paga en caminos deteriorados, en mayores costos productivos, en riesgos para la seguridad vial y en oportunidades perdidas para el desarrollo de Entre Ríos. Ese es el debate de fondo. Y ese es el punto que no puede ser relativizado. (*) Juan Martín Garay es abogado y concejal de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.
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