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» Clarin
Fecha: 29/12/2025 06:20
Una de las consecuencias del calentamiento global es la elevación del nivel del mar y las preocupaciones que suscita en relación con el mantenimiento de los derechos de los Estados sobre sus espacios marítimos, la continuidad del Estado mismo, y la protección de las personas que podrían verse afectadas y desplazadas. Según fuentes oficiales, el nivel del mar a lo largo de la costa estadounidense se elevará en promedio entre 25 y 30 cm en los próximos 20 años, lo que equivale a la elevación total medida en los últimos 100 años. La región del Pacífico está experimentando una elevación superior al promedio global que es de 3,4 mm por año, siendo Kiribati, Tuvalu e Islas Marshall los países insulares más vulnerables. Esos y otros países podrían desaparecer en las próximas décadas. En 2014 Kiribati compró tierras en Fiyi con la aparente intención de relocalizar allí a su población en caso de quedar sumergido. Y en 2023 Australia acordó acoger a la población de Tuvalu en riesgo de desplazamiento forzado (Tratado de la Unión Falepili). Tuvalu está creando además una nación digital para preservar su cultura e historia y donde los tuvaluanos puedan conectar entre sí. En nuestra región, Bahamas es el país más amenazado por la baja elevación de sus costas y el alto riesgo de huracanes y tormentas tropicales. Pero el sumergimiento no es la única consecuencia. La elevación del mar causa la salificación del suelo, afectando la vegetación y las reservas de agua necesarias para la agricultura y el consumo humano, con lo que zonas enteras podrían devenir inhabitables. Argentina no corre riesgo de quedar sumergido, pero con un litoral marítimo de 7.750 km (11.235 km si se suma la Antártida argentina e islas del Atlántico Sur) no está exento de amenazas. En mayo de 2025, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, cuyo mandato consiste en el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, presentó el informe final consolidado de su Grupo de Estudios sobre La elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional que contiene las conclusiones arribadas luego de un profundo análisis que relevó la práctica y la opinión de los Estados y otros elementos relevantes. La primera conclusión, sobre la que ha surgido un importante consenso entre los Estados, es que la elevación del mar no modifica en principio el límite exterior de los espacios marítimos sobre los que el Estado ribereño ejerce derechos soberanos o jurisdicción. Se estima que la preservación de los espacios marítimos establecidos por el Estado de conformidad con el derecho internacional favorece la estabilidad jurídica y evita conflictos. De lo contrario, terceros Estados se beneficiarían a costas del Estado ribereño, por ej. buques extranjeros podrían pescar en parte de la zona económica exclusiva actual de Argentina, convertida en alta mar (donde rige la libertad de pesca) por efecto de la elevación del nivel del mar. Ello perjudicaría seriamente a Argentina que posee un extenso litoral marítimo. La segunda conclusión es que un Estado no pierde su condición (no deja de existir) por el solo hecho de que su territorio terrestre quede sumergido o devenga inhabitable como consecuencia de la elevación del nivel del mar. Entre otros corolarios, la condición de Estado es esencial para conservar los espacios marítimos jurisdiccionales y está vinculada con la posibilidad de que se produzcan situaciones de apatridia (pérdida de la nacionalidad) de hecho. Otras alternativas incluyen la cesión de territorio, la asociación o unión con otros Estados donde la población se haya relocalizado, o algún esquema sui géneris. La tercera conclusión es que los marcos jurídicos internacionales actuales son aplicables en general a las personas que permanecen en el lugar o que deben desplazarse por el nuevo fenómeno. La elevación del nivel del mar puede perjudicar el disfrute de derechos humanos protegidos por convenciones internacionales (y regionales), especialmente las relativas a personas y grupos ya vulnerables, comprendidos el derecho a la vida, a una vivienda adecuada, al agua y la alimentación y al respeto a la identidad cultural. Los instrumentos existentes podrían empero desarrollarse de forma más específica, coherente y completa para proteger efectivamente a las personas afectadas. Otras conclusiones incluyen el deber internacional de cooperar y la importancia de tener en cuenta consideraciones de equidad para hacer frente a los efectos de la elevación del nivel del mar. La Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de la ONU, ha confirmado los hallazgos de la Comisión de Derecho Internacional en relación con las implicancias de la elevación del nivel del mar en su opinión consultiva de julio de 2025. El informe de la Comisión y la opinión de la Corte son el resultado de un esfuerzo concertado de los Estados más afectados, con el apoyo de numerosos otros Estados y la sociedad civil, tendiente a concientizar sobre la elevación del nivel del mar, y ha incluido opiniones consultivas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dictada en mayo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en julio de 2025 y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos solicitada en mayo de 2025. Asimismo, desde 2023 el Comité Jurídico Interamericano de la OEA está estudiando la cuestión desde una perspectiva regional. Ello muestra la esperanza que la comunidad internacional continúa depositando en el derecho y la justicia internacionales y su potencial para contribuir a resolver problemas. Sobre la firma Newsletter Clarín
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