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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 02/01/2026 11:18
La Comisión de Acusación notificó a la magistrada federal de San Isidro por su actuación en la detención de militantes peronistas acusados de delitos federales tras una protesta frente al domicilio del diputado José Luis Espert. El caso analiza posibles abusos de autoridad y falta de proporcionalidad en las medidas ordenadas. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura notificó a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sobre la apertura de un expediente en su contra por presunto mal desempeño y abuso de autoridad, a raíz de su intervención en la detención de un grupo de militantes peronistas que participaron de una protesta frente al domicilio del diputado nacional José Luis Espert. La decisión fue adoptada a mediados de diciembre y formalmente comunicada el 22 de ese mes, en cumplimiento del artículo 11 del reglamento del organismo, que otorga a la magistrada un plazo de veinte días para ejercer su defensa por escrito, designar abogado y ofrecer pruebas. La investigación se originó a partir de denuncias presentadas por la diputada nacional Vanesa Siley y el senador Mariano Recalde, quienes cuestionaron la calificación legal y los procedimientos dispuestos por Arroyo Salgado en el marco de una causa que involucró la detención e incomunicación de militantes acusados de delitos federales por colgar un pasacalle y arrojar excremento en la vereda de la vivienda de Espert, en señal de protesta política. Rechazo a la desestimación y avance de la investigación Durante el tratamiento del caso, la exconsejera radical Roxana Reyes solicitó la desestimación de la denuncia, planteo que fue rechazado por mayoría. Votaron a favor de continuar con la investigación los consejeros Luis Juez, César Grau, Álvaro González, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, quienes además dispusieron nuevas medidas de prueba. El consejero Alberto Maques se abstuvo. La Comisión de Acusación es el órgano encargado de evaluar denuncias contra jueces y juezas federales y puede recomendar, de considerarlo pertinente, la apertura de un proceso de juicio político. Detenciones y denuncias por irregularidades Las actuaciones cuestionadas incluyeron la detención de Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, y de Eva Mieri, concejala de Quilmes. Ambas permanecieron privadas de su libertad durante varios días en un penal federal, sin que se hubiera dictado prisión preventiva, y fueron excarceladas posteriormente por orden de la Cámara Federal de San Martín. Según lo expuesto ante el Consejo de la Magistratura, las detenidas denunciaron extensos períodos de incomunicación, traslados bajo condiciones vejatorias y malos tratos. En el caso de Abaigar, su defensa y familiares informaron a la jueza que la mujer padece una enfermedad autoinmune grave, con antecedentes quirúrgicos recientes, y que requería medicación y una alimentación específica, condiciones que según señalaron no estaban garantizadas en el lugar de detención. De acuerdo con reconstrucciones periodísticas, Abaigar relató que durante los traslados fue obligada a desnudarse en reiteradas oportunidades ante personal masculino y que se intentó registrar su imagen con fines mediáticos. Mieri, por su parte, denunció situaciones similares y describió un operativo de detención que consideró desproporcionado, así como allanamientos en domicilios de familiares. Acceso a información y exposición pública Otro de los puntos incluidos en la denuncia refiere a la difusión pública del caso por parte de dirigentes políticos. Según los denunciantes, tanto Espert como la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, divulgaron detalles de la causa mientras el expediente se encontraba bajo secreto de sumario, circunstancia que, de confirmarse, podría implicar una irregularidad. Los legisladores denunciantes también pusieron en cuestión la competencia federal del caso y sostuvieron que los hechos investigados, en caso de corresponder, encuadrarían en una contravención y no en delitos federales complejos como asociación ilícita, amenazas coactivas o incitación al odio. Nuevas declaraciones y pasos a seguir Entre las medidas dispuestas por la Comisión de Acusación se encuentra la citación a declarar del procurador penitenciario adjunto, Ariel Cejas Miliare, y de la directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, quienes intervinieron ante el tribunal de alzada en representación de las personas detenidas. El expediente continuará su trámite en el ámbito del Consejo de la Magistratura, que deberá determinar si existieron irregularidades en el accionar de la jueza y si corresponde avanzar hacia una eventual acusación formal. #Confirmado
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