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Concordia » cndigital.
Fecha: 31/12/2025 17:10
En una nueva jugada fiscal con impacto directo en la cadena energética y para aliviar el bolsillo de consumidores, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto 929/2025, que modifica el esquema de actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), aplicando una parte de los aumentos pendientes en enero de 2026 y postergando el resto hasta el 1° de febrero. La decisión oficial -que se enmarca en una larga serie de normas de administración gradual de tributos- busca amortiguar el traslado completo de los ajustes a los precios de surtidor en un contexto aún frágil para la economía argentina. Según el texto oficial publicado en Boletín Oficial en el último día hábil del 2025, a través del Decreto 929, se establece "incrementos parciales del ICL y del impuesto al dióxido de carbono durante enero de 2026 y postergará el impacto pleno de las actualizaciones pendientes para febrero de 2026. Esta estrategia fiscal se apoya en una práctica recurrente adoptada desde 2018, cuando se empezó a administrar de manera diferida el traslado completo de los ajustes tributarios, atados por ley al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El objetivo final es impedir un rebrote inflacionario a mayor escala que el actual. ¿Qué impuestos y cómo se aplicarán en enero? La base legal de estos tributos no cambia: la Ley 23.966 fija montos específicos en pesos por unidad medida para naftas y gasoil, con actualizaciones trimestrales atadas al IPC. Sin embargo, tal como afirmó Surtidores, desde hace varios años esos ajustes se aplican con diferimiento. El decreto oficial reconoce que las actualizaciones correspondientes a 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025 todavía no habían sido trasladadas plenamente, y que el Decreto 617/2025 ya había postergado su impacto hasta enero de 2026. La novedad ahora es que la actualización no se aplicará en su totalidad desde el 1° de enero de 2026, sino que se ha dividido en dos tramos: Este tratamiento diferencial para el gasoil -que favorece históricamente a provincias como Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, así como al partido bonaerense de Patagones y al departamento mendocino de Malargüe- se mantiene explícito en el decreto y busca compensar distancias geográficas, mayores costos logísticos y condiciones climáticas adversas. La lógica oficial: dosificar el impacto sin alterar la base tributaria En los considerandos de la medida, el Poder Ejecutivo reconoce que los impuestos están legalmente actualizados por IPC, pero argumenta que resulta necesario dosificar el impacto para no afectar el consumo, la logística y los costos de producción, en un momento en que la economía aún busca consolidar la estabilidad. La estrategia apunta a evitar que el traslado completo y directo al surtidor de la suba tributaria exacerbe presiones inflacionarias o desaliente la demanda en un sector sensible como el energético. ¿Qué cambia respecto del esquema anterior? Si se comparan los montos vigentes con lo que establece la nueva norma, el incremento acumulado de ICL + IDC para naftas pasa de u$s11,168 a u$s18,350, lo que representa un aumento de aproximadamente 64% en términos tributarios. En el caso del gasoil (incluyendo diferencial y el impuesto al dióxido de carbono), se pasa de u$s14,199 a u$s23,822, lo que implica un aumento de alrededor del 68%. Estos son valores puramente impositivos, y la gran pregunta es si el sector energético trasladará íntegramente este mayor costo impositivo a los precios de venta en surtidor, o si absorberá parte para contener precios finales en un escenario competitivo. La respuesta no es menor, especialmente si se considera que en las últimas semanas YPF aplicó una rebaja promedio de ~2% en sus estaciones de servicio, como resultado de menores precios internacionales del crudo. Implicancias para la industria energética y la logística La postergación parcial de los tributos hasta febrero de 2026 tiene un impacto claro sobre los costos operativos de empresas de transporte, logística y distribución de combustibles. La dosificación -que el Gobierno argumenta busca mitigar presiones inflacionarias- también puede influir en las decisiones de inversión y planificación de las operadoras, en particular cuando deben definir márgenes para inicios de año y renovar contratos con transportistas y clientes industriales. Empresas del sector vienen monitorizando de cerca el ritmo de actualización tributaria, no solo por su efecto directo sobre los precios, sino también porque el ICL y el IDC forman parte de la estructura de costos que incide en decisiones de consumo, logística y planificación de flotas, tanto en el segmento energético como en industrias intensivas en uso de combustibles. Contexto histórico y política tributaria energética La modalidad de escalonar actualizaciones del impuesto a los combustibles no es nueva. Desde 2018, sucesivas administraciones han optado por postergar el traslado completo de ajustes automáticos asociados al IPC, con el objetivo declarado de reducir la volatilidad de los precios de surtidor y limitar impactos sobre la inflación. Con el Decreto 929/2025, esta lógica se mantiene, aunque ahora con un foco explícito en la transición entre 2025 y 2026, un periodo que combina expectativas de estabilidad macroeconómica con presiones de costos crecientes en la cadena productiva. Es importante destacar que el régimen patagónico -una herramienta histórica de reducción impositiva para compensar costos logísticos y ambientales- vuelve a tener vigencia explícita, una señal política de apoyo a regiones que enfrentan desafíos adicionales para acceder y distribuir combustibles de manera competitiva. Conmbustibles: Qué esperar en 2026 A medida que avance el primer trimestre de 2026, el verdadero impacto de la aplicación total del ICL y el IDC diferido comenzará a verse en las estaciones de servicio y en las métricas de consumo, en particular, la inflación. Las definiciones que adopten las compañías -si trasladan los aumentos íntegramente o moderan los ajustes- serán claves para entender cómo evolucionan los precios al público y las reacciones del mercado. Para la industria, una lectura probable es que el Gobierno busca equilibrar dos objetivos: resguardar la capacidad de consumo y producción en un año electoral y de consolidación económica, y mantener una política tributaria que respete los parámetros legales fijados por la Ley 23.966. Cómo se traducirá esto en precios efectivos, márgenes empresariales y decisiones de inversión será parte de la agenda de análisis para Ámbito Energy Report en los primeros meses de 2026.
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