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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 02/01/2026 00:07
La corrupción en Discapacidad, las contrataciones de seguro de los organismos público, los contratos truchos en la legislatura bonaerense o los negociados con la VTV son claros ejemplo de la trastienda del poder para saquear al Estado. La corrupción tiene múltiples caras, pero los últimos años exhibieron como nunca antes un patrón común. Son casos que entrelazan a funcionarios o gestores desconocidos, burócratas, conocedores de los resortes del aparato estatal, que aceitan contratos y se quedan en el camino con sobornos o porciones del negocio. Pueden ser grandes contratos de un laboratorio o una fotomulta por unos miles de pesos, pero todos tienen en común que carcomen los presupuestos estatales, muerden pedazos de los recursos y enriquecen a los intermediarios. La protección política en la superestructura es inevitable para que los gestores actúen, pero el miedo, los pactos de silencio y las falencias judiciales limitan muchas veces las investigaciones a los eslabones intermedios. Los peces gordos son más difíciles de alcanzar, publicó el diario La Nación, Por ejemplo, en el denominado caso Chocolate, que golpeó en el corazón recaudador de los empleados ñoquis de la Legislatura bonaerense, fue paradigmático cómo las autoridades buscaron acotar la investigación y privilegiar el silencio antes que aprovechar la situación para una depuración institucional. Los burócratas de la corrupción, los gestores, son aquellos sospechosos que integran los estratos intermedios del esquema o, como los definió el jurista William Michael Reisman en el libro ¿Remedio contra la corrupción?: cohecho, cruzadas y reformas, son los corredores autónomos, los brokers, los intermediarios que hay que lubricar para lograr privilegios. Brokers eran precisamente los nombres desconocidos para el público general que aparecieron, por ejemplo, en el caso de los seguros, que se quedaban con fortunas por direccionar contratos de dependencias estatales, señaló el diario La Nación, Reisman elaboró también un término inquietante, los honestos estructurales, que define a una mayoría de trabajadores estatales, técnicos y profesionales que no participan activamente de los actos de corrupción, pero que a su entender permiten la continuidad del sistema por inacción. Una de las principales teóricas del tema, la economista Susan Rose-Ackerman, sostiene que para acotar el alcance de la corrupción, una de las claves es reducir el nivel de poderes arbitrarios en manos de empleados públicos, pero sin perjudicar programas importantes del Estado. Una de las propuestas de los especialistas es, también, ampliar la competencia: darles a los ciudadanos la posibilidad de elegir entre múltiples ventanillas, en vez de dejarlos atrapados en un monopolio, a una única alternativa con la facultad de subir o bajar la barrera de los beneficios. Las propuestas parten de pensar la corrupción más allá del problema moral, como un sistema donde cada medida de gobierno puede reducir o aumentar los incentivos para la aparición de sobornos. Por ejemplo, los controles de emergencia suelen ser un disparador de motivaciones para la corrupción. Las investigaciones judiciales muestran ahora, por caso, que la barrera para la compra de dólares que se extendió durante años multiplicó los abusos de quienes podían autorizar excepciones, como autoridades judiciales o financieras, y garantizar rápidas ganancias millonarias a sus cómplices. El poder de compra de medicamentos del PAMI, con un peso incomparable en el mercado, puede ser también pensado como un incentivo a prácticas corruptas, indicó el diario La Nación, La aparición de los casos de los gestores con protección política, como en el área de Discapacidad, exhibe como nunca antes la diseminación de una burocracia de la corrupción. Y obliga a repensar anticuerpos. De todas formas, al final del camino, la teórica Rose-Ackerman arribó a una conclusión elemental: sin un poder político dispuesto a limitar los incentivos para la corrupción, cualquier reforma es inviable. Caso Andis -Diego Spagnuolo: extitular de Andis; para el fiscal Franco Picardi, supervisó, permitió y consintió el direccionamiento de contrataciones. -Daniel María Garbellini: exdirector de un programa clave, está acusado de ejecutar órdenes externas y permitir que personas ajenas a la estructura estatal tomaran decisiones de gestión. -Miguel Ángel Calvete: imputado como uno de los jefes paraestatales del esquema; desde su rol sin cargo formal habría gestionado contratos, pagos y adjudicaciones, favoreciendo a empresas vinculadas con él. -Pablo Atchabahian: médico y exfuncionario, está acusado de funcionar como pieza central de la estructura corrupta, dando órdenes directas sobre contrataciones, pagos, proveedores y personal, sin vínculo formal con Andis. Monto de desvío estimado: $47.000 millones. La acusación señala que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), disuelta en las últimas horas, funcionó bajo un esquema estructurado y sostenido de corrupción, con direccionamiento de contratos públicos, compras de medicamentos e insumos de alto costo con sobreprecios y pagos de sobornos. Según el dictamen, la supuesta maniobra incluyó el manejo irregular del sistema informático oficial (Siipfis), que debía garantizar transparencia: se lo habría usado como herramienta de fachada para adjudicar licitaciones amañadas a empresas específicas. Caso Seguros -Héctor Martínez Sosa: broker de seguros, percibió cerca del 60 % de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a intermediarios estatales; pareja de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández. -Alberto Pagliano: expresidente de Nación Seguros S.A, con su gestión y participación, facilitó el direccionamiento de contratos hacia intermediarios afines Volumen total anual de primas en Anses que se investiga: $20.000 millones. La causa de los seguros contra Alberto Fernández parte del Decreto 823/2021, firmado por el expresidente, que obligó a organismos públicos nacionales a contratar pólizas con Nación Seguros SA (propiedad del Banco Nación). Bajo ese esquema, según la denuncia, se direccionaron contratos de seguros estatales, mediante intermediarios (brokers privados), y favoreciendo a personas vinculadas al entorno presidencial. La acusación sostiene que esas contrataciones generaron comisiones millonarias que terminaron en manos de brokers cercanos al poder, en desmedro del interés público. En noviembre de 2025, la Cámara Federal ratificó el procesamiento de Fernández, en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y confirmó la acusación por la maniobra. La Cámara determinó que hubo participación directa de Fernández a través de su secretaria privada, María Cantero, lo que demuestra que el direccionamiento del negocio no fue algo accidental sino un mecanismo deliberado. Además del ex presidente, se confirmaron procesamientos de intermediarios privados y exfuncionarios. Caso Guardapolvos -Paula Rosana Goroso: presidenta de la cooperativa 15 de Julio. -Mario Gustavo Figueroa: aparece como el hilo conductor que vincula a todas las cooperativas. Monto total del desvío investigado: $710.366.250. La Justicia investiga un presunto desvío de fondos del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández, que estaban destinados a la fabricación de 165.000 guardapolvos escolares mediante un proyecto social productivo. El juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, citó a 13 exfuncionarios y cooperativistas por los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El Ministerio de Desarrollo Social, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, firmó un convenio con la Cooperativa 15 de Julio Ltda. para confeccionar los guardapolvos. La cooperativa no tenía máquinas textiles ni capacidad operativa para cumplir la tarea. En un allanamiento, se comprobó que no funcionaba en su domicilio declarado: allí operaba otra entidad (Pacha Nuestra) dedicada al reciclaje, sin relación con la confección textil. Caso Chocolate -Julio Chocolate Rigau: es el puntero del PJ que fue detenido con tarjetas de débito de otros empleados de la Legislatura bonaerense. -Facundo Albini: exconcejal platense del Frente Renovador a quien respondía Rigau; también era empleado de la Cámara de Diputados de la provincia. -Claudio Albini: subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense y padre de Facundo Albini. Monto de desvío estimado: $395.000.000. El puntero peronista Julio Chocolate Rigau fue detenido en septiembre de 2023 en un cajero automático en La Plata, con 48 tarjetas de débito a nombre de personas que figuraban como empleadas de la Legislatura bonaerense. La investigación determinó que una red de dirigentes se quedaba con los sueldos de los ñoquis, es decir, empleados fantasmas cuyos nombres se usaban para cobrar haberes. La red, se sospecha, tenía la protección de las máximas autoridades de la Legislatura bonaerense. En ese momento, el peronista Federico Otermín era el presidente de la Cámara de Diputados provincial y Verónica Magario, del Senado. Caso VTV -Jorge DOnofrio: exministro de Transporte de Axel Kicillof, había sido impulsado por Sergio Massa, pero el Frente Renovador luego le soltó la mano. -Sebastian Desio: el empresario militaba para DOnofrio y terminó ganando una licitación millonaria para la VTV. -Mario Quattrochi: exjuez de faltas de La Plata que quedó involucrado en la maniobra de las fotomultas. -Claudia Pombo: concejal de Pilar, fue señalada como quien manejaba la red detrás de la maniobra Ganancias mensuales según la denuncia: US$ 4.000.000. En este caso, los mismos intermediarios conectan dos tipos de maniobras en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, una red de gestores eliminaba las multas de tránsito a cambio del pago de un porcentaje de la infracción. Por otro lado, la Justicia investiga el direccionamiento en la adjudicación de concesiones de plantas para la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El principal imputado es el exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge DOnofrio. Se lo acusa de ser el partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y como autor del delito de cohecho pasivo. Bajo el impulso de Sergio Massa, DOnofrio asumió como ministro de Axel Kicillof en diciembre de 2021 y renunció en diciembre de 2024, con el caso de las fotomultas y la VTV en plena ebullición. La red usaba para girar el dinero una financiera ubicada en la planta baja del Sheraton Hotel de Pilar.
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