30/12/2025 22:10
30/12/2025 22:10
30/12/2025 22:10
30/12/2025 22:06
30/12/2025 22:06
30/12/2025 22:05
30/12/2025 22:05
30/12/2025 22:05
30/12/2025 22:04
30/12/2025 22:04
» Clarin
Fecha: 30/12/2025 19:51
La causa que desde hace años expone una trama de abusos sexuales, captación de víctimas mediante militancia, presunta estructura sectaria y comunicaciones encriptadas dentro del propio Senado de la provincia de Buenos Aires tuvo un giro decisivo. En la noche del lunes 29 de diciembre fueron detenidos y procesados los dos principales imputados del expediente: Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente del Senado provincial. Se trata del primer movimiento judicial de alto impacto y, a la vez, el reconocimiento explícito del Ministerio Público de la gravedad de los hechos investigados. La medida fue adoptada en el marco de la instrucción que lleva adelante la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, quien entiende que existe material suficiente para avanzar penalmente. Este martes 30 de diciembre, Rodríguez y Silva Muñoz fueron trasladados para ser indagados. Ambos, asistidos por su abogado, se negaron a declarar. Otro golpe al corazón institucional de la Provincia La causa tiene como carátula abuso sexual con acceso carnal: violación. La investigación sostiene que una parte de los ataques sexuales denunciados se habría producido dentro del propio Senado bonaerense, concretamente en la oficina 007, una dependencia bajo la órbita directa de la Presidencia del cuerpo. La sola mención de ese espacio físico configuró desde el inicio un escenario institucional explosivo: no solo se investigan delitos aberrantes, sino la presunta utilización de instalaciones estatales para cometerlos. Rodríguez y Silva Muñoz son empleados estables del Senado desde hace años. En paralelo, Silva Muñoz integra la Secretaría de Género de UPCN provincia de Buenos Aires, un dato que provoca un fuerte contraste político y simbólico frente a la naturaleza de las denuncias. Rodríguez, en tanto, fue docente del colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, ámbito en el que habría captado a una de las potenciales víctimas. La detención llega luego de una secuencia judicial de largo recorrido. La primera denuncia fue presentada en 2014 por una joven militante abusada. En 2019 se sumaron dos nuevos casos. Y en 2025 ingresaron al expediente otros dos episodios denunciados. En total, serían cinco las víctimas, aunque no todas lograron sostener el proceso. Por protección y resguardo, sus identidades permanecen en estricta reserva. Víctimas dependientes y mecanismo de captación Uno de los datos más disruptivos de la investigación y que ahora cobra una dimensión crucial tras las detenciones es que algunas víctimas aún dependían laboralmente de Rodríguez, según expresó el abogado Ignacio Fernández Camillo, representante de al menos dos denunciantes, en diálogo con Clarín. Es decir, presuntas víctimas trabajando dentro del mismo ambiente institucional que sus supuestos agresores. La hipótesis del abogado de estas víctimas plantea un mecanismo reiterado: captación a través de militancia política, promesas de acompañamiento, inserción laboral estatal, contratos con altos ingresos y exigencia de devolución de parte del salario para tareas militantes. Una relación de poder asimétrica que, según las denunciantes, se convertía en sometimiento. A ello se suma la existencia de una presunta organización denominada La Orden de la Luz, donde las jóvenes habrían sido incorporadas. El grupo se comunicaba mediante una casilla de Gmail utilizando lenguajes codificados y encriptados, que de acuerdo a fuentes de la causa dan apariencia de comunicaciones propias de circuitos criminales. Ese componente es clave: refuerza la hipótesis de que no se trataba de hechos aislados sino de una estructura organizada. Política, gremios y nombres sensibles Los detenidos militaron en la agrupación política La Capitana, un espacio en el que hasta 2021 participó Giselle Fernández, hermana de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No se le atribuye ninguna responsabilidad penal ni participación en la causa, pero el dato exhibe el alcance político del entramado. La pertenencia gremial de Silva Muñoz también abre un interrogante profundo. Si la hipótesis judicial se confirma, el caso implicaría que una referente sindical dentro de un área de género estaría vinculada a hechos de sometimiento contra mujeres, lo que expone un nivel de contradicción institucional de enorme impacto. La causa está en manos de Betina Lacki, una fiscal que ya investigó al poder. Es la misma funcionaria que llevó a juicio y consiguió condenas contra la llamada Banda de los jueces y que impulsó la elevación a juicio de la causa Chocolate, que desbarató una estructura millonaria de desvío de fondos en la Legislatura bonaerense. La fiscalía volvió a meterse en territorio sensible del poder político provincial. Y la decisión de ordenar detenciones marca un punto de no retorno en el expediente. Mientras tanto, el clima interno del Senado es de silencio y tensión. La institución sabe que ya no se trata de denuncias sueltas o declaraciones reservadas: ahora hay detenidos, procesamiento y una investigación que avanzó sobre su interior. La pregunta que empieza a sobrevolar no es solo judicial, sino política: ¿quién sabía?, ¿quién permitió que personas denunciadas por violación continuaran ocupando cargos estratégicos?, ¿qué mecanismos de control fallaron? Lo que viene Tras las detenciones, la causa entra en una etapa clave. Se profundizará el análisis de pruebas, comunicaciones electrónicas, jerarquías laborales, eventuales responsabilidades funcionales y estructuras de poder. No se descartan más medidas judiciales, señalaron fuentes de la investigación. El expediente no solo investiga delitos sexuales gravísimos sino una lógica de sometimiento vinculada a militancia, empleo público, estructura estatal y posible organización sectaria. Y todo, dentro del edificio más emblemático de la política bonaerense. Ahora deberá avanzar la Justicia. El Senado de la provincia de Buenos Aires tiene un problema que no puede esconder bajo alfombras institucionales: dos de sus empleados más expuestos están detenidos y procesados por violación. Sobre la firma Newsletter Clarín
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por