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Parana » El Diario
Fecha: 02/01/2026 00:15
La organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó el 18 de diciembre que 91 presos políticos en Venezuela padecen enfermedades graves. El deterioro físico progresivo que enfrentan no es un efecto colateral, sino una forma de violencia estructural. La negación sistemática de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a condiciones insalubres constituyen una violación directa al derecho a la vida y a la integridad personal, denunció la ONG en su cuenta de X. JEP también exigió a las autoridades que adopten de manera urgente y efectiva medidas concretas para garantizar la salud y la seguridad de todas las personas detenidas por motivos políticos. Ocho presos políticos con cáncer en estado avanzado Martha Tineo, coordinadora de la ONG, dijo en entrevista con la agencia de noticias EFE que hay al menos ocho casos de cáncer en estado avanzado, con diagnósticos de adenocarcinoma de próstata, cáncer pulmonar microcítico, linfoma no Hodgkin, sarcoma epitelioide, así como tumores pancreáticos y cerebrales. Tineo también informó que JEP ha identificado al menos 20 presos políticos con enfermedades cardíacas, entre ellas síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias severas e hipertensión crónica. Además, la abogada advirtió que otros detenidos padecen enfermedades como diabetes e insuficiencia renal crónica. Algunos presentan daño renal irreversible o infecciones urinarias persistentes, al punto de necesitar de forma permanente sondas urinarias, pero no las reciben o no tienen recursos para adquirirlas, señaló. JEP reportó 1.084 presos políticos en Venezuela En su último reporte, publicado el 18 de diciembre, JEP registró un total de 1.084 detenidos por motivos políticos en Venezuela, de los cuales 185 son mujeres y 899 son hombres. Esta cifra de presos políticos representa un aumento con respecto a los 1.082 registrados en el reporte publicado por la ONG en sus redes sociales el 3 de diciembre. Continúa la ola de detenciones arbitrarias que derivan en desapariciones. Este mecanismo instala un vacío absoluto de garantías al tiempo que instala un régimen de incertidumbre permanente para los familiares, que desconocen el paradero y las condiciones de sus seres queridos, advirtió la ONG en su cuenta de X. En el informe, JEP detalló que entre los detenidos se identificaron los siguientes grupos: -Miembros de la sociedad civil: 561 -Integrantes de organizaciones políticas: 223 -Funcionarios de seguridad del Estado activos: 172 -Exfuncionarios de seguridad del Estado: 35 -Extranjeros: 42 -Periodistas: 20 -Sindicalistas: 19 -Defensores de derechos humanos: 12
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