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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 31/12/2025 11:32
Diez personas enfrentarán un juicio en Córdoba acusadas de asociación ilícita y estafas reiteradas, tras haber ofrecido viviendas prefabricadas a través de redes sociales y luego incumplir de manera sistemática los plazos de entrega, hasta que las víctimas advertían que se trataba de un fraude. El Juzgado de Control en lo Penal Económico de la ciudad de Córdoba confirmó el requerimiento de citación a juicio dispuesto por la Fiscalía de Instrucción Subrogante contra los diez imputados, quienes habrían cometido los delitos mediante empresas dedicadas a la construcción de casas prefabricadas. La resolución fue adoptada luego de que el juez Gustavo Hidalgo rechazara la oposición a la elevación a juicio presentada por la defensa de dos de los acusados y también denegara el cese de la prisión preventiva solicitado para quien está señalado como el jefe de la organización, confirmando así la realización del debate oral. De acuerdo con lo informado por el portal Justicia de Córdoba, la acusación sostiene que Sebastián Laforte, Alan Emmanuel Cano, Jorge Alejandro Flores, César Ezequiel Juárez, Matías David Pérez Ludueña, Claudio Héctor Bardus, Matías Sánchez, Noelia Alejandra Flores, María Ximena Alderete y Carlos Marcelo Scrofani integraban una organización criminal destinada a cometer delitos contra la propiedad. El grupo operaba bajo distintos nombres comerciales, entre ellos Next House SAS, Forte Desarrollista e Innova Desarrollista. Según el requerimiento fiscal, mediante un discurso engañoso difundido en redes sociales, páginas web y contratos ficticios, prometían construcciones en seco con plazos reducidos y pagos por avance de obra; sin embargo, incumplían de forma sistemática y utilizaban excusas para exigir pagos adicionales y adendas que agravaban el perjuicio. Conforme a la información recabada por la Agencia Noticias Argentinas, la organización presentaba una estructura con roles claramente definidos: un jefe que lideraba las operaciones y negociaba directamente con las víctimas; un organizador encargado de coordinar tareas y elaborar excusas; y otros integrantes que actuaban como vendedores, prestanombres societarios o colaboradores en maniobras específicas. La investigación determinó que los hechos afectaron a más de 30 víctimas de Córdoba y otras provincias, quienes fueron inducidas a error para entregar sumas millonarias en efectivo, transferencias de dinero u otros bienes patrimoniales, sin recibir las viviendas prometidas o recibiendo obras defectuosas e inconclusas, lo que habría generado ganancias ilegítimas de monto aún indeterminado para la organización.
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