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» Comercio y Justicia
Fecha: 29/12/2025 06:16
El Gobernador cerrará el año impulsando un profundo cambio en el Código de Convivencia que se vota hoy en la Unicameral. Incluye la prohibición de la actividad de limpiavidrios y fuertes restricciones para los naranjitas, entre otros puntos. En paralelo, también hoy se publicará la reglamentación de la emergencia previsional. Gremios marchan contra el ajuste a activos y pasivos. Mientras, al 30 de septiembre, las cuentas públicas provinciales acusaban el impacto de la crisis. El rojo de la Caja se disparó a $203 mil millones. ¿Cómo le fue a la Apross? El gobernador Martín Llaryora cierra el año con el acelerador a fondo, propio de la impronta de un año impar signado por un proceso electoral previo, impulsando cambios en áreas claves y con un contexto de las cuentas públicas no ajeno a la crisis que golpea todavía a buena parte de la economía argentina. A horas que concluya 2025, Llaryora ya tiene en su haber la emergencia previsional por cinco años con posibilidad de prórroga por cinco años más, que lo faculta a aumentar los aportes de los activos, mejorar las prestaciones de los que menos cobran y planchar las jubilaciones más elevadas. La reglamentación de la ley entrará en vigencia hoy tras la publicación en el Boletín Oficial. No habrá sorpresas, dijo a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo, en alusión a que el texto aclaratorio para la entrada en vigencia de los cambios previsionales y que también involucra a los activos incluya alguna diferencia sustancial respecto a lo que adelantó el Gobernador días atrás. Como fuere, la norma y su texto reglamentario implican un profundo cambio para activos y pasivos que aportan o que son beneficiarios de alguna prestación de la Caja de Jubilaciones. Así lo entendieron los gremios estatales. Hoy marcharán los 14 sindicatos del sector público en contra del ajuste previsional. No es seguro que en el futuro cercano la movilización vaya a contar con todos los gremios. Los cambios previsionales fueron diseñados con una lógica redistributiva, esto es quienes más aportan solventarán la mejora de las prestaciones de los que menos ganan. Conclusión: sectores como los docentes o empleados públicos enrolados en el SEP tendrán más beneficios que perjuicios. Difícil entonces explicarle a las bases que deben movilizar en pleno enero con el receso estival que anestesia cualquier ánimo de marchar por una consigna que les resultará ajena. Por el contrario, bancarios, Luz y Fuerza, Suoem y judiciales aparecen como los perjudicados y quienes, aún bajo el tórrido sol de enero, prometen aguarle el triunfo político a Llaryora. Casi con la misma impronta, esto es sumar proyectos, medidas de ajuste o decisiones que devengan en algún grado de impacto político negativo, Llaryora envió el viernes pasado a la Unicameral un proyecto con contundentes cambios al Código de Convivencia que se votarán hoy en la última sesión de la Unicameral y que ya generaron numerosos cuestionamientos, por ejemplo de la Pastoral Social de Córdoba que reclamó no criminalizar la pobreza, en relación a los alcances de la norma que se busca aprobar. Los inocentes del año impar La estrategia política no es nueva pero igual Llaryora sabe que es efectiva: cualquier proyecto o medida que implique un costo político de mayor o menor envergadura, debe ser dispuesto en los días siguientes a una elección ya sea para renovar cargos ejecutivos y legislativos en la provincia como diputados o senadores nacionales en las elecciones nacionales de medio término. Hay excepciones pero que en todo caso obedecen a la misma regla. Las aplicó el propio Llaryora como intendente de Córdoba y también Juan Schiaretti en su última gestión como Gobernador. En plena cuarentena dura por la pandemia, en 2020, Schiaretti logró que la Legislatura votara un fuerte ajuste previsional. No hubo resistencia gremial. Estaba prohibida la circulación pública por el Covid. Llaryora no le fue en zaga y aprovechó la cuarentena para poner en caja a algunos gremios como el Surrbac o el Suoem aunque en este último caso fue sólo de manera circunstancial. Año impar o coyuntura favorable, da lo mismo. Ahora bien, si los cambios caen justo el Día del Inocente, es pura coincidencia de calendario. En 2023, a poco de asumir, el Gobernador logró que la Legislatura le votara un 28 de diciembre, una ley de ajuste previsional, la enésima en la historia de Córdoba. Este año no será el caso. El Día del Inocente fue ayer y hoy la Legislatura votará los cambios en materia de seguridad. Mano dura, el día después de la efeméride pero al fin y al cabo cumpliendo la regla del año impar y si es al filo de enero mejor todavía. Después habrá tiempo para remontar el eventual costo político, evaluar daños y encarar un 2026 con envión para el año electoral que sigue. Código de Convivencia Respecto a los cambios al Código de Convivencia, se tratarán hoy en la última sesión del año de la Unicameral. Será otra sesión maratónica porque no será ese el único tema ríspido para debatir. El tratamiento de las modificaciones al Código de Convivencia estuvo en suspenso durante buena parte del año. Siete proyectos con estado parlamentario -de legisladores oficialistas y opositores- no fueron abordados en el año. Sin embargo, al cierre del ejercicio legislativo y sin mayor chance para debatir un tema que importa un análisis serio y medido, el Ejecutivo envió el viernes al parlamento el proyecto con los cambios que pretende. La presidenta de la Comisión de Seguridad, Nadia Fernández, será la encargada de conducir el debate que se presagia tenso. El eje pasa por dos temas claves: los naranjitas y los limpiavidrios. En el primer caso, se mantiene la exigencia de habilitación municipal, pero se elimina una cláusula clave del Código vigente y ya no habrá excepción cuando el pago sea voluntario. Sólo podrán ejercer quienes estén autorizados, con sanciones que pueden llegar a 50 unidades de multa, arresto o trabajo comunitario, penas que se duplican en inmediaciones de espectáculos masivos. En el segundo caso, la reforma prohíbe expresamente la limpieza de vidrios en la vía pública, aun sin mediar pedido del conductor. Pero el alcance del proyecto va más allá. Introduce el concepto de reiterancia como agravante, redefine plazos de prescripción, habilita decomisos y suma nuevas contravenciones vinculadas a seguridad vial, ambiente y orden urbano. Aparecen sanciones más duras para fiestas clandestinas, basurales ilegales, uso del celular al conducir y disposición indebida de residuos, con la obligación de recomposición ambiental. También se incorpora un artículo que sanciona a padres o responsables que no cumplan con la vacunación obligatoria de menores. Mano dura para algunos. Ordenar el espacio público para otros, en este caso del oficialismo. En paralelo, ingresará al recinto una reforma a la Ley de Tránsito que incluye por ejemplo, la chance de sumar tecnología para multas de la Caminera. Incluye radares para medir el exceso de velocidad pero también drones para observar un paso en doble línea amarilla. Tironeos en cargos claves En paralelo, la Unicameral tratará otro tema espinoso: la designación de las autoridades de la flamante Procuraduría Penitenciaria, el organismo que administrará las cárceles provinciales. Al frente quedará Croppi, hasta ahora fiscal General Adjunta, acompañada por tres adjuntos. Sólo uno de ellos, el fiscal Iván Rodríguez, tiene trayectoria judicial. El resto de la estructura responde abiertamente a acuerdos políticos: la peronista Guadalupe Trillo y Florencia Degano, ligada al esquema del Tribunal de Cuentas municipal y a la rosca legislativa. El diseño institucional agrega ruido ya que los adjuntos de la Procuraduría Penitenciaria, al igual que los fiscales y defensores generales adjuntos, acceden a cargos vitalicios, mientras que los jefes de esas áreas tienen mandatos acotados. La posición de la iglesia Católica Respecto a los cambios al Código de Convivencia, ayer se conoció un pronunciamiento de la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba, que advierte sobre el apuro del Gobierno en votar el proyecto. La iglesia Católica cuestiona que un tema que afecta a tantas personas se discuta entre gallos y medianoche, en el cierre de un año socialmente agotador, sin instancias reales de escucha ni participación amplia. El foco del documento está puesto en los puntos más sensibles del proyecto, como el tratamiento de los naranjitas, los limpiavidrios y la figura de merodeo, una tipificación histórica y reiteradamente cuestionada. La iglesia no niega la existencia de abusos, extorsiones ni delitos asociados a estas prácticas; pero advierte contra una generalización que termina colocando bajo sospecha a quienes encuentran en la calle su única forma de subsistencia. El texto habla de la portación de rostro y el contexto de pobreza estructural que atraviesa a buena parte de la sociedad. El cierre del texto recurre a una imagen contundente: el muro de la vergüenza que el papa Juan Pablo II vio en Santo Domingo, construido para ocultar a los barrios pobres. Superávit simbólico Por lo demás, todo el paquete de proyectos y medidas que se aprobaron o que se debatirán hoy en el cierre del año legislativo, se concretan en momentos en que la situación de las cuentas públicas de Córdoba encienden luces amarillas. La ejecución presupuestaria al 30 de septiembre es una película que Llaryora y el ministro de Economía, Guillermo Acosta, ya conocen hace rato. De hecho, en la proyección del cierre del ejercicio 2025 para elaborar la ahora ley de Presupuesto 2026, ya había algún indicio sobre la situación. No obstante, ahora los números lo corroboran: un deterioro progresivo de los principales indicadores de la evolución de las cuentas públicas. El ahorro corriente cayó en términos nominales, ni hablar de a valores constantes. La inversión en obra pública subió 67%, esto es más que la inflación. Sin embargo, aún lejos está de aquellos valores récord de años anteriores. Para volver a aquellas épocas habrá que esperar que se abran los mercados externos para fondearse con un bono bajo ley extranjera. Finalmente, los gastos totales crecieron 18 puntos por encima de los ingresos totales. Conclusión: el superávit financiero cerró en apenas 440,7 millones de pesos, casi simbólico y la mitad que el año pasado. Deuda, Caja y Apross Párrafo aparte para la deuda pública de Córdoba. Al 30 de septiembre alcanzó 3,24 billones de pesos, 1,2 billón más que un año atrás. En cuanto a la situación de la Caja de Jubilaciones, el rojo llegó a 203,4 mil millones de pesos. Por el contrario, la Apross arrojó un superávit de 15.726 millones de pesos.
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