29/12/2025 13:05
29/12/2025 13:05
29/12/2025 13:05
29/12/2025 13:05
29/12/2025 13:04
29/12/2025 13:02
29/12/2025 13:02
29/12/2025 13:01
29/12/2025 13:01
29/12/2025 13:01
» Santo Tome al dia
Fecha: 29/12/2025 11:15
La causa judicial por la mansión de Pilar, presuntamente vinculada al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, suma nuevos movimientos. Este lunes, Ana Lucía Conte (jubilada) y su hijo Luciano Pantano (monotributista), ambos señalados como presuntos testaferros, realizarán un descargo ante la Justicia por videoconferencia. Las declaraciones fueron dispuestas por el juez federal Marcelo Aguinsky, quien, según trascendió, aún no cuenta con pruebas suficientes para formular una acusación concreta, pero avanza con las diligencias para esclarecer a quién pertenece realmente la lujosa vivienda. La propiedad en cuestión, ubicada en el exclusivo barrio Ayres Plaza de Pilar, habría sido adquirida por Toviggino en 2023 a través de un intermediario, según una investigación iniciada tras la denuncia del legislador porteño Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica. El inmueble fue comprado por US$1,8 millones a través de la firma Real Central SRL, vinculada a Conte y Pantano, y a su vez relacionada con Mauro Javier Paz, exdirector de Fútbol Femenino de la AFA. En el expediente, la Justicia analiza los cambios sucesivos en la titularidad del inmueble, lo que podría configurar una maniobra para ocultar al verdadero dueño. En diciembre de 2021, Luciano Pantano figuraba como propietario/residente de la mansión, mientras que en enero de 2023 la titularidad pasó a Diego Fabián Pantano, bajo la misma categoría. Además, la hija de Pablo Toviggino aparece en registros como propietaria o residente del mismo inmueble, lo que para los investigadores constituye otro indicio clave de la posible vinculación directa entre el tesorero de AFA y los titulares formales de la vivienda. El levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal sobre Toviggino, ordenado recientemente por la Justicia, se enmarca en esta misma causa, que busca determinar el posible uso de prestanombres para ocultar patrimonio.
Ver noticia original