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Parana » Informe Digital
Fecha: 31/12/2025 20:18
El Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos manifestó su rechazo a los despidos dispuestos por el gobierno provincial y al desguace del Registro Único de la Verdad, al advertir que la medida impacta de manera directa en las políticas de Derechos Humanos, en áreas sensibles del Estado y en cientos de familias entrerrianas. A través de un comunicado, el PJ sostuvo que las decisiones adoptadas significan el vaciamiento de áreas sensibles para la provincia y remarcó que el Registro Único de la Verdad no puede ser abordado como una simple cuestión administrativa. Según señalaron, se trata de un organismo clave que vela por los Derechos Humanos y constituye el archivo más importante de Entre Ríos sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar. En ese sentido, destacaron que el Registro cumple un rol central en la preservación de la memoria y la verdad, al resguardar documentación fundamental vinculada al terrorismo de Estado. Es un espacio que protege parte esencial de nuestra identidad colectiva, afirmaron. El pronunciamiento también enmarcó la situación en una política más amplia de reducción del rol del Estado. Lo que sucede en este organismo forma parte del plan de desguace de Frigerio y Milei, que implica el abandono de políticas sensibles destinadas a proteger a los sectores más vulnerables y representa un grave retroceso en derechos y conquistas logradas con mucho esfuerzo por el pueblo entrerriano, expresaron. Desde el PJ remarcaron que no se trata de finalización de contratos, sino de despidos. Hablamos de trabajadoras y trabajadores con funciones asignadas, responsabilidades concretas y, en muchos casos, más de diez años de antigüedad en el Estado provincial, subrayaron. En otro tramo del documento, el partido expresó su solidaridad con las más de cien familias entrerrianas que hoy enfrentan la incertidumbre de quedarse sin su fuente de ingresos, y apuntó de manera directa a la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. Detrás de los discursos técnicos y las explicaciones mediáticas del gobernador existe un modelo claro: el achicamiento del Estado y la renuncia a su rol como garante de derechos. Cada despido implica una política pública que se debilita, un programa que se abandona y un derecho que se pone en riesgo, advirtieron. Finalmente, el PJ afirmó que adhiere y acompaña la lucha de las y los trabajadores para revertir lo que calificó como una medida injusta, innecesaria y profundamente dañina para la calidad de vida y el desarrollo de la provincia, y concluyó: Defender Entre Ríos es defender las instituciones del Estado y el trabajo de los entrerrianos.
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