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Fecha: 30/12/2025 14:08
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una asamblea en el patio de la Casa de Gobierno tras el anuncio de no renovación de contratos que vencen el 31 de diciembre enmarcados en el decreto 3817, el cual afectaría la continuidad de más de un centenar de empleados públicos. Durante la jornada, delegados de distitnas organismos denunciaron el desmantelamiento de áreas sensibles como el Registro Único de la Verdad y exigieron certidumbre laboral bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia. El secretario general de los estatales, Oscar Muntes, rechazó los anuncios oficiales de recategorizaciones que destacó el otro gremio estatal, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), clasificándolos como maquillaje frente a la falta de paritarias y la incertidumbre contractual. Muntes advirtió sobre la angustia de las familias afectadas. La segunda en hablar fue la delegada del Consejo General de Educación (CGE), Cristina Schwab, y manifestó una profunda tristeza. Hablaron también el delegado del Registro Único de la Verdad y la delegada del Ministerio de Salud y referente de la izquierda, Nadia Burgos, quien le apuntó directamente al Gobernador: Rogelio Frigerio está aplicando una línea de ataque a los trabajadores que ya venía servida por años de precarización con contratos basura. Ante el clima de incertidumbre, una de las asistentes propuso consensuar una fecha inmediata para una movilización masiva, alertando que están echando gente en todos lados. Frente a este pedido, Muntes respondió que, si bien el objetivo es que todos vuelvan a sus puestos de trabajo, es fundamental fortalecer la organización de base para vencer el temor que reina entre los empleados estatales. En el marco de la asamblea, surgieron diversas propuestas para profundizar el reclamo. Una trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social sugirió movilizarse directamente hacia las reparticiones donde se están produciendo los ceses, aunque la iniciativa no logró consenso mayoritario en ese momento. Pedido de informes Senadores del PJ solicitaron informes por el cese de trabajadores. La modernización del Estado no puede ser sinónimo de ajuste encubierto ni de pérdida de derechos, señalaron al presentar al gobierno provincial un pedido de informes para que se esclarezcan los criterios y el alcance del cese de contratos temporarios dispuesto en el marco del Decreto N° 3817/25. Los legisladores remarcaron que el planteo realizado tiene como objetivo central evitar decisiones discrecionales, arbitrarias o carentes de fundamentos comprobables, y garantizar que los procesos de revisión contractual se sustenten en parámetros objetivos, públicos y debidamente documentados, con el correspondiente control institucional. La iniciativa se origina en la emisión del decreto fechado el 20 de diciembre, que autoriza la renovación de contratos temporarios del personal que se desempeña en organismos centralizados y entes descentralizados del Poder Ejecutivo, con vigencia a partir del 1° de enero de 2026. Sin embargo, la normativa excluyó a un número de trabajadores y trabajadoras que no fueron incorporados en los anexos correspondientes. Según la versión oficial, se evaluaron parámetros vinculados al cumplimiento de tareas, desempeño laboral, compromiso con el servicio público, asistencia regular y la necesidad real del puesto en el marco de procesos de reorganización administrativa y modernización del Estado. No obstante, desde el bloque justicialista advirtieron que no existe información pública suficiente ni detallada que permita conocer cuáles fueron los fundamentos concretos aplicados en cada caso ni quiénes son los trabajadores alcanzados, situación que ha generado incertidumbre, malestar y preocupación. La iniciativa lleva la firma de los senadores Martín Oliva, Patricia Díaz, Claudia Silva y Juan Diego Conti. (Con información de APF, Canal Once y fuetnes legislativas) Fuente: Página Política
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