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Fecha: 29/12/2025 11:20
El nuevo sistema de identificación del ganado entrará en vigencia el próximo 1 de enero. Productores y empresarios ganaderos exponen su visión sobre los beneficios y desafíos que plantea la medida. La sanidad, una prioridad; la informalidad, una cuenta pendiente. La entrada en vigencia de la trazabilidad electrónica individual obligatoria para todo el ganado argentino, prevista a partir del 1 de enero de 2026, marca un punto de inflexión para la cadena bovina y reabre un debate de fondo sobre costos, beneficios y objetivos reales del sistema. La medida, impulsada por Senasa, impacta de lleno en el primer eslabón productivo y obliga a los productores a incorporar una tecnología que, aunque no es nueva en el mundo, sí lo es en su carácter obligatorio y universal en la Argentina. La Resolución Senasa 530/2025 dispone que el binomio compuesto por una tarjeta visual y un dispositivo de identificación electrónica botón, bolo ruminal o transpondedor inyectable será de uso obligatorio para bovinos, bubalinos y cérvidos Desde el plano operativo, el productor ganadero de la cuenca del Salado Ignacio Iturriaga explicó en diálogo con Clarín Rural que la norma establece que todo ternero deberá estar identificado electrónicamente en su primer movimiento o al destete. Los animales destetados antes del 31 de diciembre de 2025 no tendrán inconvenientes y podrán seguir utilizando caravanas analógicas adquiridas con anterioridad, aunque desde el 1 de diciembre de este año ya no se permite la fabricación ni comercialización de ese tipo de identificadores. Iturriaga, quien además lidera la firma proveedora de caravanas electrónicas e implementos de ganadería digital Digirodeo, acota que la implementación de la norma se da en un contexto particular, luego de que cayera la licitación original para la provisión de caravanas, lo que derivó en la habilitación de la compra directa a proveedores autorizados. En ese marco, comenzaron a aparecer binomios oficiales que combinan el botón electrónico RFID de baja frecuencia exigido por Senasa con caravanas tipo tarjeta que incorporan tecnología adicional, abriendo nuevas posibilidades de gestión intrapredial. Uno de los puntos más destacados por Iturriaga es que la trazabilidad electrónica puede convertirse en una herramienta de eficiencia y bienestar animal, más allá de su carácter normativo. Las lecturas a distancia y masivas permiten, por ejemplo, identificar animales sin necesidad de encerrarlos en la manga, vincular madre y ternero con mayor precisión o simplificar controles en cabañas. Esto reduce el estrés del ganado y mejora las condiciones de trabajo del personal, integrando la identificación individual a esquemas de manejo más modernos, dice. En términos económicos, subraya que el costo actual de las caravanas -que ronda los dos dólares- es históricamente bajo en relación con el valor del ternero, y que incluso las opciones de mayor nivel tecnológico representan una diferencia mínima, medida en gramos de carne o litros de leche. Además, aclara que la normativa no obliga a comprar lectores electrónicos: el productor solo debe dar de alta las caravanas en el sistema, mientras que la lectura y actualización del stock pasa a ser responsabilidad del siguiente eslabón en cada movimiento. Sin embargo, no todas las miradas son coincidentes. El productor de cría de la localidad bonaerense de Navarro Augusto Mc Carthy expresó una postura crítica, centrada no en la tecnología sino en la obligatoriedad. Desde su perspectiva, el principal problema es que el productor de cría asume el costo de la trazabilidad sin recibir un beneficio directo. El eventual plus de precio asociado a mercados que exigen trazabilidad no vuelve al que hace la inversión inicial, advierte. Además, sostiene que al imponer la trazabilidad a todo el rodeo nacional se elimina cualquier incentivo económico: En un esquema voluntario, los compradores que necesitan animales trazados deberían pagar un diferencial, lo que estimularía una adopción genuina y progresiva, dice. A esto suma cuestionamientos a la carga burocrática y a la percepción de que la medida termina favoreciendo a los proveedores de tecnología, con costos que, según señala, son más altos que en otros países. En una posición opuesta, aunque pragmática, se ubica el productor y cabañero Roque Cassini, con base en la localidad de Guaminí, sudoeste de Buenos Aires, quien ya tiene toda su hacienda identificada electrónicamente. A la larga va a terminar beneficiando a todos, porque el mundo exige la trazabilidad de lo que compra, afirma, y traza un paralelismo con otras demandas crecientes, como la certificación racial. Cassini reconoce que en zonas más inhóspitas la implementación puede ser más compleja, pero considera que el sistema es clave para agregar valor y seguir desarrollándose como país exportador. En ese sentido, plantea que el Estado debería acompañar el proceso con financiamiento para aquellos productores que tengan mayores dificultades para afrontar la inversión inicial. Una mirada más estructural es la del empresario Miguel Achaval, del grupo Juramento, con fuerte presencia en el norte del país, quien pone el foco en el fin sanitario de la trazabilidad. Siempre creí que la trazabilidad individual es y será sanitaria, sostiene, y advierte que con el tiempo se la cargó de expectativas comerciales que no siempre se cumplen. Achaval relativiza la idea de que la identificación individual sea condición indispensable para acceder a los mejores mercados, y recuerda que Estados Unidos, principal exportador mundial, no cuenta con un sistema obligatorio de ese tipo sino que tiene trazabilidad por lote. Aun así, reconoce que el avance tecnológico especialmente con chips volvió a la trazabilidad mucho más sencilla de aplicar, y propone un enfoque práctico: Ya está definido, la ley sale y hay que ir para adelante. La pregunta es qué puedo hacer para que me sirva. Achaval es crítico de ciertos usos que considera erróneos, como pretender medir la performance productiva individual a partir de la caravana electrónica. Ganancia de peso no es sinónimo de conversión, remarca, y señala las enormes dificultades técnicas que implica obtener datos precisos en animales rumiantes. Para él, uno de los aportes más valiosos del sistema está en la posibilidad de trazar tratamientos sanitarios y medicinales, e incluso abrir debates pendientes, como el de la aprobación de uso de los promotores de crecimiento, segmentando claramente sistemas productivos y destinos comerciales, tal como hace por ejemplo Australia. Finalmente, el empresario plantea que el verdadero trasfondo del debate excede largamente a la trazabilidad. Nuestra gran competencia en la Argentina es la informalidad, dispara. Mientras existan circuitos informales altamente rentables -advierte-, cualquier mejora será marginal. En ese contexto, la trazabilidad electrónica aparece como una herramienta más dentro de un desafío mucho mayor: ordenar el sistema, reducir la informalidad y lograr que la eficiencia productiva también sea económicamente viable. Así, según Achaval, la nueva exigencia no solo redefine la operatoria ganadera, sino que expone tensiones estructurales que el sector arrastra desde hace décadas. A ese abanico de posiciones se suma el mensaje oficial del Senasa, que buscó llevar tranquilidad al sector productivo y despejar temores operativos. Desde el organismo sanitario remarcaron que la premisa central del nuevo sistema fue mantener el mismo esquema operativo que el productor ya conocía. En la práctica, la compra de caravanas continuará realizándose a través de las veterinarias o distribuidores habituales, sin cambios en ese aspecto. La diferencia estará en la forma de declarar la identificación, que podrá hacerse por tres vías: mediante autogestión a través de la aplicación oficial que redirecciona la información al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa); desde una computadora, cargando los datos de manera directa; o bien con asistencia presencial en las oficinas sanitarias, una opción pensada especialmente para quienes no tienen acceso a Internet o no están familiarizados con herramientas digitales. Otro punto clave del rediseño, según Senasa, fue evitar que los cerca de 240.000 productores ganaderos del país se vean obligados a comprar lectores electrónicos. Para eso, se definió que la lectura de las caravanas electrónicas se realice en destino y no en el establecimiento de origen. De este modo, la obligación de contar con lectores recaerá sobre quienes cierran el Documento de Tránsito Electrónico (DTe): ferias, consignatarios, invernadores, feedlots, frigoríficos y el Mercado Agroganadero (MAG). Con este esquema, el organismo busca reducir costos en el primer eslabón de la cadena y facilitar la adopción del sistema, reforzando la idea de que la trazabilidad electrónica no debe convertirse en una barrera, sino en una herramienta gradual de ordenamiento sanitario y productivo. En el caso de los frigoríficos, la resolución obliga a declarar todos los dispositivos electrónicos al ingreso de los animales; recuperar, desactivar y destruir los chips después de la faena; y reportar de inmediato cualquier inconsistencia al servicio de inspección veterinaria. El texto establece además que, si un microchip no es recuperado tras la faena, la porción de carne correspondiente deberá ser declarada no apta para consumo. Por su parte, los remates feria también deberán declarar los dispositivos de los animales ingresados y notificar al Senasa cualquier irregularidad detectada. Fuente: Clarín Rural
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