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» Tiempofueguino
Fecha: 29/12/2025 03:46
Por Natalia Jañez La aprobación del artículo 30 del Presupuesto 2026 no fue un episodio más del trámite legislativo. La decisión de derogar las leyes que establecían pisos mínimos de inversión en educación, ciencia, educación técnica y defensa introduce un cambio de fondo en la relación entre el Estado, el Presupuesto y las políticas públicas de largo plazo. Hasta ahora, esos pisos legales funcionaban como un límite a la discrecionalidad presupuestaria. No garantizaban por sí solos mayores niveles reales de inversión, pero sí ofrecían un marco de previsibilidad: obligaban al Estado a sostener, al menos en términos formales, determinadas prioridades más allá del gobierno de turno. Con su eliminación, el Presupuesto gana flexibilidad, pero pierde anclajes normativos. El argumento oficial que respaldó el artículo 30 se apoya en una idea central: la necesidad de evitar rigideces en un contexto de ajuste fiscal. Desde esta perspectiva, los porcentajes fijados por ley son vistos como compromisos difíciles de cumplir bajo una restricción presupuestaria severa y como una fuente permanente de tensión entre las metas fiscales y las demandas sectoriales. Sin embargo, el cambio aprobado excede la discusión sobre el ordenamiento de las cuentas de un año puntual. Al derogar las normas que fijaban mínimos de inversión, el Congreso redefine el modo en que se concibe la planificación estatal. Educación, ciencia y defensa dejan de contar con un resguardo legal específico y pasan a competir, año a año, por recursos en un escenario dominado por la urgencia fiscal. En el sistema científico y universitario, la eliminación del sendero de crecimiento previsto por la Ley 27.614 implica abandonar una lógica de financiamiento progresivo orientada a consolidar capacidades. En educación técnica, la pérdida de un fondo específico impacta sobre un sector históricamente vinculado a la formación para el trabajo. En defensa, la derogación del Fondo Nacional de la Defensa debilita un esquema pensado para sostener inversiones plurianuales, un aspecto clave en materia de equipamiento militar. La votación en el Senado reflejó esta tensión. El artículo 30 fue aprobado por una mayoría amplia, pero con una oposición significativa que no se limitó a cuestionar el contenido, sino que puso el foco en el precedente institucional: desarmar compromisos legales vigentes en áreas estratégicas. El debate fue menos técnico que político: cuánto margen debe tener el Ejecutivo para definir prioridades sin ataduras y qué rol le corresponde al Congreso en la protección de políticas de largo plazo. A partir de 2026, el impacto del artículo 30 dependerá menos de la letra de la ley que de las decisiones que se adopten en cada presupuesto anual. La eliminación de los pisos no implica necesariamente un recorte automático, pero sí habilita escenarios de mayor volatilidad en la asignación de recursos. En ese sentido, el artículo 30 funciona como un test sobre el modelo de Estado que se busca consolidar: uno más flexible, capaz de ajustar rápidamente el gasto, o uno con compromisos normativos que trascienden la coyuntura fiscal. La respuesta no está en la norma aprobada, sino en el uso que se haga de ella. Y ese será, probablemente, el eje del debate político en los próximos años.
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