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Concordia » Hora Digital
Fecha: 04/01/2026 02:07
El presidente Javier Milei y su Gabinete firmaron un decreto de necesidad y urgencia que introduce cambios profundos en la Ley de Inteligencia Nacional, con el objetivo de reformar integralmente el sistema de inteligencia argentino. Publicada en el Boletín Oficial, la norma redefine las competencias de los organismos, reduce estructuras sobredimensionadas, establece nuevos ámbitos de coordinación interinstitucional y fija un marco más claro para la producción de inteligencia estratégica estatal. Esta reforma, contenida en el decreto 941/2025, se enmarca en un proceso de reorganización iniciado en 2024 y responde a un diagnóstico que señala que el sistema de inteligencia acumuló funciones duplicadas, estructuras excesivas, dificultades para integrar información dispersa y zonas grises en cuanto al alcance de sus tareas. Según fuentes oficiales, la conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) permanece a cargo de Cristian Auguadra, con Diego Kravetz como segundo, quienes mantienen sus roles actuales. El asesor estratégico del presidente, Santiago Caputo, impulsó la reforma, que no busca fortalecer el poder interno de la SIDE sino ordenar el sistema en su conjunto. El decreto también limita ciertas competencias del organismo, retirándole funciones que no corresponden a su misión específica. Sin embargo, sectores de la oposición manifestaron críticas y anticiparon que la Comisión Bicameral de Inteligencia solicitará informes al Ejecutivo. A pesar de ello, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para mantener la vigencia del decreto. Un ejemplo de esta redefinición es que la SIDE conservará únicamente las tareas de ciberinteligencia, mientras que la ciberseguridad, entendida como la protección técnica y de gestión de infraestructuras digitales críticas, pasa a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni. Esta separación responde a la necesidad de especialización en cada área del Estado. Desde la sanción de la Ley de Inteligencia Nacional en 2001, el sistema fue sumando organismos y subsistemas que no siempre lograron articularse eficazmente. Reformas parciales previas intentaron corregir estos problemas, pero generaron capas organizativas que complejizaron el funcionamiento. El decreto parte del diagnóstico de que la falta de coordinación efectiva derivó en duplicación de esfuerzos, vacíos en la detección temprana de amenazas y uso ineficiente de recursos. La independencia funcional de subsistemas, especialmente en seguridad interior y defensa, dificultó una lectura estratégica unificada. Por ello, las modificaciones buscan consolidar cambios previos y resolver problemas estructurales persistentes, orientándose hacia un sistema más cohesionado, con producción de inteligencia estratégica basada en información integrada, oportuna y verificable. La SIDE se reafirma como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con responsabilidad en la planificación estratégica, coordinación interinstitucional y producción de inteligencia nacional. La norma establece que la SIDE debe articular el funcionamiento del sistema, coordinar relaciones con organismos de inteligencia extranjeros y centralizar la información producida para elevarla al Presidente. Aunque esta función ya estaba prevista en la ley vigente, su cumplimiento efectivo presentaba dificultades. La creación de nuevos ámbitos formales de coordinación busca que esta conducción sea sistemática y no solo normativa. El decreto aclara que la SIDE no realiza tareas policiales ni de seguridad interior ni persigue delitos concretos. Su función es producir inteligencia estratégica, anticipada y objetiva para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, despejando ambigüedades acumuladas. En lugar de ampliar su alcance, el decreto reduce competencias para concentrar al organismo en su misión específica, excluyendo la investigación criminal y la ejecución de políticas de seguridad interior. Asimismo, la reforma retira de la SIDE la protección operativa de infraestructuras digitales, que pasa a un organismo con perfil técnico y de gestión, siguiendo el criterio de especialización. El decreto regula también la facultad del personal de inteligencia para realizar aprehensiones en casos expresamente delimitados, vinculados a la protección de instalaciones, bienes, personal, operaciones e información del sistema, así como en situaciones de auxilio judicial o delitos en flagrancia. En todos los casos, debe notificarse de inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes, otorgando mayor claridad jurídica a estas intervenciones excepcionales. Uno de los cambios más relevantes es la transformación de la Agencia de Seguridad Nacional en la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que se especializa exclusivamente en identificar y analizar amenazas a la seguridad estratégica nacional, como espionaje, sabotaje, injerencia e influencia externa, separando estas funciones de la política interna y la investigación criminal. En el ámbito militar, la reforma disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y concentra la producción de inteligencia estratégica militar en la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el fin de simplificar estructuras, eliminar duplicidades y fortalecer el asesoramiento al Ministerio de Defensa y al Poder Ejecutivo. Además, se establece una separación clara entre ciberinteligencia y ciberseguridad. La Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a ser Agencia Federal de Ciberinteligencia bajo la SIDE, con competencia exclusiva en inteligencia en el ciberespacio y espectro radioeléctrico. Paralelamente, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que será la autoridad nacional en protección de infraestructuras digitales críticas y sistemas esenciales para servicios públicos. El decreto crea dos nuevos ámbitos permanentes de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integra organismos del sistema de inteligencia, fuerzas armadas y fuerzas de seguridad federales, y la Unidad de Información Financiera; y la Comunidad Informativa Nacional, que incluye organismos del sector público que generan información relevante para la inteligencia estratégica, como Migraciones, Renaper, Aduana y Cancillería. En ambos casos, el intercambio de información debe realizarse mediante procedimientos formales con registro y trazabilidad, garantizando un flujo ordenado y verificable. La reforma también fortalece los mecanismos de control interno mediante la creación de la Inspectoría General de Inteligencia, encargada de auditoría, inspección y control de legalidad, desempeño y uso de recursos. Se incorporan definiciones más precisas sobre tareas autorizadas y prohibiciones para el personal de inteligencia, brindando mayor seguridad jurídica y delimitando claramente las acciones permitidas y vedadas. En cuanto a la conducción, los titulares de organismos desconcentrados de la SIDE serán designados por el secretario de Inteligencia, mientras que el Inspector General seguirá siendo nombrado por el Poder Ejecutivo, en función de su rol de control. En conjunto, la reforma busca normalizar un sistema históricamente fragmentado, clarificar funciones, eliminar superposiciones y fortalecer la integración del sistema de inteligencia con el resto del Estado. La norma entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será analizada por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, conforme al procedimiento previsto para decretos de necesidad y urgencia. Desde el Gobierno aseguran que la reforma pretende dotar al Estado de un sistema de inteligencia más integrado, especializado y previsible, capaz de producir información estratégica útil para la toma de decisiones en un contexto regional e internacional cada vez más complejo.
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