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La Paz » Politica con vos
Fecha: 29/12/2025 16:44
Se trata de un fallo del magistrado MartÃn Cormick luego de un amparo colectivo que advirtió una «represalia de derechos», debido a la medida resuelta por el Ministerio de Seguridad. El juez federal MartÃn Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, declaró nulo el protocolo antipiquetes que rige desde diciembre de 2023 y fue impulsado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de un amparo colectivo propulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su resolución, Cormick consideró distintos artÃculos de la Constitución Nacional y recordó que marca que «ningún habitante de la Nación puede ser obligado a declarar contra si mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos». En tal sentido, señaló que la ley suprema subraya que «las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral publica, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservada a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohÃbe». También marcó que los organismos que participaron del amparo enfatizaron que «la decisión administrativa implica una represalia de derechos, es decir una represalia, o respuesta de castigo no previsto en norma alguna, y vinculada a los distintos sistemas de protección social que brinda el Estado y resulta ser una medida extorsiva, dilemática y desproporcionada que afecta a aquellas personas -exclusivamente- que se encuentran en situación de pobreza». El protocolo de Bullrich incluye la intervención sin orden judicial de las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, en todos los cortes, piquetes y bloqueos parciales y totales que se realicen en el territorio federal utilizando, para liberar las calles, «la mÃnima fuerza necesaria y suficiente» la cual será graduada «en proporción a la resistencia». Con la medida, deben ser identificadas todas las personas que participen, organicen o instiguen a la protesta. También se van a identificar a los conductores y vehÃculos utilizados para trasladar manifestantes y se impulsarán sanciones que podrán llegar a la incautación de los mismos. También se le da aviso al juzgado competente en caso de daño ambiental en los casos que haya quema de cubiertas. En el caso de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a sancionar a sus responsables. (C5N)
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