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» Diario Cronica
Fecha: 28/12/2025 22:50
Investigan una millonaria red de corrupción por comida en mal estado en la cárcel de Ezeiza Rubén C., quien recuperó su libertad el mes pasado tras tres años en el pabellón LGBT de Ezeiza, describió un panorama desolador sobre la comida recibida por los 2,000 detenidos del penal de máxima seguridad. Según su relato, la dieta consistía habitualmente en polenta con salsa blanca sin proteínas o fideos con olor a cucaracha. En las escasas ocasiones en que se servía carne o pollo, las porciones no superaban los 60 gramos y consistían mayormente en cartílagos o carcasas. El exdetenido presentó más de 10 habeas corpus denunciando el hallazgo de "cuerpos extraños" en las viandas, tales como clavos, mechones de pelo, cucarachas y cintas de embalar. Esta situación se agrava para internos con patologías como diabetes o problemas cardiovasculares, quienes dependen de una alimentación específica que el penal no provee, obligando a las familias a costear medicamentos y alimentos a precios excesivos en la "cantina" interna. Un negocio millonario bajo sospecha La investigación, liderada por el juez federal Federico Villena, estima que la empresa adjudicataria factura 17,000 pesos por cada plato entregado. Con tres viandas diarias por persona, el negocio asciende a 102 millones de pesos por día, lo que representa unos 37,230 millones de pesos anuales (aproximadamente 24.8 millones de dólares). A pesar de que el costo por menú equivale al de un restaurante ejecutivo, los análisis realizados por la ANMAT en diversos meses de 2023 confirmaron que la comida no es apta para consumo humano. Se detectó la presencia de bacterias como Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Bacillus cereus, indicadores de una grave falta de higiene y manipulación inadecuada. El propio juez Villena sufrió una intoxicación tras probar una de las viandas secuestradas. Maniobras empresariales y el rol del SPF La pesquisa judicial reveló que, tras prohibirse la operación de la firma Food Rush S.A. por irregularidades, la nueva adjudicataria, Biolimp, funcionaría como una pantalla de la anterior. Ambas compañías compartirían empleados, camiones y domicilios fiscales. La sospecha de connivencia alcanza al director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez. Durante un reciente allanamiento en sus oficinas, Martínez entregó un teléfono antiguo y afirmó haber "perdido" su dispositivo actual apenas una hora antes del procedimiento, según el rastro de las antenas de telefonía. Además, el funcionario se desplazaba en un vehículo a nombre de Enrique Antequera, vinculado a la causa de "La Salada". Ocultamiento y presión a los internos De acuerdo a los testimonios, el personal penitenciario implementaba estrategias para ocultar la realidad a los organismos de control. Rubén C. afirmó que las viandas de mala calidad se distribuían solo cuando los representantes de la Procuración Penitenciaria se retiraban, y que se ofrecían beneficios o trabajos a los presos a cambio de no denunciar. En otros casos, el temor a traslados hacia cárceles alejadas de sus familias funcionaba como método de silenciamiento para quienes pretendían reclamar por sus derechos básicos. Con información de Infobae.
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