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Gualeguaychu » FM Maxima
Fecha: 30/12/2025 21:33
Desde ASDRA expresamos nuestro rechazo por el anuncio del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud. Si bien el Estado puede reorganizar sus estructuras, estas decisiones deben comunicarse con mayor claridad, transparencia y acorde a la legislación nacional e internacional actual en materia de discapacidad, expresan en un comunicado. El modo en que se dio a conocer esta medida a un día de finalizar el año generó conmoción e incertidumbre. Nos preocupa especialmente que la discapacidad quede reducida a una única área del Estado. Las personas con discapacidad necesitan políticas integrales que contemplen educación, trabajo, vivienda, accesibilidad, participación comunitaria y salud, en línea con el modelo social y de derechos humanos asumido por Argentina al adherir a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2008. En este sentido, resulta especialmente grave retroceder hacia un enfoque médico de la discapacidad, del que costó décadas salir. Volver a concebir la discapacidad únicamente desde la salud desconoce a las personas como sujetos de derechos y debilita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos integrales para la plena inclusión. En este sentido, quitar a la discapacidad de un ámbito de articulación transversal implica un retroceso en este enfoque, que luego se traduce en políticas concretas o en su ausencia. Por eso, desde ASDRA manifestamos el malestar de la comunidad y reiteramos la necesidad de políticas públicas integrales, sostenidas y basadas en derechos. Esta medida, además, surge en el contexto de un mensaje público que instala confusión y sospecha, al asociar la existencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) con supuestos abusos. Es importante aclarar que el CUD no implica el cobro de dinero, sino el acceso a prestaciones y apoyos. La confusión con las pensiones, que solo percibe un porcentaje mínimo de quienes tienen CUD, estigmatiza injustamente a personas con discapacidad y familias.
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