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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 04/01/2026 10:51
Imagen de archivo de la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, y del secretario de Modernización, Emanuel Gainza. Las respuestas del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos y del secretario de Modernización, Emanuel Gainza, lejos de clausurar las preguntas abiertas por la investigación judicial y el informe publicado por ANÁLISIS sobre el desvío de alimentos, terminan por exponer una serie de contradicciones discursivas, debilidades institucionales y zonas grises que refuerzan la necesidad de esclarecimiento público. No se trata de impugnar el derecho a defensa ni de anticipar responsabilidades penales, sino de analizar con rigor la consistencia de los argumentos oficiales frente a los hechos documentados. Ambos comunicados comparten un rasgo central: desplazan el eje del problema. Mientras la investigación judicial indaga sobre destinos concretos de mercadería pública, los descargos se concentran en describir marcos normativos generales, buenas intenciones y procedimientos ideales, sin responder de manera directa a los puntos más sensibles del caso. Emergencia alimentaria: un marco que no explica el desvío El Ministerio de Desarrollo Humano abre su respuesta apelando a la Ley de Emergencia, señalando que esta habilitó mecanismos excepcionales para garantizar el acceso urgente a alimentos. Sin embargo, esta contextualización presenta una primera debilidad lógica: la emergencia puede explicar la rapidez en la entrega, pero no justifica ni explica el hallazgo de mercadería estatal en domicilios particulares allanados por orden judicial y en locales vinculados políticamente a funcionarios provinciales. La emergencia amplía facultades, no elimina controles. Y, paradójicamente, cuanto más excepcional es el contexto, mayor debería ser la trazabilidad de los recursos. En ningún tramo del descargo ministerial se explica cómo alimentos supuestamente destinados a comedores y organizaciones sociales terminaron en inmuebles que no reconocen vínculo institucional directo con la cartera. No es práctica habitual: una negación que no responde al caso concreto La ministra Verónica Berisso afirma que el Ministerio no tiene como práctica habitual la remisión directa de alimentos a personas físicas ni a funcionarios. La formulación es cuidadosamente genérica y allí reside su principal debilidad: la investigación no cuestiona una práctica habitual, sino hechos concretos. Negar una práctica no equivale a explicar hechos puntuales. El punto crítico no es si el Ministerio acostumbra o no a remitir alimentos a funcionarios, sino por qué mercadería oficial apareció en tres propiedades allanadas vinculadas a personas contratadas por la Legislatura y en otro caso a una concejal del oficialismo. Y en un cuarto caso en un local de una fundación con anclaje político-partidario con el gobierno provincial, cuestión que la respuesta evita abordar de forma directa y específica. El control que termina donde empieza el problema Otra de las afirmaciones clave del Ministerio es que el control se ejerce sobre la autorización, entrega y registro, mientras que la logística y distribución quedan bajo responsabilidad de las organizaciones receptoras. Esta división de responsabilidades expone una debilidad institucional estructural: el Estado entrega bienes críticos y sensibles (alimentos), pero luego se desentiende de su destino final. Si el Ministerio no controla la trazabilidad posterior a la entrega, entonces el sistema queda librado a la buena fe de terceros. Y en caso de existir ese control -como también se afirma-, resulta aún más grave que la mercadería haya terminado en lugares ajenos al circuito formal. En ambos casos, la respuesta deja al descubierto una falla sistémica, ya sea por ausencia de control real o por ineficacia del mismo. No mantenemos vínculo con domicilios particulares: una afirmación en tensión El Ministerio sostiene que no mantiene vínculo institucional con domicilios particulares. Sin embargo, los allanamientos ordenados por la Justicia se realizaron precisamente en domicilios particulares donde se halló mercadería estatal. Y esos domicilios están vinculados a personal contratado por la Legislatura e incluso en uno a una concejal de la Municipalidad de Paraná. La respuesta vuelve a deslizarse hacia una negación formal, pero no explica cómo se produjo, en los hechos, esa situación. La apelación a que la Justicia determinará responsabilidades individuales es correcta desde el punto de vista legal, pero no responde al interrogante político-administrativo: ¿qué falló para que esos domicilios recibieran alimentos públicos enviados por el Ministerio de Desarrollo Humano y que no hayan llegado a los más necesitados? Gainza y la desvinculación formal: legalidad sin despejar el fondo Por su parte, el comunicado de Emanuel Gainza introduce otra capa de tensión. El funcionario afirma que desde febrero de 2024 no integra la conducción de la Fundación Hacemos Argentina, lo cual puede ser formalmente cierto. Sin embargo, la investigación no gira exclusivamente en torno a cargos actuales, sino a vínculos, trayectorias y beneficios indirectos. La desvinculación administrativa no disuelve automáticamente la relación política ni simbólica, menos aun cuando la fundación sigue siendo públicamente asociada a su figura. El argumento, entonces, resulta insuficiente para disipar las sospechas, aunque no constituya, por sí mismo, prueba de irregularidad. A continuación, se comparte un video de abril de 2025 donde Gainza promueve a la Fundación Hacemos junto a otra entidad. Otra vez: la desvinculación administrativa no disuelve por sí misma la relación política. Pedidos formales y el video que incomoda Gainza sostiene que los alimentos fueron solicitados mediante expedientes, autorizaciones y controles, como ocurre con decenas de ONGs. Sin embargo, este planteo choca con dos elementos no menores: la existencia de un video grabado el 16 de diciembre pasado y el resultado positivo de los allanamientos realizado a fines de ese mes. Si toda la operatoria fue regular, transparente y trazable, resulta al menos llamativo que la Justicia haya considerado necesario allanar inmuebles y secuestrar mercadería, teléfonos y anotaciones. La respuesta oficial no explica por qué un procedimiento supuestamente normal terminó bajo investigación penal. Además, Gainza afirma que el video al que se hace referencia no tiene nada de irregular ni ´incómodo´, ya que muestra una situación completamente normal: la entrega de mercadería formalmente solicitada y aprobada, realizada en una zona de carga y descarga por un camión que se contrata para esa tarea y que no pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Esa operatoria es habitual, transparente y trazable desde el comienzo de la solicitud a la entrega de la mercadería. En rigor, confiesa que se contrató ese flete para trasladar mercadería del Ministerio. La cuestión de fondo no es la propiedad del camión, sino la mercadería que llegó a ese domicilio. La apelación al daño moral como estrategia defensiva Ambos comunicados recurren a una estrategia discursiva similar: desplazar el foco hacia el daño al trabajo solidario y al compromiso de voluntarios. Sin minimizar ese esfuerzo, el argumento resulta problemático: la existencia de acciones solidarias no invalida la necesidad de explicar el destino de recursos públicos. La ética pública no se mide por intenciones declaradas, sino por prácticas verificables. Y cuando se trata de alimentos destinados a los sectores más vulnerables, la exigencia de claridad es máxima. Un problema que excede a las personas Las respuestas oficiales coinciden en algo, aunque no lo adviertan: el problema ya no es individual, sino institucional. Aun si no se comprobara responsabilidad penal de funcionarios específicos y solo queden comprometidos los llamados perejiles, el caso revela fallas graves en los sistemas de control, supervisión y rendición de cuentas del gobierno. La política de asistencia alimentaria es uno de los núcleos más sensibles del Estado. Cuando su gestión se vuelve opaca o contradictoria en el discurso, la confianza social se erosiona. Y sin confianza, ninguna política pública -por más bien diseñada que esté- puede sostenerse. Las contradicciones no surgen solo de lo que se dice, sino también de los propios hechos. Y hoy, frente a una investigación judicial en curso, las respuestas oficiales no logran despejar las dudas centrales: cómo, por qué y con qué controles los alimentos destinados a los más vulnerables terminaron donde no debían estar. Esa es la pregunta que sigue abierta.
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