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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 30/12/2025 22:28
La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) expresó un fuerte rechazo al anuncio del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud. Desde la entidad manifestaron su preocupación por la forma y el contenido de la medida, que según advirtieron genera incertidumbre y supone un retroceso en materia de derechos. A través de un comunicado, Asdra sostuvo que si bien el Estado tiene la facultad de reorganizar sus estructuras, estas decisiones deben comunicarse con mayor claridad, transparencia y en consonancia con la legislación nacional e internacional vigente en materia de discapacidad. En ese sentido, remarcaron que el anuncio se conoció a un día de finalizar el año, lo que provocó conmoción en la comunidad vinculada a la discapacidad. Uno de los principales cuestionamientos planteados por la organización es la reducción de la discapacidad a una única área del Estado. Según señalaron, las personas con discapacidad requieren políticas públicas integrales que aborden múltiples dimensiones, como educación, trabajo, vivienda, accesibilidad, participación comunitaria y salud. Este enfoque responde al modelo social y de derechos humanos que Argentina asumió al adherir, en 2008, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde Asdra consideraron especialmente grave el posible retorno a un enfoque estrictamente médico de la discapacidad, del que según indicaron costó décadas salir. Concebir la discapacidad únicamente desde el ámbito de la salud implica desconocer a las personas como sujetos de derechos y debilita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos integrales para la inclusión plena. Asimismo, advirtieron que quitar a la discapacidad de un ámbito de articulación transversal representa un retroceso que luego se traduce en políticas públicas concretas o, directamente, en su ausencia. Por este motivo, la organización manifestó el malestar de la comunidad y reiteró la necesidad de sostener políticas públicas integrales, continuas y basadas en derechos. Finalmente, Asdra expresó su preocupación por el contexto comunicacional en el que surge la medida, al señalar que se instala confusión y sospecha al asociar la existencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) con supuestos abusos. La entidad aclaró que el CUD no implica el cobro de dinero, sino el acceso a prestaciones y apoyos, y recordó que solo un porcentaje mínimo de las personas que lo poseen percibe una pensión. Según advirtieron, este tipo de mensajes contribuye a la estigmatización injusta de las personas con discapacidad y de sus familias.
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