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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 02/01/2026 08:40
Días atrás se leyó el adelanto de veredicto del juez Arturo Dumón sobre una causa que se originó en marzo, con un megaoperativo de Gendarmería Nacional que involucró varios allanamientos en los barrios de la zona oeste de la ciudad. El magistrado declaró la invalidez del allanamiento, registro domiciliario y secuestro de efectos llevado a cabo el 19 de marzo, debiendo reenviarse la causa a la Fiscalía a fin de que, en su caso, retome la investigación a partir de aquellos actos no alcanzados por la invalidación que se declara en esta sentencia. En marzo, y como conclusión de una investigación que había arrancado en enero, se realizaron ocho allanamientos en el marco del operativo Saturación, en los barrios 338, 348 y 140 viviendas. Todos los procedimientos tuvieron como finalidad desarticular posibles puntos de venta de estupefacientes al menudeo, y en dos de los lugares allanados se tuvieron los resultados esperados. En uno de los domicilios se detuvo a una mujer de 28 años, mientras que en otro de los allanamientos secuestraron cocaína en cebollines listos para la comercialización, y se detuvo a un hombre de 53 años. Ambos fueron llevados a juicio y a fin de la primera quincena de diciembre se escucharon los alegatos de clausura y el pedido de prisión efectiva de 5 años de cárcel. La sorpresa llego el viernes 19, cuando el juez Arturo Dumón decidió dar curso a lo esbozado por la defensa sobre la legalidad que tuvieron los allanamientos desplegados en marzo. En ese adelanto de veredicto se enumeraron una serie de irregularidades que sustentan la decisión de invalidar la imputación y que todo vuelva a un principio, sin que los involucrados pierdan su condición de sospechosos. Resumidamente, Dumón detalló que hubo falta de autoridad competente a cargo del allanamiento y su ejecución estuvo a cargo de personal no autorizado en la orden judicial. Además, hubo una ausencia total en el control del procedimiento, violación de garantías constitucionales sobre la imputada, detención y lectura de derechos tardía, y por sobre todo la obtención del celular sin consentimiento válido y una presión psicológica ilegítima para acceder al contenido del aparato. Estas fueron consideradas nulidades graves, insanables y extensivas a los actos posteriores, que alcanzaron a toda la prueba derivada. Es decir, todo lo que aconteció desde el allanamiento hacia adelante se invalida, pero se mantiene en pie la investigación inicial que realizó Gendarmería Nacional. En cuanto a los involucrados, mantienen su condición de sospechosos, pero ya no están imputados. Y si bien esta sentencia no se encuentra firme y puede ser apelada, en caso de que adquiera firmeza, la Fiscalía deberá buscar fuentes alternativas de pruebas a partir de la investigación inicial de Gendarmería para poder llevar a juicio a los sospechosos.
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