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Parana » Reporte1007
Fecha: 02/01/2026 11:42
La ley fija un resultado financiero positivo, prioriza el equilibrio fiscal, establece topes estrictos para cargos y horas cátedra, redefine el financiamiento educativo y científico, autoriza nuevas operaciones de deuda y consolida amplias facultades para el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía. El Gobierno nacional promulgó este viernes en el Boletín Oficial la ley 27.798, que aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, con un eje central puesto en el equilibrio fiscal y el superávit financiero. La norma, sancionada el 26 de diciembre pasado, establece que el presupuesto deberá cerrar el año con un resultado financiero equilibrado o superavitario, y proyecta un superávit de $2,73 billones para el Sector Público Nacional. El total de gastos corrientes y de capital asciende a $148,06 billones, mientras que los recursos previstos alcanzan los $148,29 billones. Prioridades del gasto Del total del gasto, la mayor partida se destina a Servicios Sociales, con $106,5 billones, seguida por Deuda Pública ($14,1 billones), Servicios Económicos ($11,45 billones), Administración Gubernamental ($8,85 billones) y Defensa y Seguridad ($7,11 billones). La ley también fija un resultado financiero superavitario adicional de $226.469 millones, detallando fuentes de financiamiento y aplicaciones financieras, con fuerte peso del endeudamiento público y la amortización de deuda. Control del empleo público y facultades ampliadas Uno de los puntos centrales del texto es el endurecimiento de las reglas sobre el empleo público. Se fija un tope de cargos y horas de cátedra para toda la Administración Pública Nacional y se prohíbe cubrir vacantes sin autorización expresa del Jefe de Gabinete de Ministros, con excepciones puntuales para áreas sensibles como Salud, Defensa, Seguridad, guardaparques y organismos específicos. Además, las jurisdicciones deberán remitir información detallada sobre dotaciones y contrataciones a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que estará obligada a publicarla en formato abierto. Universidades, educación y ciencia El presupuesto asigna $4,78 billones para financiar a las universidades nacionales, que deberán rendir información ante la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, bajo apercibimiento de suspensión de transferencias. En paralelo, la ley deroga artículos clave de las leyes de Educación, Ciencia y Tecnología, incluyendo disposiciones de financiamiento educativo y del sistema científico, a partir del ejercicio 2026. Deuda, organismos internacionales y avales El texto autoriza amplias operaciones de crédito público, con posibilidad de emitir deuda bajo jurisdicción extranjera hasta un 18% del total, y habilita al Ministerio de Economía a realizar operaciones de administración de pasivos sin las restricciones habituales. También se aprueban aportes y aumentos de capital a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el FONPLATA, la Asociación Internacional de Fomento (Banco Mundial) y el Fondo Multilateral de Inversiones IV (FOMIN IV), con pagos a cargo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Tesoro Nacional. Jubilaciones, pensiones y fondos específicos El Presupuesto 2026 destina más de $212.000 millones al pago de deudas previsionales del SIPA, administrado por ANSES, y otros $367.000 millones para retroactivos de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Además, prorroga por diez años las pensiones graciables, pero incorpora condiciones patrimoniales y de ingresos más estrictas para su mantenimiento. Exenciones y beneficios sectoriales La ley incluye exenciones impositivas a importaciones estratégicas, como bienes de capital para empresas tecnológicas estatales (INVAP, VENG y DIOXITEC), vacunas y medicamentos importados por el Ministerio de Salud, y define cupos fiscales para economía del conocimiento, biotecnología, industria automotriz y capacitación laboral. Con este esquema, el Presupuesto 2026 consolida la orientación fiscal del Gobierno, con superávit como objetivo central, mayor discrecionalidad en la administración de partidas y un marco más restrictivo para el gasto público, el empleo estatal y el financiamiento educativo y científico. Fuente: Ámbito
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