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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 29/12/2025 14:57
La compra directa de dos buques patrulleros oceánicos por 82 millones de euros a un astillero español sin experiencia previa en naves militares ha desatado una crisis sin precedentes en Uruguay. Lo que se proyectó como una renovación de la Armada terminó en una denuncia penal por avales bancarios falsos y advertencias técnicas sobre el riesgo de hundimiento de las embarcaciones en el Atlántico Sur. Lo que comenzó como una ambiciosa renovación de la flota de la Armada Nacional de Uruguay se ha transformado en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales de los últimos tiempos en el país vecino. El epicentro del conflicto es el astillero español Francisco Cardama S.A., ubicado en Vigo, contratado por el gobierno del ex presidente Luis Lacalle Pou para construir dos buques patrulleros oceánicos (OPV-87) por un monto total de 82.400.000 euros. El origen de la controversia El proceso nació con cuestionamientos profundos. Pese a que Uruguay posee una larga tradición de respeto a las normas administrativas, el contrato con Cardama fue una compra directa que ignoró las advertencias del Tribunal de Cuentas de la República (TCR). El organismo alertó tempranamente que el astillero carecía de experiencia en la construcción de buques militares, habiéndose dedicado históricamente a barcos pesqueros y remolcadores. Un dato que llamó la atención de los expertos es que la empresa demoró nueve años en entregar un simple remolcador para Senegal. Alarmas técnicas: «Chatarra» en el Atlántico Sur A medida que avanzaba el 2025, la situación pasó de la irregularidad administrativa al peligro técnico. Dos capitanes de navío uruguayos, enviados como inspectores a Vigo, emitieron informes lapidarios en octubre y diciembre de ese año. Según los oficiales, el diseño de los buques presenta fallas críticas de estabilidad y reserva de flotabilidad. Los puntos más alarmantes detectados por la inspección técnica incluyen: * Riesgo de hundimiento : El diseño desplaza el peso excesivamente hacia atrás, lo que podría provocar el hundimiento de la popa en condiciones de mar gruesa, algo crítico para operar en las exigentes aguas del Atlántico Sur. * Estándares comerciales, no militares : Los inspectores denunciaron que los buques se están construyendo bajo estándares de «barco de carga» y no como naves de patrullaje oceánico, con deficiencias graves en los controles de soldadura. * Falta de certificación : Muchas piezas se fabricaron sin la supervisión de la certificadora internacional Lloyds Register. La trama del fraude y los avales falsos El conflicto escaló a la justicia penal cuando se descubrió que las garantías financieras presentadas por Cardama eran «más truchas que el primero», según describen cronistas locales. El primer aval provino de EuroCommerce Bank, una entidad que resultó ser una fachada para fraudes en vías de disolución. Posteriormente, se detectó una segunda garantía con la firma falsificada de un escribano de Valencia, España, quien ya presentó la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional española. A pesar de estas señales, el Estado uruguayo ya ha desembolsado aproximadamente 28.700.000 euros al astillero. Impacto político y la «conexión familiar» El caso ha generado un fuerte cruce entre el actual gobierno uruguayo, que busca rescindir el contrato, y la anterior administración blanca (Partido Nacional). El ex ministro de Defensa, Javier García, llegó a acusar a los marinos que informaron las fallas de actuar como «espías» o «comisarios políticos», lo que llevó a los oficiales a solicitar un Tribunal de Honor para defender su prestigio. La tensión aumentó recientemente al conocerse que el astillero Cardama contrató para su defensa civil contra el Estado uruguayo al estudio jurídico Hughes & Hughes. Un detalle que no pasó desapercibido en Montevideo es que en dicho bufete trabaja Violeta Lacalle Ponce de León, hija del ex presidente Lacalle Pou, en el departamento de resolución de disputas. ¿Qué sigue para Uruguay? Actualmente, el gobierno uruguayo ha suspendido los pagos y se encamina a una rescisión del contrato. Por su parte, el astillero ha citado al Ministerio de Defensa a una audiencia de conciliación para marzo de 2026, como paso previo a una demanda millonaria contra el Estado. Mientras la fiscalía de Delitos Económicos investiga si hubo estafa y falsificación de documentos, en los astilleros de Vigo queda lo que la prensa uruguaya califica como «chatarra»: bloques de hierro mal soldados que difícilmente lleguen a patrullar algún día las aguas del Cono Sur. Resumen del caso Este caso se puede entender como una compra «a dedo» realizada por la administración de Luis Lacalle Pou. El Tribunal de Cuentas uruguayo advirtió que el astillero elegido (Cardama, en Vigo) no tenía antecedentes fabricando barcos militares, sino solo pesqueros y remolcadores. A pesar de esto, se avanzó con el contrato, que hoy está en proceso de rescisión tras descubrirse que las garantías bancarias presentadas eran documentos falsificados de un banco inexistente. Además, los propios inspectores de la Armada uruguaya denunciaron que los barcos en construcción tienen errores de diseño tan graves que podrían hundirse por la popa en condiciones de mar gruesa.
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