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Chajari » Chajari al dia
Fecha: 30/12/2025 11:35
Hace cinco años el Congreso de la Nación aprobó la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin dudas fue un tema que causó muchos roces entre quienes aceptan el aborto y quienes se oponen. La historia, en realidad, había comenzado mucho tiempo antes. El primer Código Penal argentino (año 1886) ya consideraba el tema. Castigaba todos los casos de aborto con penas de hasta tres años de prisión. Diecisiete años más tarde (1903), se introdujo una excepción: se declaraba no punible la tentativa de aborto. En 1921, en la segunda reforma del Código Penal, también se abordó el tema. Se decidió que no serían punibles los abortos realizados para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fuera producto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido contra una mujer con discapacidad mental. Esto fue, sin dudas, un avance grande. Tras ello hay que pasar al año 1968, cuando gobernaba el país el general Juan Carlos Onganía, cabeza de la llamada Revolución Argentina. Ese año se puso en vigencia el Decreto Ley Nº 17.567, que establecía un marco más restrictivo. Se limitó el aborto a casos en los que el peligro para la salud de la persona gestante sea grave o en casos de violación judicializados. Esta decisión del onganiato duró sólo cinco años, ya que con el regreso de la democracia, en 1973, se sancionó la Ley Nº 20.509 que dejó sin efecto todas aquellas modificaciones al Código Penal que no hayan emanado del Congreso Nacional. De manera que volvió a aplicarse lo decidido en 1921. Recordemos que el 25 de mayo de 1973 asumió Héctor Cámpora la Presidencia de la Nación, y dos días después se sancionó la Ley mencionada. La historia sobre la interrupción del embarazo continuó durante la presidencia de Juan Domingo Perón. En febrero de 1974, José López Rega, quien era ministro de Bienestar Social, lanzó el Decreto Nº 659 que prohibió la anticoncepción en el territorio argentino. La justificación fue demográfica, argumentando que el país contaba con una baja densidad poblacional. Se volvió a cero en el tema. En 1976, ya con el Proceso de Reorganización Nacional gobernando el país y Jorge Rafael Videla como presidente, se volvió a lo resuelto en 1968 bajo el gobierno de Onganía. A fines de 1983, el regreso a la democracia, marcó el comienzo de una nueva etapa institucional en el país. Fue así que en 1984 se sancionó la Ley Nº 23.077, que devolvió el marco legal a lo dispuesto en el Código Penal de 1921, restableciendo los casos de no punibilidad definidos entonces y que siguieron vigentes hasta 2020. En 2012, la Corte Suprema de la Nación, fallo mediante, se pronunció sobre el tema, indicando que toda mujer violada, independientemente de su condición mental (normales o insanas decía el fallo), podía acceder a la interrupción del embarazo sin autorización judicial previa ni riesgo de sanción penal para el médico actuante. El fallo indicó que solo se requería una declaración jurada que dejara constancia del aberrante delito padecido. Indudablemente fue un avance de peso. En 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández, el Ministerio de Salud de la Nación publicó en 2015 el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE), recogiendo los criterios del fallo ya mencionado de la Corte Suprema y ampliando el concepto de salud para incluir aspectos físicos, psíquicos y sociales, además de precisar que el peligro para la salud podía ser potencial. El 14 de junio 2018, la Cámara de Diputados dio su aprobación a la legalización del aborto libre en hospitales públicos con 129 votos a favor, 125 votos en contra y una abstención. Aquel año, el Senado no aprobó lo decidido en Diputados. Fue así que 38 senadores votaron en contra y 31 a favor de la ley. Fue la vez que estuvo más cerca de conseguirse la despenalización. En noviembre de 2020 el entonces presidente Alberto Fernández, presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto. El 10 de diciembre de ese año, en el día internacional de los Derechos Humanos, la ley se aprobó en la Cámara de Diputados con 131 votos a favor, 117 votos en contra y seis abstenciones. Pero aún se requería el visto bueno del Senado y no pocos recordaban lo sucedido en 1918. El 30 de diciembre de 2020, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo por 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención. Hace de esto cinco años. En 2021 Fernández promulgó la Ley 27.610, La norma permite el acceso legal y voluntario a la interrupción del embarazo, estableciendo entre otras cosas que las personas con capacidad de gestar podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional.
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