05/01/2026 07:36
05/01/2026 07:34
05/01/2026 07:33
05/01/2026 07:33
05/01/2026 07:33
05/01/2026 07:32
05/01/2026 07:29
05/01/2026 07:25
05/01/2026 07:25
05/01/2026 07:25
Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 04/01/2026 07:50
El Gobierno modificó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley 25.520 bordeando los límites entre inteligencia y seguridad. El decreto, firmado el 31 de diciembre por Javier Milei y todo su Gabinete, profundiza los cambios iniciados en 2024 con el Decreto 614/24 y busca cerrar una etapa de transición marcada por internas y reordenamientos parciales. La SIDE queda consolidada como autoridad central del Sistema de Inteligencia Nacional, con mayores facultades operativas y de coordinación, mientras que el dominio digital se reconfigura por fuera del organismo. En ese marco, Caputo retiene el control político del corazón del sistema de inteligencia y ratifica a Cristian Auguadra como jefe de la SIDE, un funcionario recientemente designado tras la salida de Sergio Neiffert y alineado con su esquema de conducción. En paralelo, la secretaria General de la Presidencia gana influencia directa sobre el área de ciberseguridad, que pasa a depender de la Jefatura de Gabinete, bajo control de Manuel Adorni, uno de los hombres de mayor confianza de Karina Milei. Estructura interna La actual Agencia de Seguridad Nacional (ASN) que comanda Alejandro Cecati cambia de denominación y pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con un mandato exclusivo centrado en la prevención del espionaje, el sabotaje y la injerencia extranjera. A su vez, la División de Asuntos Internos (DAI) será reemplazada por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que amplía sus atribuciones en auditorías e investigaciones internas. El decreto introduce una separación explícita entre ciberinteligencia y ciberseguridad. La SIDE conserva la producción de inteligencia estratégica en el ciberespacio a través de la nueva Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC). En paralelo, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), dependiente de la Jefatura de Gabinete, encargado de la protección de redes e infraestructuras estratégicas del Estado. Ese punto es central en la lectura política del decreto. Mientras la AFC queda bajo la órbita directa de la Secretaría de Inteligencia y, por lo tanto, del esquema que conduce Caputo, el CNC se convierte en una caja de poder propia de Manuel Adorni, reforzando la incidencia de Karina Milei en un área clave para la seguridad y el control de datos sensibles. Inteligencia militar y criminal En materia de inteligencia militar, se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM) y se concentra la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto. Distinto es el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) que no será modificada, en un gesto destinado a descomprimir tensiones con el área que comanda Alejandra Monteoliva y a marcar un límite político al avance del organismo de inteligencia sobre funciones operativas. El nuevo DNU amplía además las atribuciones de la SIDE: podrá requerir información a cualquier organismo del sector público, coordinar acciones con provincias y la Ciudad de Buenos Aires, articular con agencias extranjeras y proveer su propia seguridad. Posturas de la oposición El anunció generó el rechazo de la oposición. El diputado Leopoldo Moreau denunció que la medida clausura la conducción civil de la inteligencia y crea de facto una policía secreta. En sintonía, el exministro de Defensa, Jorge Taiana, alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional subordinada a tareas de seguridad interior, y la consecuencia será un Estado policial que recortará derechos, perseguirá y controlará a opositores. Por su parte, el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el espionaje político. La Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario. Mientras tanto, el PRO mantiene un cauteloso silencio.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por