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Chajari » actualidadadiario
Fecha: 30/12/2025 12:31
El Ejecutivo busca que la norma aprobada por el Senado entre en vigencia cuanto antes para facilitar la incorporación de ahorros no declarados al sistema formal y avanzar en su estrategia de remonetización y acumulación de reservas durante 2026 El Gobierno nacional intenta impulsar la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal con la intención de ponerla en funcionamiento en el corto plazo y así incentivar a los ahorristas a blanquear dólares guardados fuera del sistema, en una etapa en la que el programa económico enfrenta restricciones de liquidez y necesita reforzar el flujo de divisas. Según fuentes oficiales, la implementación quedará en manos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque dentro del propio Ejecutivo admiten que los cambios introducidos en el Régimen Penal Tributario presentan complejidades operativas que todavía están bajo análisis y generan reparos técnicos. La falta de precisiones también se trasladó al sistema financiero, donde los bancos aguardan definiciones sobre los alcances de la reglamentación y elevaron consultas al Banco Central ante el temor de incurrir en incumplimientos normativos, en un contexto en el que el Ministerio de Economía presiona para que no se agreguen exigencias extra a los contribuyentes que adhieran al nuevo esquema. Ley de Inocencia Fiscal La ley crea un Régimen Simplificado de Ganancias para personas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonios menores a $10.000 millones, que limita los controles fiscales a los ingresos declarados y deducciones admitidas, libera de reclamos posteriores si el impuesto se paga en término y elimina la obligación de reportar operaciones relevantes como la compra de autos o inmuebles. En paralelo, la norma eleva de forma significativa los montos a partir de los cuales una evasión se considera delito penal y amplía las posibilidades de extinguir la acción penal mediante el pago de la deuda, una redefinición que reduce el universo de causas judiciales y deja en manos del Estado el desafío de equilibrar la necesidad de recaudación con un esquema que, bajo el argumento de la presunción de buena fe, acota su capacidad de control.
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