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» Diario Cordoba
Fecha: 29/12/2025 03:26
El Gobierno ultima el paso definitivo para diseñar el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, y al mismo tiempo estudia la petición de las grandes eléctricas propietarias de la planta cacereña de aplazar su clausura y ampliar su funcionamiento hasta 2030, frente a la desconexión prevista de sus dos reactores en 2027 y 2028. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, analizará la solicitud de Iberdrola, Endesa y Naturgy -que comparten accionariado en Almaraz- para prolongar la central, pero también tiene que avanzar en los trámites para preparar la clausura en las fechas previstas porque es el escenario actualmente vigente. Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos y la demolición de las plantas, puso en marcha la licitación del contrato millonario para diseñar los trabajos de desmontaje de la central nuclear. La sociedad pública buscaba empresas especializadas para realizar los estudios y la ingeniería de diseño, de los proyectos de obra y de preparación de la documentación para conseguir la autorización del desmantelamiento de la central de Almaraz. Tras una accidentada licitación (con una prolongadísima fase de anuncio previo, con una ampliación de plazos para que no quedara desierta, con la exclusión de uno de los candidatos), ahora el proceso ya ha quedado listo para dar el último paso. El grupo estatal ya ha aprobado el informe final de valoración de la oferta del único candidato que quedaba y ha propuesto a la mesa de contratación que ejecute la adjudicación. Está todo listo, y el cierre del contrato ya se realizará a principios de 2026, según confirman fuentes conocedoras del procedimiento a EL PERIÓDICO, por un importe final de 27,4 millones de euros (impuestos incluidos). Una vieja conocida de Almaraz Enresa, orgánicamente dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, se dispone a concretar la adjudicación para pilotar la demolición de Almaraz al consorcio integrado por Westinghouse Electric, uno de los grandes grupos industriales históricos del sector nuclear, y la corporación española Empresarios Agrupados Internacional. La estadounidense Westinghouse es una vieja conocida de la central nuclear cacereña, tras haber participad con un papel protagonista en su consturcción y en su puesta en marcha en la década de los setenta y los primeros ochenta del siglo pasado. El grupo norteamericano fue el encargado de diseñar y suministrar el corazón de la central cacereña, sus dos reactores, y también se ocupó de facilitar los alternadores y la primera carga de combustible nuclear para poner en marcha la central (Almaraz I en 1981 y Almaraz II en 1983). El Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) establece que Enresa debe iniciar las labores previas a los desmantelamientos entre tres y preferiblemente cinco años antes de la fecha de cese definitivo. Y es conforme a estos plazos por los que la compañía pública arrancó las actividades para el desmantelamiento y la preparación de la documentación reglamentaria para la futura solicitud de autorización de desmontaje de Almaraz, dado que los cierres de los reactores están previstos actualmente para 2027 y 2028 (a la espera de saber si finalmente las eléctricas propietarias consiguen el ok del Gobierno un eventual aplazamiento de la clausura hasta 2030). Enresa ha estado trabajando con las propietarias de la central en la recopilación de la información necesaria para el diseño del proyecto, y ahora ultima la primera gran contratación de los servicios de ingeniería para el desmantelamiento. Diseñar el cierre, ¿aplazar el cierre? Las grandes eléctricas buscan salvar del cierre a la central nuclear de Almaraz. Iberdrola, Endesa y Naturgy enviaron al Gobierno hace dos meses la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central. Y el Ejecutivo reenvió la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como responsable de analizar las condiciones de seguridad nuclear que debe cumplir la planta para prolongar su funcionamiento. Primero debe pronunciarse el supervisor nuclear, y luego decidirá el Ministerio para la Transición Ecológica si aprueba la petición de las eléctricas. El CSN de momento lo que ha hecho es pedir a Iberdrola, Endesa y Naturgy más información de carácter técnico para estudiar la prórroga de la central nuclear de Almaraz, y les ha dado un plazo de sólo dos meses para facilitarla. El regulador dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud de prórroga de la central cacereña, según el reglamento vigente. Pero algunas fuentes familiarizadas con el proceso apuntan a que previsiblemente el análisis del supervisor será rápido, dado que la última revisión periódica de seguridad (RPS) que superó la central se extiende hasta 2030, precisamente la fecha hasta cuando las plantas han solicitado ampliar la vida de la planta. Justo a la vez que las compañías pedían posponer el cierre, también tuvieron que enviar de manera simultánea al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación para ir preparando el cierre, para cumplir con los plazos legales del proceso oficial de cese de actividad según el calendario previsto. La normativa obligaba a las empresas a remitir la información al supervisor antes del 1 de noviembre (justo dos años antes de que la fecha programada de cierre para el primero de los reactores, Almaraz I). Tras meses de tira y afloja entre el Gobierno y las eléctricas, en los que las compañías buscaban garantías de que conseguirían una rebaja de impuestos para sus centrales nucleares (que nunca llegaron), Iberdrola, Endesa y Naturgy fueron retrasando la solicitud oficial de ampliar la planta. Una demora que ha hecho que finalmente las empresas hayan presentado a la vez la petición de salvar la planta y la documentación obligatoria para cerrarla. El Consejo de Seguridad Nuclear, no obstante, en los próximos meses sólo estudiará la petición de ampliación de vida de la central nuclear de Almaraz y dejará aparcado de momento el expediente de cese de la planta, como adelantó este diario. El supervisor entiende que el encargo formal de que dispone actualmente del Gobierno es únicamente el de analizar los requisitos técnicos la prórroga de la autorización, tras reenviarle la solicitud de las eléctricas, y que son esos trabajos a los que les debe dar prioridad. 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