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Parana » Paginajudicial
Fecha: 29/12/2025 15:47
DERECHOS HUMANOS Despidos y desguace en las áreas de Memoria, Verdad y Justicia 29/12/2025 El Gobierno reconoció que dará de baja alrededor de cien contratos temporarios, en función de criterios de desempeño, ausentismo y la necesidad de la tarea de cada trabajador. En el Registro Único de la Verdad fueron cesanteados la mitad de los empleados, todos con más de diez años de antigüedad y los organismos de derechos humanos advierten sobre un proceso de desmantelamiento del organismo. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Cinco días antes de Navidad, el Gobierno emitió el Decreto Número 3.817 sobre la renovación de los denominados contratos temporarios en la administración pública, con un listado adjunto que contenía 883 nombres. La noticia empezó a correr tres días después y trabajadores estatales se lanzaron en estampida a la búsqueda de sus nombres en las planillas anexas. Cien y pico el número es todavía indeterminado no encontraron sus nombres. Algunos de ellos con diez, doce, quince años bajo contrataciones precarias, de un día para el otro, en vísperas de la Navidad, se veían caer en el abismo del desempleo. La embestida se da en un marco de un ajuste brutal, con pérdidas del 30 por ciento del poder adquisitivo de los salarios desde diciembre de 2023, recortes en las horas extras, paritarias congeladas y adelantos de cese de contratos en distintas áreas que viene denunciando la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El otro gremio, la Unión del Personal de la Nación (UPCN), siempre oficialista, está de festejo. Esta vez la motosierra pasó también por el Registro Único de la Verdad (RUV), un organismo creado en 2004 con el objetivo de resguardar información documental y testimonial relacionada con la represión ilegal durante la última dictadura cívico-militar en la provincia. La medida implica una demolición de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia: afecta a cuatro de los ocho empleados del organismo, todos con contratos de más de una década; entre ellos, un ex detenido político y una hija de desaparecidos. Esta avanzada de desmemoria no es nueva en el organismo: en los primeros meses de gestión de Rogelio Frigerio hubo un intento de recorte de personal por vía del cese de contratos, retrotraído por una manifestación pública de los organismos de derechos humanos, alertando sobre un proceso de desmantelamiento del organismo. Ello no impidió, sin embargo, la cancelación del Programa de Acompañamiento a Víctimas y Testigos en los juicios de lesa humanidad y la eliminación del área que se ocupaba de la búsqueda de bebés robados durante la dictadura. Por qué sí o por qué no La noticia se esparció primero por carriles informales, sin información oficial, profundizando la angustia e incertidumbre entre trabajadoras y trabajadores de distintas áreas de la administración pública. Pasada la Navidad, el Gobierno aportó algún tipo de información. Dijo que no se trata despidos, sino de una decisión de no renovación de una parte acotada de los contratos temporarios vigentes y dio a conocer los criterios que se tuvieron en cuenta para la renovación de los contratos: nivel de cumplimiento efectivo de tareas y funciones asignadas; desempeño laboral y responsabilidad en el rol desempeñado; compromiso con las funciones y con el servicio público; asistencia regular y niveles de ausentismo; y necesidad real y actual del puesto, en el marco de los procesos de reorganización administrativa, modernización del Estado y optimización de recursos. También se dijo que se evaluó si determinadas tareas o funciones dejaron de ser necesarias o fueron reorganizadas, digitalizadas o absorbidas por otros equipos, haciendo innecesaria la continuidad de algunos contratos. Como se trata de criterios que se habrían tenido en cuenta para la renovación de los contratos, el Gobierno no explicita cuál encajaría en aquellos que no serán prorrogados, si es que acaso alguno encaja. O si habrá otras. La memoria en emergencia El RUV fue creado en 14 de octubre de 2004, a través de la Ley Número 9.755, a instancias de los organismos de derechos humanos de la provincia. Un equipo de profesionales en archivología, legales, psicología, investigación y comunicación contribuyeron al impulso de causas judiciales que permitieron la condena de represores, la búsqueda de nietos apropiados y de restos de personas desaparecidas y el reconocimiento de sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención. En estos veinte años, además, se construyó el Archivo Provincial de la Memoria, el acervo documental más importante relacionado a la última dictadura militar, que recoge legajos, prontuarios, expedientes judiciales y testimonios de los sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura. También se elaboró el manual Entre Ríos de Memoria, Verdad y Justicia, que fue distribuido en escuelas secundarias y universidades para la planificación de cátedras; y se diseñaron muestras y actividades culturales para promover las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. La memoria está en emergencia, advierte el abogado Marcelo Boeykens, uno de los afectados por el cese de contratos en el RUV. Este Gobierno degrada la política de derechos humanos, afectando la investigación, el seguimiento de las causas judiciales, el acompañamiento a los sobrevivientes y familiares de las víctimas y la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura, dice ante la consulta de Página Judicial. Ya desde gestiones anteriores, los organismos de derechos humanos vienen advirtiendo sobre la desjerarquización del organismo. Durante la actual gestión, el RUV estuvo inicialmente a cargo de Miguel Alejandro Román, que llegó sumariado del Consejo General de Educación (CGE) y duró un suspiro. Le sucedió la dirigente radical Gracia Jaroslavsky, hasta su reemplazo por María Emma Bargagna, que se ha mantenido en silencio sobre los despidos o, como eufemísticamente se les dice, cese de contratos. Más allá de las oscilaciones políticas, el RUV se ha sostenido por el compromiso del equipo de trabajadores en la defensa de las consignas de Memoria, Verdad y Justicia. Sus trabajadoras y trabajadores son muchas veces el primer contacto institucional para sobrevivientes y familiares que buscan reconstruir historias, encontrar respuestas y obtener reconocimiento estatal después de años de dolor y silencio. Quien se acerca, no busca un trámite: busca memoria, verdad, justicia y acompañamiento, señalaron desde la Multisectorial de Derechos Humanos. Con algunos vaivenes, el Nunca Más ha sido un pilar en el sostenimiento de la democracia en los últimos cuarenta años. La motosierra ideológica de estos tiempos parece haber alcanzado también al Registro Único de la Verdad, con trabajadores despedidos, desplazados o impedidos de continuar con sus tareas.
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