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Parana » Informe Digital
Fecha: 03/01/2026 08:59
Hay delitos que no solo infringen la ley; hay prácticas que socavan algo más profundo: el mínimo pacto que sostiene a una sociedad. El desvío de alimentos destinados a los sectores más vulnerables no es una mera irregularidad administrativa ni un tropiezo en la gestión; es una fractura moral. En Entre Ríos, una investigación judicial en curso empezó a desenmascarar una operatoria que convierte el hambre en mercancía y la política social en un instrumento de apropiación indebida. La causa, impulsada por la Fiscalía a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrul, derivó en una serie de allanamientos simultáneos que revelaron una estructura organizada para la descarga, el acopio y el uso irregular de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Los hechos investigados ocurrieron en diciembre de 2025, pero sus consecuencias políticas, institucionales y éticas recién empiezan a desplegarse. No se trató de un hallazgo casual ni de un episodio aislado. Los procedimientos alcanzaron al menos tres inmuebles con un cuarto punto ya identificado y permitieron secuestrar una importante cantidad de alimentos, teléfonos celulares y anotaciones que ahora forman parte del cuerpo probatorio. La simultaneidad de las medidas y la diversidad de los lugares allanados dan una primera certeza: la operatoria exigía logística, coordinación y capacidad de acopio. Nada de eso es fruto del azar. Una red que no improvisa Los allanamientos se llevaron a cabo en la ciudad de Paraná e incluyeron una propiedad en inmediaciones del numeral 2300 de calle Facundo; otra en la intersección de Virgen de Luján y Los Talas; y un tercer domicilio en Ceferino Namuncurá y Cortada 620. En todos los casos, los resultados favorecieron la investigación: se secuestraron alimentos pertenecientes al Estado provincial y material de interés para la causa. La lista de productos incautados no deja lugar a dudas sobre su origen ni su destino original: leche en polvo, aceite, harina, fideos, polenta, cacao, mermelada, dulce de leche, lentejas, arroz, yerba, puré de tomate, azúcar y galletitas. Es decir, el núcleo esencial de la asistencia alimentaria básica: aquello que, por diseño de la política pública, debería garantizar la subsistencia mínima de quienes más lo necesitan. En este caso, sin embargo, fue manipulado para el usufructo de funcionarios provinciales y, en algunos casos, de empleados contratados por el oficialismo en la Cámara de Diputados. Entre los allanados fueron identificados Gabriel Jeremías Duré, una persona de apellido Larrea y Plácido Jesús Ledesma, entre otros. El grado de responsabilidad de cada uno será determinado por la Justicia, pero su aparición en el expediente confirma que la operatoria tenía actores concretos y roles definidos. Esos nombres ya inquietan a varios altos funcionarios tanto en la administración provincial como en la Legislatura. El eslabón político y el video que incomoda La investigación incorporó un elemento de alto impacto institucional: una denuncia acompañada por un video que muestra cómo un camión identificado con el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos descarga mercadería en un local vinculado a la Fundación Hacemos Argentina. La escena, filmada a plena luz del día, exhibe una naturalidad inquietante: no hay ocultamiento ni apuro, no parece existir temor al control. La fundación mencionada es impulsada por el actual secretario de Modernización, Emanuel Gainza. Este dato no implica, por sí mismo, una responsabilidad penal automática, pero suma una dimensión política inevitable. Cuando recursos públicos aparecen asociados a estructuras vinculadas al oficialismo, la cuestión deja de ser solo judicial y se vuelve institucional. El lema de la fundación (Somos lo que hacemos) adquiere aquí una resonancia incómoda. Lo que se investiga no es un error administrativo ni una falla logística, sino la posible apropiación de bienes públicos destinados a la emergencia social para fines ajenos a esa finalidad. Seguramente aparecerán excusas el yo no sabía, el se hizo a mis espaldas, pero el daño ya se ha consumado, no solo contra quienes menos tienen sino contra el conjunto de la sociedad. Una política de transparencia bajo tensión El Ministerio de Desarrollo Humano, conducido por Verónica Berisso, queda inevitablemente bajo escrutinio. No porque el expediente le impute en esta etapa una responsabilidad directa, sino porque los hechos ponen en jaque los mecanismos de control, trazabilidad y supervisión de una de las áreas más sensibles del Estado. La pregunta que subyace es tan simple como inquietante: ¿cómo puede mercadería oficial ser desviada, transportada y descargada en distintos puntos sin que se activen alertas internas? La magnitud de la operatoria sugiere fallas sistémicas que exceden a individuos aislados y obligan a revisar los circuitos completos de la política alimentaria. En otras palabras: sin cobertura política, estas maniobras habrían sido imposibles de ejecutar. La confianza social en los programas de asistencia no se construye solo con discursos o consignas sobre transparencia; se sostiene, sobre todo, con controles eficaces y con la certeza de que cada bolsa de alimentos llega a su destino. Cuando esa confianza se quiebra, el daño es profundo y duradero. Logística, acopio e impunidad Uno de los aspectos más relevantes del caso es el patrón que emerge. La investigación no describe un hecho puntual, sino una dinámica reiterada: uso de camiones oficiales, descargas en distintos locales, acopio de mercadería y una operatoria que, según surge del expediente, se realizaba sin mayores recaudos. La sensación de impunidad es un dato clave. Las maniobras se habrían llevado a cabo a la vista de todos, con vehículos identificados, bajo la presunción de que nadie preguntaría ni intervendría. Ese clima de normalidad es, en sí mismo, un síntoma alarmante: revela una naturalización de prácticas que deberían activar de inmediato los resortes del control estatal. La causa también investiga si parte de la mercadería fue comercializada o usada como moneda de intercambio. Ese extremo aún debe probarse en sede judicial, por lo que corresponde mantener prudencia. Pero incluso sin confirmar esas hipótesis, el solo hecho del desvío ya configura una violación grave del interés público. El impacto en los más vulnerables Detrás de cada paquete de fideos secuestrado hay una ausencia concreta: una familia que no recibió ese alimento. El desvío de mercadería no es una abstracción contable; es una sustracción directa de derechos básicos. En una provincia donde la asistencia alimentaria es, para muchos, la última red de contención, estas prácticas adquieren una gravedad extrema. Por eso el reproche no es solo jurídico: es ético. Hacer política o negocios con el hambre implica cruzar un límite elemental. Utilizar la necesidad ajena como recurso propio, aprovechar la pobreza para fines espurios, no es otra cosa que degradar el sentido mismo de la función pública. Una prueba para la democracia provincial Este caso representa una prueba para las instituciones entrerrianas. La Justicia tiene la responsabilidad de avanzar hasta las últimas consecuencias, sin excepciones ni atajos. Los bloques legislativos deben, al menos, pedir interpelaciones y colaborar con la investigación. El Poder Ejecutivo debe revisar sus mecanismos de control y asumir el costo político de las fallas. Y el sistema político en su conjunto está obligado a tomar nota. La corrupción en políticas sociales no solo desvía recursos: erosiona la legitimidad del Estado. Cuando los alimentos destinados a los más desposeídos se convierten en botín, lo que está en juego es la credibilidad de la democracia misma. No hay anestesia posible para decirlo: aprovecharse del hambre de quienes menos tienen es una de las formas más crueles de corrupción. No admite relativizaciones ni excusas. La sociedad entrerriana merece conocer la verdad, y los responsables sean quienes sean deben rendir cuentas. Porque donde el hambre se transforma en negocio, la política deja de ser herramienta de transformación y se convierte en su caricatura más oscura.
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