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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 02/01/2026 00:07
Con las causas por corrupción más sensibles planchadas en la última parte de 2025 y otras con trámite hacia el juicio oral, esta feria judicial de verano asoma más tranquila que la del año pasado, que había tenido el pleito por la prisión preventiva del exgobernador Sergio Urribarri en el centro de la escena, quien terminó liberado en una polémica decisión. Gisela Schumacher y Leonardo Portela son los únicos vocales del Superior Tribunal de Justicia que trabajarán en los primeros días de enero, mientras que los otros jueces que actuarán como vocales en feria ejercen en instancias inferiores. El caso del juicio político a la vocal Susana Medina de Rizzo, que el poder político dejaría caer sin más, generó un gran desgaste al máximo tribunal provincial, y nadie quiere más sobresaltos en este verano que será caliente solo de la puerta de los tribunales hacia afuera. Según el calendario publicado, el primer mes del año quedó dividido en tres periodos con dos jueces en cada uno ocupando las vocalías del máximo tribunal provincial, mientras que Schumacher será la presidenta del órgano durante toda la feria, del 1° al 31 de enero. Portela (presidente saliente del STJ) y Gabriela Teresita Mastaglia (vocal de la Cámara Segunda Civil y Comercial) trabajarán del 1° al 11 de enero. Marcelo Javier Marchesi (igual cargo que la anteror) y Adriana Beatriz Acevedo (vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo) del 12 al 23 de enero. María Gabriela López Arango (vocal de la Cámara Laboral) y Mariano Andrés Ludueño (también de la Cámara Civil y Comercial) del 24 al 31 de enero. Enero de 2025 tuvo jornadas frenéticas donde se trataban los recursos presentados por los abogados defensores de Urribarri, así como de su cuñado Juan Pablo Aguilera y del exministro Pedro Báez, condenados por corrupción, contra la prisión preventiva que había sido dictada por la Cámara de Casación Penal de Paraná, hasta la decisión por mayoría de la Sala Penal en feria que dispuso hacer lugar a la impugnación extraordinaria y revocó aquella decisión por arbitrariedad, con respecto a Urribarri y Aguilera. Portela y Germán Carlomagno votaron a favor ý Miguel Giorgio en contra. Por su parte, Báez permaneció preso hasta febrero, que le dieron la prisión domiciliaria que sigue cumpliendo en su casa quinta de calle Jozami de Paraná. Las cuestiones que el Poder Judicial atiende durante la feria son para casos de urgencia y de imposible reparación posterior, como los recursos de amparo. Incluso tratar la prisión preventiva había sido polémica en aquel momento y se entendió que fue un privilegio. Por ello, en este enero de 2026 no aparecen situaciones como aquellas que pongan nuevamente en vilo al sistema judicial y a las presiones y requerimientos de sectores del poder acusados de corrupción. En tanto, en el Poder Judicial observan con atención y cuentan los pocos días que restan para llegar al final del plazo que tiene la Cámara de Diputados para expedirse respecto a las denuncias y pedidos de juicio político y destitución de Medina de Rizzo (el 5 de enero). La magistrada, que viajó al exterior para pasar las fiestas en familia, no regresará al Palacio de Justicia de calle Laprida 250 al menos hasta los primeros días de febrero, ya que su nombre no aparece en la lista de vocales en feria. Incluso, se mantiene la expectativa ante las versiones de posible inicio del trámite jubilatorio, debido a que gran parte de sus pares no ven con buenos ojos la permanencia de una vocal cuestionada a partir de las investigaciones publicadas en ANÁLISIS (en base a la información oficial proveída por el propio STJ) y las denuncias en la Legislatura, porque entienden que las irregularidades en las que incurrió en los últimos años salpican al resto de las autoridades. Hasta el último día hábil de 2025, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político no había publicado el dictamen que decían que habían firmado, pero luego no se presentó, ni tampoco se citó a una sesión de la Cámara baja para abordar las denuncias. Como ha informado ANÁLISIS, desde el Poder Ejecutivo se instaba a que el dictamen de no acusación a Medina de Rizzo fuera firmado por la oposición, algo que el peronismo rechazó (aunque tampoco se manifestó en sentido contrario). Entonces, la estrategia del oficialismo cambió: que las denuncias de un docente jubilado y de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción contra la vocal por ausencias y viajes disfrazados de capacitación, largas demoras en la resolución de causas de la Sala Laboral, entre otras, terminen en el archivo por vencimiento del plazo de 30 días que establece la ley que regula el juicio político.
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