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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 29/12/2025 20:43
La senadora provincial Patricia Díaz volvió a cargar contra fiscales y el sistema judicial por el delito en Santa Elena, instalando el discurso de la puerta giratoria mientras elude cualquier autocrítica sobre el rol del Estado y la falta de políticas integrales de seguridad. La senadora provincial Patricia Díaz eligió poner el foco casi exclusivamente en el funcionamiento del sistema judicial y del Ministerio Público Fiscal, al que responsabilizó por la rápida liberación de personas detenidas y por la persistente sensación de impunidad en la ciudad. Según la legisladora, el problema central no estaría en la prevención ni en la planificación de políticas públicas, sino en lo que ocurre después de cada detención. En esa línea, sostuvo que las fuerzas policiales cumplen con su tarea al aprehender a los delincuentes, pero que el circuito judicial falla al no avanzar con imputaciones firmes, pedidos de detención o medidas de coerción efectivas frente a casos de reincidencia. Díaz remarcó que son los fiscales quienes tienen la conducción de las investigaciones penales y la potestad de solicitar prisiones preventivas o controles alternativos, y advirtió que la falta de decisiones rápidas y contundentes termina enviando a la sociedad un mensaje de permisividad frente al delito. Para la senadora, esa dinámica profundiza el descreimiento ciudadano y alimenta la percepción de que delinquir no tiene consecuencias reales. Sin embargo, el planteo volvió a encender cuestionamientos por el recorte del análisis. La legisladora insistió en reclamar más presencia policial y recursos materiales al Ejecutivo provincial, pero evitó referirse a la responsabilidad política más amplia del Estado en materia de prevención, inclusión social, coordinación interinstitucional y control del delito complejo. En su discurso, también reclamó públicamente al Ministerio Público Fiscal una actuación seria y eficaz, con seguimiento real de las causas y controles efectivos sobre las personas liberadas. Incluso habló de la necesidad de terminar con lo que definió como una virtual zona liberada, una expresión que no pasó desapercibida y que volvió a tensar la relación entre el poder político y el judicial. Mientras tanto, en Santa Elena la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones vecinales, y el debate vuelve a girar en torno a las mismas preguntas de siempre: ¿quién se hace cargo del problema de fondo y quién paga el costo político cuando las respuestas no llegan?
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