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Fecha: 31/12/2025 14:21
La crisis de la forestoindustria sumó en los últimos días un nuevo capítulo con fuerte impacto en el norte de Corrientes. La empresa Forestadora Tapebicuá SAU, uno de los mayores aserraderos del país con sede en Gobernador Virasoro, solicitó su ingreso en concurso preventivo de acreedores, en un intento por reordenar una deuda que asciende a unos $11.500 millones y encontrar una salida que le permita volver a operar. Leé también: Compás de espera hasta enero: una láctea santafesina encara un cierre de año con incertidumbre laboral La presentación fue informada por Celulosa Argentina, empresa controlante, a través de una nota enviada a inversores el pasado 23 de diciembre. Allí se indicó que la decisión se tomó como consecuencia de su crítica situación financiera, en el marco de lo establecido por la Ley Nacional N° 24.522. La planta de Virasoro se encuentra paralizada desde agosto por falta de capital de trabajo, mientras que los trabajadores perciben actualmente el 60% de sus salarios. Planta frenada, salarios recortados y un futuro atado a la reestructuración El concurso preventivo aparece como una herramienta para evitar un desenlace más drástico. Se trata de un proceso judicial que permite a las empresas en crisis renegociar sus pasivos y buscar continuidad operativa. Sin embargo, también puede convertirse en el paso previo a una quiebra si no se logra un acuerdo con los acreedores o un cambio profundo en la estructura del negocio. Tapebicuá forma parte de uno de los grupos forestoindustriales más relevantes del país, con casi un siglo de trayectoria. En Virasoro, la firma se consolidó como un actor clave en la producción de compensados fenólicos, con una marca de fuerte presencia en el mercado. No obstante, la crisis financiera que arrastra el holding desde hace años terminó por golpear de lleno a esta unidad productiva. Leé también:Termina la intervención de Vicentin: la Justicia devuelve el control a un directorio de los nuevos dueños En septiembre pasado, los anteriores propietarios del grupo transfirieron el control a un nuevo inversor, en una operación que incluyó la asunción de pasivos y contingencias. Pocos días después, la controlante ingresó también en concurso preventivo, con una deuda global que ronda los US$128 millones. En este contexto, el concurso de Tapebicuá se presenta como un proceso separado, aunque estrechamente ligado a la situación general del grupo. En los últimos años, la empresa atravesó un proceso de achicamiento. Cerró el aserradero de San Charbel, ubicado a unos 40 kilómetros de Virasoro, y avanzó en distintas instancias de reestructuración. También se iniciaron conversaciones para una posible venta, con negociaciones avanzadas que finalmente no prosperaron, en parte por el tamaño de la plantilla laboral, que ronda los 500 empleados. Leé también: Las proyecciones de cosecha de maíz temprano le marcan el pulso a la logística agrícola del 2026 Especialistas del sector coinciden en que el futuro de la compañía dependerá de la capacidad de reestructurar pasivos, negociar quitas y reactivar la producción. Para un eventual comprador, mantener las plantas en funcionamiento y generando ingresos aparece como una condición clave. La alternativa, advierten, sería un desguace de activos para su venta por partes, con consecuencias sociales y económicas profundas para la región. A diferencia de otros grandes jugadores del sector, Tapebicuá no cuenta con activos forestales propios, un factor que agrega complejidad a su situación. En Virasoro, mientras tanto, la expectativa está puesta en que el concurso preventivo sea una herramienta de transición y no el prólogo de un cierre definitivo.
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