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Fecha: 29/12/2025 09:55
Fue en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de MinerÃa, EnergÃa y Combustibles del Senado de la Nación que, en un trámite exprés que llevó solo dos dÃas, dictaminó la iniciativa del oficialismo a pesar del contundente rechazo. No obstante, el tratamiento parlamentario del proyecto se retomará recién a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habÃan anunciado que ingresarÃa al recinto el próximo 26 de diciembre. Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mÃnimos y fragmentar criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua. Advirtieron, además, que avanzar con una reforma de estas caracterÃsticas sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental, en un contexto de crisis climática e hÃdrica que exige fortalecer las polÃticas públicas de protección y no debilitarlas. En esta lÃnea, Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales. En primer lugar, reduce el área de protección glaciar que conviene recordar actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos de megaminerÃa de alta montaña que hoy se encuentran expresamente prohibidos. En segundo término, otorga a las provincias la facultad de decidir qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, desmantelando asà el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el paÃs establecido por la Constitución Nacional. A esto Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina señaló que cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan, y advirtió que plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión cientÃficamente incorrecta. En ese sentido, remarcó que los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática. Las organizaciones alertaron que las modificaciones propuestas no persiguen mejorar ni ampliar la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática, sino responder a las demandas del sector minero, tal como surge de manera explÃcita de los considerandos del propio proyecto. En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordó a los senadores que las leyes de presupuestos mÃnimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mÃnimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los rÃos? ¿Por la Ley General del Ambiente? Por otra parte, las organizaciones cuestionaron la escasa participación en el debate y la celeridad (solo dos dÃas) con la que los senadores dictaminaron el proyecto de modificación, a lo que sumaron la irregularidad de la falta de consultas previas a especialistas para elaborar la nueva iniciativa. Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina consideró que es inadmisible que el proyecto adolezca de consulta previa con el Instituto Argentino de NivologÃa, GlaciologÃa y Ciencias Ambientales (IANIGLA), institución de excelencia cientÃfica, referida por la legislación actual para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares. La minerÃa responsable es posible, y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial, como promueve el proyecto de ley que ya cuenta con dictamen positivo a pesar de todas las voces que advirtieron sus falencias técnicas y legislativas. En el mismo sentido, Eugenia Testa, directora del CÃrculo de PolÃticas Ambientales (CPA) agregó que el proceso legislativo y la elaboración previa del proyecto evidencia una fuerte injerencia sectorial. Hay una clara captura de una polÃtica pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, que intervino directa o indirectamente a través de un grupo de gobernadores. Finalmente, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas destacó que las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres, y agregó: los flujos de inversión más importantes van a los paÃses con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés. De acuerdo con las organizaciones, lo que intenta hacer el proyecto de ley es alterar una ley general para hacerla encajar con algunos proyectos mineros que, bajo el régimen vigente, no podrÃan desarrollarse. Lejos de generar la seguridad jurÃdica que se invoca en favor de los inversores, esta reforma tendrá el efecto contrario: profundizará la incertidumbre normativa y agravará la ya frágil licencia social para operar. Al plantear su rechazo al proyecto, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hÃdrica del paÃs. En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse, remarcaron. Las organizaciones que participaron de la reunión conjunta de comisiones son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, CÃrculo de PolÃticas Ambientales (CPA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y Fundación Vida Silvestre Argentina. También participaron de la reunión el director del Instituto Argentino de NivologÃa, GlaciologÃa y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Pablo Villagra, Gabriela González Trilla de Ecosistemas azules-CONICET, Laura Isla Rafaele del CONICET, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN).
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