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» Clarin
Fecha: 03/01/2026 18:40
Las tensiones entre la oposición política aumentan tras el DNU firmado por Javier Milei que reforma la Ley de Inteligencia otorgándole mayor poder a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Y desde el peronismo presionan al PRO y a la UCR para que acompañen la derogación del decreto mientras se define una estrategia para bloquear la movida del Gobierno. Desde el oficialismo bajaron la posibilidad de adelantar la convocatoria a sesiones extraordinarias y se mantiene, al menos por ahora, la idea de arrancar con la actividad en los primeros días de febrero concentrados en la reforma laboral y el nuevo Código Penal. La oposición presiona, en principio, para que Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Victoria Villarruel, titular del Senado, convoquen para la conformación de las comisiones bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo para analizar el alcance del decreto presidencial. Por ahora, ni el riojano, ni la vicepresidenta, dieron muestra de atender el pedido de la oposición que se mantiene en pie de guerra amparado en un antecedente de 2010 cuando Cristina Kirchner echó por DNU a Martín Redrado de la presidencia del Banco CCentral por negarse a habilitar fondos para el pago de la deuda. En esa oportunidad, la comisión de DNU analizó el decreto pero como no hubo acuerdo finalmente quedó vigente. Frente a este escenario, el peronismo comenzó a presionar al PRO y a la UCR a través de las redes sociales. Todo se inició a partir de un mensaje impulsado por el socialista Esteban Paulón, quien hizo un llamado a formar "un amplio cordón democrático" contra la intención del Gobierno de modificar la Ley de Inteligencia. Rápido de reflejos, Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria en Diputados, apuntó que "el cordón democrático se corta en el PRO y la UCR". "Vienen votando todo con LLA hace 2 años, salvo situaciones muy puntuales. Son 12 diputados del PRO y 6 radicales. Depende de ellos", dejó el mensaje. Lo cierto es que hasta ahora, el bloque que comanda Cristian Ritondo dio un apoyo laxo a la reforma del Gobierno. En un comunicado dijo que un equipo de expertos analizó el DNU y si bien evaluó que la temática abordada es central para la seguridad se continuará analizando la normativa complementaria y los protocolos que el Poder Ejecutivo dicte en los próximos días. En tanto, la bancada radical, que encabeza la mendocina Pamela Verasay, se mostró cautelosa y no hizo pública ninguna declaración también a la espera de lo que concluyan los asesores del análisis del decreto presidencial. Por lo pronto, el peronismo, el interbloque Unidos y la izquierda no sólo reclamaron la conformación urgente de las comisiones de DNU y de Inteligencia sino que, además, vienen fogoneando una sesión para febrero con la intención de rechazar el decreto presidencial. De acuerdo a lo establecido por la Constitución, el Gobierno tiene 10 días hábiles para remitir al Congreso el decreto que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial. Mientras que la ley 26.122, que regula el trámite de los decretos, fija que la bicameral de Trámite Legislativo cuenta con otros 10 días hábiles para la consideración de los decretos. Cumplido ese plazo y si la comisión no eleva el dictamen, ambas cámaras quedarán habilitadas para el tratamiento del decreto en el recinto con la posibilidad de aprobarlo con el apoyo de una de las dos cámaras. Para rechazarlo es necesario contar con el respaldo del Senado y Diputados con la mayoría simple de los presentes. Sin embargo, eso no será sencillo para la oposición porque desde el oficialismo están confiados en que no reunirán el quórum para ir en contra de la reforma del Gobierno. Y en rigor, entre las tres fuerzas opositoras más la cordobesa Natalia De la Sota, que se expresó en contra de las reforma, llegarían a los 120 diputados, aún estarían a 9 de alcanzar el quórum para sesionar. Tampoco parece tan asegurado el número de adhesiones para el oficialismo porque entre La Libertad Avanza y el conglomerado PRO-UCR estarían en los 117 legisladores. Tal vez puedan sumar a los 7 de Innovación Federal, los 3 tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo y los 3 de Catamarca que están alineados a Raúl Jalil, y así tendría los votos. Pero también es cierto que el Gobierno estará obligado a volver a negociar con los gobernadores si aspira a mantener el DNU que le dio más poder a la SIDE. Sobre la firma Newsletter Clarín
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