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  • El Gobierno apelará el fallo que anuló el protocolo antipiquetes

    Parana » Inventario22

    Fecha: 30/12/2025 08:44

    Nacionales: Desde su cuenta de X respondió la Ministra El Gobierno apelará el fallo que anuló el protocolo antipiquetes Sin protocolo no hay orden, hay CAOS, argumentó la actual Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. 30/12/2025 08:20 109542 2.12 minutos. El Gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que declaró nulo el protocolo antipiquetes y dejó sin efecto su aplicación en las manifestaciones sociales. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Ejecutivo recurrirá la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 y defendió la herramienta como clave para garantizar el orden público y la libre circulación. La funcionaria expresó su postura a través de un mensaje publicado en la red social X, donde cuestionó con dureza la resolución judicial. Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina, afirmó. Monteoliva aseguró que el Gobierno no dará marcha atrás y ratificó la apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Cuestionamientos hacia el protocolo El fallo cuestionado lleva la firma del juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su resolución, el magistrado consideró que el protocolo presenta vicios en su conformación legal, al entender que el Poder Ejecutivo avanzó sobre atribuciones que la Constitución reserva al Congreso. Según Cormick, la resolución 943/2023 que puso en marcha el protocolo antipiquetes intentó legislar en materia penal y procesal, lo que excede las facultades del Ministerio de Seguridad. El juez ya había supervisado personalmente la aplicación del procedimiento en una movilización de jubilados, pero en esta oportunidad resolvió suspender su vigencia. Desde el Ejecutivo rechazaron ese argumento y remarcaron que la Justicia validó los operativos en reiteradas ocasiones. Fuentes oficiales señalaron que el protocolo es legítimo, garantiza derechos constitucionales como el de protesta y ordena la metodología para ejercerlos sin afectar la circulación ni la vida cotidiana. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, emitió además un comunicado en el que confirmó la apelación y advirtió que, si se deja sin efecto el protocolo antipiquetes, vuelve el caos. En el texto, la cartera destacó que el procedimiento permitió garantizar la libre circulación y recuperar el uso del espacio público. En la misma línea se expresó la antecesora de Monteoliva y actual diputada, Patricia Bullrich, quien denunció una motivación política detrás del fallo. El protocolo fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. Los perjudicados siempre son los que quieren trabajar, circular y vivir en paz, afirmó. La funcionaria expresó su postura a través de un mensaje publicado en la red social X, donde cuestionó con dureza la resolución judicial. Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina, afirmó. Monteoliva aseguró que el Gobierno no dará marcha atrás y ratificó la apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Cuestionamientos hacia el protocolo El fallo cuestionado lleva la firma del juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su resolución, el magistrado consideró que el protocolo presenta vicios en su conformación legal, al entender que el Poder Ejecutivo avanzó sobre atribuciones que la Constitución reserva al Congreso. Según Cormick, la resolución 943/2023 que puso en marcha el protocolo antipiquetes intentó legislar en materia penal y procesal, lo que excede las facultades del Ministerio de Seguridad. El juez ya había supervisado personalmente la aplicación del procedimiento en una movilización de jubilados, pero en esta oportunidad resolvió suspender su vigencia. Desde el Ejecutivo rechazaron ese argumento y remarcaron que la Justicia validó los operativos en reiteradas ocasiones. Fuentes oficiales señalaron que el protocolo es legítimo, garantiza derechos constitucionales como el de protesta y ordena la metodología para ejercerlos sin afectar la circulación ni la vida cotidiana. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, emitió además un comunicado en el que confirmó la apelación y advirtió que, si se deja sin efecto el protocolo antipiquetes, vuelve el caos. En el texto, la cartera destacó que el procedimiento permitió garantizar la libre circulación y recuperar el uso del espacio público. En la misma línea se expresó la antecesora de Monteoliva y actual diputada, Patricia Bullrich, quien denunció una motivación política detrás del fallo. El protocolo fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. Los perjudicados siempre son los que quieren trabajar, circular y vivir en paz, afirmó.

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