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Parana » Informe Digital
Fecha: 30/12/2025 19:47
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°7 leyó este martes los últimos requerimientos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de la causa Cuadernos, seguida contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (72), otros 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes. Tras 13 jornadas de lectura, el juicio iniciado en noviembre pasado y que, según la fiscal general Estela Fabiana León, constituye la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina se reanudará tras la feria judicial, el 3 de febrero de 2026, con el tratamiento de las cuestiones preliminares planteadas por algunas defensas. La pieza acusatoria leída hoy corresponde al sexto requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Carlos Stornelli en la investigación sobre la adjudicación irregular de contratos para los corredores viales N°1 a N°6, que abarcan tramos de las rutas nacionales 8, 9, 12, 16, 19, 34, 36, 188, 193, A-005, A-008 y A-012. El TOCF N°7 está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con Néstor Costabel como cuarto juez. Además de la fiscal general León titular de la Fiscalía General N°5 ante los TOCF de la Capital Federal, el Ministerio Público Fiscal interviene en el juicio con el fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis. Por la querella, que representa a la UIF, actúa el abogado Mariano Galpern. Entre los imputados figura el empresario entrerriano Gabriel Losi, acusado de integrar una asociación ilícita junto a otros empresarios y funcionarios públicos que habría funcionado desde principios de 2003 hasta noviembre de 2015. Losi integra la lista de acusados arrepentidos. Última jornada antes de la feria judicial La decimotercera audiencia comenzó a las 9.20. Tras la verificación de la presencia de los imputados y sus defensas por parte de la secretaria Cecilia Chichizola, tomó la palabra Carlos Beraldi, abogado de Fernández de Kirchner quien continúa internada tras ser operada por un cuadro de apendicitis. Beraldi cuestionó que el tribunal haya dispuesto apenas 45 minutos para que cada defensa exponga las cuestiones preliminares en las audiencias de febrero y propuso que los letrados anticiparan los plazos que necesitarían; el presidente del TOCF N°7, Méndez Signori, dijo que lo consultaría con sus colegas. También expusieron los abogados Marcos Aldazabal defensor del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, junto a Elizabeth Gómez Alcorta, quien presentó un recurso de reposición; Franco Matiello defensa del empresario Gerardo Ferreyra junto a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó; y Gabriel Palmeiro defensor, junto a Maximiliano Rusconi, de De Vido y Schiavi, quienes adhirieron al planteo de Beraldi y formularon además diversas observaciones sobre el tratamiento de la prueba. Ante la consulta de la fiscal general León, el juez Méndez Signori informó que, al concluir la lectura prevista para la jornada, respondería las presentaciones efectuadas por las defensas. La lectura continuó con los apartados sobre Los descargos de los imputados, Los aportes de los imputados colaboradores, La valoración probatoria y la valoración probatoria del requerimiento del 12 de noviembre de 2019 formulado en otra investigación derivada de la causa Cuadernos. En esa investigación que trató la adjudicación de concesiones para los corredores viales N°1 a N°6 fueron imputados, entre otros, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) entre 2003 y 2007, Claudio Uberti; y los empresarios Miguel Marcelino Aznar (75) presidente de Vialco S.A. y Decavial SAICAC; Patricio Gerbi (70) presidente de Coarco S.A. / Equimac S.A. (UTE); Marcela Edith Sztenberg (59) vicepresidenta de Equimac S.A.; Obdulio Ángel Barbeito (77) gerente general de Homaq SA; Juan Manuel Colazzo (61) exasesor y directivo de Corporación América S.A. e integrante de Helport S.A.; Marcelo Marcuzzi (82) directivo de Covico Concesionario Vial S.A., COPRISA S.A., Estructuras SACICIF, Glikstein y Cia SACIAM, ICF Sudamericana S.A. y Noroeste Construcciones S.A. (UTE); y Miguel Ángel Marconi (66) directivo de Supercemento S.A.I.C.. Frente a la magnitud de la maniobra ilegal vinculada al otorgamiento y control de la obra pública en la Dirección Nacional de Vialidad, se decidió separar la investigación de los hechos ocurridos en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2007 en el Órgano de Control de Concesiones Viales -OCCOVI-, señaló Stornelli. Agregó que la investigación se orientó a esclarecer la existencia de intercambios ilegales en el señalado período en el marco de la ejecución de los contratos de concesiones viales. El representante del MPF consideró que Uberti intervino como miembro de la asociación ilícita liderada por Fernández de Kirchner y desplegó las acciones tendientes a concretar la recaudación de fondos y/o reconducción de los mismos hacia los estamentos superiores de la organización en el ámbito del organismo que presidía durante el período comprendido entre el mes de mayo del año 2003 y el mes de agosto de 2007. También incluyó al empresario Aznar como integrante de la organización. Por otra parte, el fiscal imputó a De Vido, Uberti y Aznar la coautoría de distintos cohechos pasivos, mientras que Gerbi, Sztenberg, Barbeito, Collazo, Marcuzzi y Marconi fueron acusados de cohecho activo. Luego se dispuso un cuarto intermedio y, a la reanudación, se leyeron los apartados Del delito de asociación ilícita, De los delitos de cohecho activo, De los delitos de cohecho pasivo y Calificación legal contenidos en el requerimiento de la UIF, fechado el 22 de noviembre de 2019 y suscripto por los abogados Mariano Federici y Martín Alejandro Olari Ugrotte, extitular y exintegrante del organismo. La respuesta de la fiscalía y la UIF al recurso de reposición de la defensa de Baratta Formalmente abierto el debate, el presidente del tribunal cedió la palabra a la fiscalía y al representante de la UIF para que respondieran el escrito de reposición presentado por Aldazabal en representación del exsubsecretario Baratta. La fiscal general León sostuvo que el debate debe tener un cauce, un orden y que es imprescindible que, estando ya en el debate, las decisiones y los eventos que ocurran se comuniquen en la sala de audiencias para conocimiento de todas las partes y no, como se ha realizado por escrito. Explicó que no se conoce el contenido de las presentaciones hasta tanto el tribunal las sube al sistema LEX-100. Respecto del planteo de la defensa de Baratta, León recordó que el artículo 376 del Código Procesal Penal de la Nación dispone un acotado margen de cuestiones que pueden plantearse como cuestiones preliminares estrictamente. Sobre el acceso a la prueba, la fiscal dijo que también la fiscalía tiene dificultad en ese sentido, porque venimos reclamando copiar documentación de la causa 9608 a la que no han tenido acceso. Añadió que esperaba que la situación se regularizara el año próximo y que, de no ser así, lo plantearía como cuestión preliminar. En relación con la limitación del tiempo de exposición solicitada por las defensas, León consideró que la acotación establecida por el TOCF no vulnera el derecho de defensa. Es correcto que el tribunal ponga algunos límites dado el tratamiento que se dio a este juicio, de juicio complejo, con el que todas las partes hemos estado de acuerdo, señaló, y agregó que El derecho de defensa no se concreta en un derecho a exponer sin limitaciones, que corresponde a la presidencia del TOCF fijar la duración. La fiscal general enfatizó la necesidad de colaborar para que, sin violar garantías ni derechos, el proceso avance en una clara dirección y adelantó que apoyaría la transmisión íntegra del desarrollo del debate para dotar de mayor transparencia al proceso. León consideró razonable que las defensas de quienes están imputados en varios tramos de la investigación tuvieran más tiempo de exposición, pero advirtió que ello no debía afectar el calendario que ya se encuentra fijado. Observó que hay pocas audiencias previstas durante febrero y que son breves según el cronograma, no más de cuatro horas cada martes y jueves y solicitó que, si el tribunal consideraba necesario asignar más tiempo, se fijen más horas y más jornadas de audiencia. También preguntó por qué no había audiencia el jueves 19 de febrero, y recordó que aunque el 17 de febrero era feriado, el jueves no lo era, por lo que pidió que el cronograma se cumpla. El juez Méndez Signori explicó que el tribunal ya tenía previsto no fijar audiencia ese día. El abogado de la UIF coincidió con la fiscal y afirmó que ciertos planteos solo contribuirían a dilatar el proceso y que el tiempo concedido a las defensas resultaba excesivo para el tratamiento de las cuestiones preliminares. Tras un cuarto intermedio de más de dos horas, los jueces Méndez Signori y Canero Castelli formuló su voto en forma independiente consideraron razonable el tiempo de exposición fijado para cada parte en 45 minutos y ampliaron a 90 minutos el plazo para las defensas de quienes están imputados en más de un tramo de las causas. Además, para evitar que la extensión del tiempo asignado afecte el cronograma, el tribunal anunció que sumará horas de audiencia y/o nuevas jornadas para completar esta etapa del debate. El tribunal también aclaró con antelación que durante el receso invernal de julio de 2026 prestará funciones y habilitará la feria para celebrar audiencias en el marco de este juicio oral y público. La audiencia concluyó pasadas las 16.15 y se dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el martes 3 de febrero de 2026 a las 9, cuando se reanudará el debate tras el receso por la feria judicial estival. Según lo informado por el tribunal en respuesta a una inquietud de la fiscal general León, el desarrollo del debate continuará de manera virtual, salvo las declaraciones indagatorias de las personas imputadas, que se tomarán presencialmente. Las audiencias de los martes serán a las 13.30 y las de los jueves comenzarán a las 9. Las próximas audiencias Según el cronograma comunicado por el tribunal, el 3 de febrero se abordarán las cuestiones preliminares planteadas por las defensas de Fernández de Kirchner; De Vido; Baratta; el exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez; el empresario Jorge Juan Mauricio Balán; y el financista y dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens. El jueves 5 de febrero expondrán las defensas de los exsecretarios privados de Baratta y De Vido, Nelson Javier Lazarte y José María Olazagasti; los empresarios Gerardo Luis Ferreyra exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S.A. y Vialco S.A.; Juan Carlos Lascurain expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.; Carlos José Mundín presidente de BTU S.A.; y Alberto Ángel Padoán integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario. El 10 de febrero expondrán las defensas de Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero gerente general y titular de Hidrovía S.A., respectivamente; Jorge Alberto Tasselli presidente de Faraday SAICF y titular de General Plastic Corp S.A.; Oscar Alfredo Thomas exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá; Armando Roberto Loson presidente del Grupo Albanesi S.A.; y Aznar. El 12 de febrero será el turno de las defensas de Jorge Sergio Benolol integrante de JCR S.A.; Guillermo Escolar directivo de Cleanosol Argentina S.A.; Eduardo Luis Kennel gerente Administrativo Financiero de José J. Chediack S.A.I.C.A. desde 1999; Silvio Mion integrante de Equimac S.A.; Roberto Juan Orazi presidente de Hidraco S.A.; y Juan Bautista Pacella representante de Constructora Dos Arroyos. No se celebrarán audiencias el martes 17 ni el jueves 19 de febrero. El debate se reanudará el 24 de febrero con las exposiciones de las defensas de Mario Ludovico Rovella responsable de Rovella Carranza S.A.; Oscar Abel Sansiñena representante de Cleanosol Argentina S.A.; Sztenberg; y el exsecretario de Transporte de la Nación Ricardo Raúl Jaime. El juicio Según consignó el sitio Fiscales.gob, la investigación de Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Bernardo Centeno (70) consignó en sus cuadernos; las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y de corredores viales; y la cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales. El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado con la lectura de parte del primer requerimiento de elevación a juicio, donde se abordaron imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas atribuidas a los principales funcionarios acusados, entre ellos la expresidenta Fernández de Kirchner. La lectura continuó los días 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó la primera pieza acusatoria y se avanzó con la acusación por cohecho pasivo, cohecho activo, admisión de dádivas y recepción de dádivas, contenida en el segundo tramo de la investigación. El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio de Stornelli, cuya lectura concluyó el 4 de diciembre, luego de que la audiencia anterior se destinara al tratamiento del planteo de recusación de la defensa de De Vido, que fue rechazado. Los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre se leyó el cuarto requerimiento de elevación a juicio del MPF y se comenzó con el de la UIF en la causa Camarita, que investigó la cartelización de la obra pública civil a través de integrantes de la Cámara Argentina de Empresas Viales. El martes pasado se leyó el quinto requerimiento de elevación a juicio en la causa Trenes, sobre las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos ferroviarios por parte de funcionarios y empresarios. También se registró la presentación de la UIF en esa causa.
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