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Parana » Informe Digital
Fecha: 02/01/2026 09:48
Jorge Rafael Videla solía definir a la última dictadura como, en última instancia, una guerra de inteligencia. La frase del dictador deja en claro el papel central que tuvo el aparato de espionaje para fijar quiénes serían los blancos de la represión y cuál sería su destino. La labor de inteligencia se alimentaba, a su vez, de lo que ocurría en los campos de concentración. Con el paso de las décadas, la aparición de algunos archivos demostró que existían registros sobre las víctimas del terrorismo de Estado, aunque se presume que muchos permanecen todavía en manos de los perpetradores y no fueron hallados por distintos gobiernos democráticos. Ahora, a poco de cumplirse 50 años del golpe, una serie de presentaciones del abogado Pablo Llonto reactiva en la justicia federal la búsqueda de los documentos que estuvieron en poder de las Fuerzas Armadas. Con el fin de determinar el destino de cada víctima (desaparecido o asesinado por los grupos de tareas de la Fuerza Aérea y/o por el accionar de otras fuerzas) es necesario que el Juzgado determine qué ocurrió con la importante cantidad de material documental que durante el período 1976-1983 la inteligencia de la Fuerza Aérea recopiló de propia mano y que obtuvo gracias a la tortura llevada adelante por los integrantes de los grupos de tareas, por la infiltración o por el seguimiento, de distintas maneras, de militantes, familiares y toda aquella persona a quienes consideraban enemiga o sospechosa. Solo el hallazgo de esos documentos podrá ayudar a la definitiva determinación del lugar de cautiverio de cada secuestrado, el destino final de cada secuestrado, los datos de los integrantes (militares, policiales y civiles) de los grupos de tareas y sus responsables jerárquicos en la Fuerza Aérea, dice la presentación a la que tuvo acceso Página/12 y que fue radicada antes del inicio de la feria. Llonto ya formuló en distintas instancias pedidos para investigar qué ocurrió con los archivos de la Armada y, sobre todo, del Ejército por su rol coordinador en la represión, que podrían contener respuestas largamente esperadas por los familiares de los detenidos-desaparecidos. En los meses finales de la dictadura, el régimen se dedicó a borrar los rastros de sus crímenes. En octubre de 1983, el dictador Reynaldo Benito Bignone firmó el decreto 2726/83, que daba de baja las constancias de antecedentes de personas que habían estado privadas de su libertad: un eufemismo para garantizar la destrucción de documentación. En noviembre de ese año, Cristino Nicolaides, en su carácter de comandante del Ejército, ordenó incinerar todos los archivos. No obstante, diversos testimonios sostienen que esa información había sido microfilmada. Además, hay indicios de que algunos papeles permanecieron en poder de las fuerzas o de algunos de sus integrantes incluso ya entrada la democracia. Orestes Vaello, suboficial del Ejército que prestó funciones en el Batallón de Inteligencia 601, declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) aportando papeles que ordenaban los secuestros de determinados blancos, que no eran más que los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices. Las órdenes, originadas en el propio Batallón 601 y remitidas al servicio de inteligencia de la policía bonaerense, consignaban que el grado de peligrosidad era mínimo. Los documentos aportados por Vaello permitieron probar tempranamente que el Batallón 601 funcionó como el cerebro de la represión, generando impulsos sobre otros cuerpos encargados de ejecutar sus directivas. En el Batallón actuaron distintos grupos de tareas focalizados en la persecución de diversos sectores militantes. La propia Conadep consignó en su informe Nunca Más que el Batallón de Inteligencia contaba con una sección llamada Registro y Archivo. Llonto afirma que los archivos de inteligencia del Ejército podrían haber sido ocultados o sustraídos. Cita, por ejemplo, lo declarado por Stella Segado exdirectora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa en el juicio por los secuestros y desapariciones de integrantes de Montoneros que participaron de la Contraofensiva. Segado relató que, en los años 90, se incendió de forma curiosa parte del séptimo piso del Edificio Libertador, después de que un juez ordenara preservar el lugar ante la hipótesis de que allí existieran archivos de la represión. En ese séptimo piso funcionaba la inteligencia del Ejército. Un expersonal civil de inteligencia (PCI) declaró en el juzgado federal de San Martín que en el séptimo piso también había información sobre organismos de derechos humanos que denunciaban los crímenes de la dictadura. Vi que tenían datos de las Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini; de los del CELS, dijo. En 1997 se difundieron los interrogatorios a los que fue sometido Rafael Perrotta, exdirector de El Cronista Comercial secuestrado veinte años antes. María Seoane escribió que en torno a ese hallazgo giraba la figura de Juan Bautista Tata Yofre jefe de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem y actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Yofre declaró como testigo en el juicio por el secuestro de Perrotta y, al ser consultado sobre cómo accedió a los archivos que nutrieron muchos de sus libros considerados fuentes fundamentales por el actual Gobierno para entender lo sucedido en los años 70 respondió: Caminando la calle, no hay un lugar. Cada persona que ha pasado por la administración pública en algún momento de la vida se lleva un retazo a su casa. La primera denuncia que presentó Llonto en esta línea buscaba determinar qué había ocurrido con los archivos de la Armada. El abogado demostró que, ya en democracia, la Marina contaba con información sobre víctimas que habían pasado por el centro clandestino de detención de la Armada (ESMA) y la remitió al juzgado que investigaba el secuestro de Heinrich Metz, ejecutivo de MercedesBenz, ocurrido en 1975. El 18 de agosto de 1986, el vicealmirante Ramón Arosa jefe del Estado Mayor de la Armada envió la documentación con sello de secreto al juzgado federal de San Isidro. Algunas fichas muestran que los seguimientos a sobrevivientes de la ESMA persistieron en democracia: en el caso de una ex detenida-desaparecida se consignó en 1985 que estaba en el país. Llonto también aportó material gráfico: una foto tomada por Enrique Shore durante el recorrido de la Conadep por la ESMA, en la que se advierte la existencia de un archivo dentro del predio del campo de concentración. Tras esa presentación, el juez Sergio Torres, entonces a cargo de la megacausa ESMA, abrió un legajo reservado para investigar la cuestión. En la práctica, la pesquisa quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano, que no evidenció gran impulso en la investigación. Desde el Juzgado Federal 12 se consultó al Ministerio de Defensa si los equipos de relevamiento y análisis documental (ERyA), creados en 2010 para colaborar con causas por delitos de lesa humanidad, habían podido acceder a archivos como los que Arosa remitió en 1986. La consulta se formuló durante el gobierno de Mauricio Macri. Los integrantes de los ERyA revisaron el Archivo General de la Armada (AGA), en la calle Bolívar al 1600: un depósito de cuatro pisos donde se guarda información de la fuerza. En ese operativo detectaron un cuarto con documentación secreta enviada desde distintas unidades de la Armada que, según indicios, contenía material sobre la dictadura. No había inventario ni bases de datos, por lo que relevaron más de 600 cajas. En ese trabajo no aparecieron fichas de antecedentes de civiles como las enviadas por Arosa. A partir de ese relevamiento, los ERyA informaron al juzgado que no habían tenido acceso a archivos en poder del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), del Comando de Operaciones Navales ni de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Armada. Los ERyA se ocupaban de la documentación burocrática en manos de las Fuerzas Armadas, como legajos o libros de unidades militares. Desde su creación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aportaron a más de 100 causas. En marzo de 2024, Luis Petri decidió eliminarlos con el argumento de que carpeteaban a los militares. Pese al pedido de 36 fiscales para que revirtiera la medida, el entonces ministro de Defensa mantuvo su decisión. En realidad, la eliminación de ese tipo de equipos había sido precedida por la gestión de Patricia Bullrich durante el gobierno de Cambiemos, que suprimió un grupo de relevamiento creado por impulso de Nilda Garré. Ese equipo había aportado información clave sobre policías que participaron en operativos o se infiltraron para provocar detenciones, y también remitió archivos de la Prefectura que ayudaron a probar los vuelos de la muerte. Durante la intervención de Cristina Caamaño en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se lanzó un programa de relevamiento de los archivos de la SIDE. Caamaño y sus sucesores, Agustín Rossi y Ana Clara Alberdi, remitieron a la justicia documentación valiosa derivada del análisis de organigramas, legajos y sumarios, que daba cuenta del accionar de la SIDE durante la dictadura. El 24 de marzo pasado, Manuel Adorni anunció que, por decisión de Javier Milei, se desclasificaría la documentación en poder de la SIDE. Desde entonces, no se supo nada más.
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