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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 02/01/2026 22:36
Mediante un decreto de necesidad y urgencia publicado en el primer día hábil de 2026, el Gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma estructural del sistema de inteligencia argentino. La medida, que ya había trascendido públicamente el 1° de enero, quedó formalizada a través del DNU 941/2025, fechado el 31 de diciembre de 2025 pero publicado este viernes en el Boletín Oficial. A través de esta norma, el Poder Ejecutivo modificó de manera sustancial la Ley de Inteligencia Nacional N.º 25.520, redefinió competencias, creó nuevos organismos, disolvió otros y concentró la conducción política, operativa y presupuestaria en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que pasa a ser el órgano rector del sistema. El decreto, firmado en acuerdo general de ministros, se apoya en un extenso considerando que justifica la urgencia en la necesidad de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional, evitar superposiciones, mejorar la coordinación interagencial y responder a amenazas complejas, tanto internas como externas, en un contexto marcado por el terrorismo internacional, el crimen organizado y los conflictos multidimensionales. Inteligencia encubierta como regla Uno de los puntos más sensibles es la incorporación del artículo 2° bis, que establece que todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto. La norma no distingue entre tipos de tareas ni niveles de intervención y fija como principio general el carácter secreto de toda actividad de inteligencia. El DNU también define por primera vez la investigación de inteligencia, entendida como el conjunto de tareas destinadas a identificar acciones y actores de interés para la Inteligencia Nacional. En paralelo, se redefine de manera amplia la contrainteligencia. El nuevo artículo 2° quater incluye la prevención de espionaje, sabotaje, infiltración, fuga de información, injerencia e influencia externa sobre autoridades constitucionales, intereses estratégicos y la población en general. Además, se introducen las Medidas de Seguridad de Contrainteligencia, de aplicación obligatoria en todo el Sector Público Nacional, cuya responsabilidad recae en los titulares de cada organismo estatal. Así, la contrainteligencia deja de ser una tarea exclusiva del sistema y se transforma en una obligación transversal de la administración pública. Cambios en la estructura del sistema El DNU modifica profundamente la arquitectura institucional. La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con la misión de producir inteligencia dentro del territorio argentino y analizar amenazas a la seguridad nacional con enfoque preventivo. La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) cambia su nombre a Agencia Federal de Ciberinteligencia, concentrándose exclusivamente en la producción de inteligencia en el ciberespacio y el espectro radioeléctrico. Las funciones defensivas de ciberseguridad pasan a un nuevo organismo específico. También se reemplaza la División de Asuntos Internos (DAI) por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que asume tareas de auditoría, control del desempeño, evaluación de eficacia y supervisión del uso de recursos en todo el Sistema de Inteligencia Nacional. En el área de Defensa, el decreto dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, al considerar que existía una superposición de funciones con la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO). Desde ahora, esta última será el único organismo encargado de producir Inteligencia Estratégica Militar. SIDE, eje absoluto del sistema La reforma refuerza de manera explícita el poder de la SIDE, que queda consagrada como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional. Entre sus nuevas facultades se incluyen la conducción del esfuerzo de inteligencia y contrainteligencia, la planificación del ciclo de producción, la coordinación con organismos extranjeros, el requerimiento de información a todo el Sector Público Nacional y la cooperación con provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En materia presupuestaria, la SIDE pasa a aprobar y controlar los presupuestos de casi todos los organismos del sistema, incluidos los gastos reservados, y deberá elaborar el Informe Anual de Actividades de Inteligencia para la Comisión Bicameral del Congreso. El DNU también crea dos ámbitos formales de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN). La CITN integrará a todos los organismos de inteligencia, fuerzas armadas y de seguridad, la UIF y otros entes que defina el Ejecutivo, bajo la conducción de la SIDE. La CIFN reunirá a ministerios y organismos civiles como Cancillería, Migraciones, Renaper, Aduana y organismos estratégicos para aportar información relevante, con la aclaración expresa de que no podrá utilizarse para producir inteligencia sobre personas por motivos ideológicos, políticos o por actividades lícitas. Facultades operativas y ciberseguridad Otro artículo controvertido es el 10 nonies, que habilita a los órganos de inteligencia a proporcionar su propia seguridad, repeler agresiones y proceder a la aprehensión de personas en casos de flagrancia, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas competentes. En paralelo, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que será la autoridad nacional en ciberseguridad. Tendrá a su cargo la protección del ciberespacio de interés nacional, la coordinación del CERT.AR, la definición de infraestructuras críticas y la respuesta a incidentes informáticos, con presupuesto y régimen salarial propio. Como todo DNU, la norma deberá ser analizada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y tratada por ambas cámaras. El Gobierno justificó su dictado en la urgencia de actuar frente a amenazas estratégicas y en la imposibilidad de esperar el trámite legislativo ordinario. Por su alcance y profundidad, la reforma anticipa un intenso debate político e institucional, especialmente por la centralización del poder en la SIDE, el carácter encubierto generalizado de la inteligencia y las nuevas facultades operativas otorgadas al sistema.
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