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» tn24
Fecha: 30/12/2025 20:32
Este 30 de diciembre se cumplen cinco años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, una norma que permitió que más de 314.000 mujeres y personas gestantes accedieran a abortos seguros y gratuitos dentro del sistema de salud pública. Sin embargo, organizaciones y profesionales advierten que su aplicación enfrenta crecientes obstáculos en el actual contexto político. Desde su aprobación en 2020, la ley convirtió a la Argentina en uno de los primeros países de América Latina en garantizar el aborto legal hasta la semana 14 de gestación, sin necesidad de invocar causales. El impacto fue significativo: el aborto dejó de ser una de las principales causas de muerte materna y pasó a formar parte de las políticas sanitarias públicas. No obstante, con la llegada del gobierno de Javier Milei, sectores vinculados a la salud sexual y reproductiva denuncian un progresivo desfinanciamiento y desarticulación de programas clave. Entre las principales alertas figuran la interrupción en la compra y distribución de medicamentos esenciales como misoprostol y mifepristona, la reducción en la provisión de anticonceptivos y tests de embarazo, y el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Profesionales de la salud aseguran que el discurso oficial genera confusión y temor en la población. Hay personas que creen que la ley ya no está vigente, advierten desde redes médicas que garantizan el acceso al aborto legal. A esto se suma la preocupación por la posible pérdida de la gratuidad del servicio y el aumento de enfermedades de transmisión sexual ante la falta de insumos preventivos. En paralelo, organizaciones feministas y de derechos humanos remarcan que la legalización del aborto fue el resultado de una construcción colectiva de más de una década, impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Si bien la ley representó un hito histórico, coinciden en que hoy el desafío central es sostener su implementación efectiva frente a una agenda gubernamental que cuestiona los avances en materia de derechos. A cinco años de su sanción, el aborto legal sigue siendo una conquista vigente, pero bajo vigilancia constante. Referentes del movimiento feminista advierten que los derechos adquiridos no son definitivos y que su defensa requiere una presencia activa del Estado y de la sociedad para garantizar el acceso pleno a la salud sexual y reproductiva.
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