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  • Se incrementó en Tucumán la concurrencia a los Juzgados de Paz

    » La Gaceta Tucuman

    Fecha: 29/12/2025 03:49

    Una Justicia de cercanía. Además de ser ágil y transparente, este requisito se vuelve fundamental cuando hay sectores de la ciudadanía que no pueden acceder a la defensa de sus derechos. Una de las entidades que se viene fortaleciendo en ese camino en Tucumán es el de los juzgados de Paz, una red de 68 dependencias en toda la provincia que cumplen el rol de centros de atención primaria jurídica. En los últimos años hubo avances significativos que sin duda fueron beneficiosos. Mediante la descentralización de competencias clave, como la facultad de dictar medidas de protección en casos de violencia y la tramitación de alimentos y sucesiones, se derribaron las barreras geográficas y económicas que históricamente distanciaban a los ciudadanos de sus derechos fundamentales. Esta política de Estado, impulsada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, muestra resultados contundentes en su balance operativo reciente, según un informe al que accedió LA GACETA. Según los datos registrados por el Sistema de Administración de Expedientes (SAE), los pedidos de alimentos provisorios experimentaron un salto exponencial, pasando de un caso en 2022 a un total de 751 durante el año 2025. De igual modo, las medidas de protección de persona frente a situaciones de violencia de género e intrafamiliar crecieron de 16 actuaciones en 2022 a 517 en el último periodo analizado, lo que evidencia una confianza creciente de la comunidad en la respuesta inmediata que ofrecen estas dependencias locales. La expansión de las competencias no solo se limitó a cuestiones de urgencia familiar, sino que también alcanzó al ámbito civil y patrimonial con la incorporación de los procesos sucesorios en la Justicia de Paz. Desde agosto de 2025, esta nueva facultad permitió que los tucumanos inicien sus trámites hereditarios sin necesidad de trasladarse a los grandes centros judiciales: ya hubo 12 causas bajo esta modalidad. A esta labor se suma la actividad cotidiana de los juzgados, que durante 2025 diligenciaron 91.275 mandas judiciales y realizaron más de 2.800 actuaciones de registro civil, incluyendo matrimonios y reconocimientos. El soporte de este crecimiento prestacional, se informó, se asienta en un plan de infraestructura y modernización tecnológica que ya cuenta con 51 obras finalizadas en distintos puntos de la provincia. La creación de salas de audiencias multifueros y la garantía de conectividad digital plena han permitido que el Sistema SAE funcione en toda la red de justicia de paz, facilitando la consulta virtual y la tramitación directa de los expedientes. Esta integración digital asegura que un juzgado en el interior tenga los mismos estándares de prestaciones que una unidad en la capital. Plan de obras En términos de infraestructura específica durante 2025, el plan de obras incluyó la renovación integral del Juzgado de Paz de Cebil Redondo y avances significativos en las localidades de Acheral y Villa de Medinas, donde se trabajó respetando el patrimonio arquitectónico mientras se modernizaba su capacidad funcional. Asimismo, la Corte supervisó tareas de mantenimiento y ampliación en los juzgados de Teniente Berdina y Soldado Maldonado, sumado al lanzamiento de licitaciones para obras nuevas en Las Cejas y Ranchillos, entre otros. Estas intervenciones edilicias garantizan que la cercanía geográfica se traduzca también en una atención en espacios dignos y adecuados para la resolución de conflictos. La transformación se completa con un esquema de capacitación para los jueces y el personal, quienes ahora gestionan asuntos notariales y conciliaciones vecinales con herramientas de vanguardia. La visión de la Corte Suprema, encabezada en estas acciones por la vocal Eleonora Rodríguez Campos, apunta a una justicia cercana, simple y accesible que acorte distancias reales en el territorio. Con el módulo de demandas digitales ya operativo para el inicio de causas online, la Justicia de Paz de Tucumán avanza hacia un modelo de federalismo judicial que prioriza la atención inmediata del ciudadano.

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