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Concordia » Realnoticias
Fecha: 02/01/2026 10:58
La normativa establece una actualización de las retribuciones para los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, así como para las autoridades superiores comprendidas en distintos regímenes vigentes y funcionarios con rango equivalente. Sin embargo, el decreto no detalla los montos que comenzarán a percibir los altos cargos, cuyos salarios permanecían congelados desde diciembre de 2023. El texto aclara que el incremento no será retroactivo y que no alcanzará al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes continuarán percibiendo las mismas remuneraciones. Además, se incorporó una cláusula que dispone el congelamiento automático de los salarios en caso de que la Administración Pública Nacional registre un déficit fiscal financiero acumulado. Según el decreto, esta condición tiene como objetivo reafirmar la importancia del superávit fiscal y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. En los considerandos, el Gobierno sostuvo que resulta necesario contar con un esquema salarial adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas por las autoridades superiores del Estado. Estrategia a largo plazo El Ejecutivo argumentó que el ordenamiento de las remuneraciones se inscribe en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público y forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a la construcción de un Estado eficiente y profesional, con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas. Según publicó Clarín, la normativa señaló que esta medida debe entenderse como parte de un proceso más amplio de transformación del empleo público, destinado a superar un esquema desarticulado, poco transparente y sin incentivos adecuados. En la actualidad, el salario del Presidente asciende a $4.066.018, el de la Vicepresidenta a $3.764.820 y el de los ministros a $3.584.006. Los secretarios perciben $3.282.709, mientras que los subsecretarios cobran $2.981.510. En paralelo, el decreto instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a coordinar la implementación de un nuevo sistema de empleo público basado en el mérito y la evaluación periódica del desempeño, con el objetivo de garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y profesionalización de la administración pública.
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