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Fecha: 28/12/2025 15:32
Privatización de rutas: Javier Milei emplazó a las empresas a que pongan la plata y arranquen la concesión La fecha límite es el 15 de enero. Si no pueden, llamarán a las empresas que quedaron segundas. Los créditos prometidos del BICE y los peajes que vuelven. Preocupado por las demoras que no figuraban en sus planes y complican las próximas licitaciones, el gobierno de Javier Milei emplazó a las constructoras que se quedaron con las primeras concesiones viales para que se hagan cargo antes del 15 de enero del puente Rosario-Victoria y la autovía del Mercosur. Las intimaciones remitidas por Vialidad Nacional recayeron sobre la UTE integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, que se adjudicó la conexión Rosario-Victoria, y sobre la firma Autovía Construcciones y Servicios (ACS), del grupo Cartellone. Esta empresa fue la ganadora del Tramo Oriental de la privatización, que abarca la autovía del Mercosur sobre las rutas nacionales 12 y 14, el puente ZárateBrazo Largo y el acceso al paso fronterizo Paso de los LibresUruguayana. En la agenda oficial, el inicio de las concesiones estaba pautado para el 15 de diciembre. Tal como contó Letra P, las constructoras no lograron resolver a tiempo los problemas de financiamiento que enfrentan ni completar los trámites legales vinculados al armado de las nuevas sociedades concesionarias. Tras haber dejado pasar la fecha fijada para el debut, ahora la conducción del organismo vial, que encabeza el menemista Marcelo Campoy, decidió otorgarles a las empresas un último plazo para que se pongan en regla y se conviertan en las primeras concesionarias viales de la era libertaria. El mensaje que bajó Vialidad fue contundente: si no están en condiciones de firmar los contratos de transferencia y dar inicio a las obras para el 15 de enero, serán dejadas de lado y se convocará a las compañías que salieron en segundo lugar para que se hagan cargo de los tramos en juego. El cronograma apura y amenaza nuevas licitaciones Para la gestión mileísta, el desembarco de las nuevas concesionarias no puede extenderse más allá de mediados de enero por un doble motivo. En primer lugar, porque necesita mostrar cuanto antes el primer avance concreto del esquema de privatización vial que puso en marcha a fines de 2024. En segundo término, porque ya está en marcha el cronograma de una nueva etapa licitatoria, que tiene fijada la presentación de ofertas para la primera semana de febrero. En ese contexto, ACS se adjudicó la concesión del Tramo Oriental con una oferta de tarifa tope de peaje para autos de $3563 en cada una de las cuatro cabinas existentes entre Paso de los Libres y Campana. Detrás suyo, y a la espera de ser llamada como reemplazante, quedó la constructora Rovella Carranza, cuya oferta de tarifa máxima fue de $4144. En tanto, la UTE conformada por las constructoras santafesinas Obring, Rovial y Edeca y las entrerrianas Pitón y Pietroboni ganó el tramo denominado Conexión, que comprende el puente Rosario-Victoria, con una oferta de peaje tope de $3385 para autos en la única estación existente en la traza. En este caso, la firma que quedó en segundo lugar fue la cordobesa Coyserv, con una tarifa máxima de $3725. Toto Caputo y el financiamiento del BICE El principal escollo que enfrentan las nuevas concesionarias es la demora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) a la hora de instrumentar la asistencia financiera estatal que había prometido el ministro de Economía, Toto Caputo. Para hacer más atractivo el negocio y captar una mayor cantidad de interesadas, pocos días antes de la presentación de ofertas Caputo les adelantó a las constructoras que tendrían acceso a un esquema fiduciario de garantía y financiamiento por hasta el 70% del total de las inversiones previstas, con una tasa UVA más 2%, un plazo de repago de seis años y un período de gracia de 12 meses. Sin embargo, cuando las empresas fueron a buscar esa ayuda, se toparon con una resistencia inicial del BICE a abrir la billetera. Según indicaron fuentes del sector a Letra P, tras un llamado del propio Caputo, la conducción del banco, a cargo de Maximiliano Voss, estaría ahora más predispuesta y comprometida a conceder las asistencias crediticias que necesitan las concesionarias para arrancar. Además del financiamiento, las empresas deben resolver la contratación de los seguros y la presentación de las garantías que exigen los pliegos para poder suscribir los contratos de concesión, que se extenderán hasta 2046. En el caso de la UTE que se quedó con el puente Rosario-Victoria, existe además un trámite pendiente: la constitución legal y formal de la nueva sociedad específica que será la titular de la concesión, un paso indispensable para la firma de los contratos. Peajes, obras y negocios complementarios Para los usuarios, la entrada en escena de las nuevas concesionarias implicará el inmediato restablecimiento del cobro de los peajes, que se encuentran suspendidos desde abril. En las cuatro estaciones de la autovía del Mercosur y en el puente Rosario-Victoria, la tarifa inicial para autos rondará entre $1400 y $1500, con incrementos graduales hasta alcanzar los valores definitivos incluidos en las ofertas. Si cumplen con lo que establecen los pliegos, las nuevas operadoras viales deberán ejecutar tres tipos de obras: las denominadas Iniciales de puesta en valor comprenden trabajos para recuperar la transitabilidad y la seguridad vial, como bacheos, sellado de grietas, eliminación de hundimientos, perfilado de banquinas y reposición de barandas y señales; las Obligatorias incluyen la reparación de calzadas de pavimento rígido, la reconstrucción de distribuidores y el recambio de los sistemas de iluminación por tecnología LED; las tareas de Rehabilitación abarcan bacheos profundos, fresados, ejecución de nuevas bases asfálticas, señalización horizontal e instalación de sensores de tránsito. Las concesionarias podrán ceder en garantía hasta el 70% de los ingresos que obtengan por peajes para financiar las obras. Durante el primer año, además, deberán instalar un sistema de cobro automático free flow y un dispositivo de identificación de patentes en todas las estaciones. A su vez, estarán habilitadas a desarrollar negocios complementarios vinculados a la infraestructura vial, como paradores, estaciones de servicio, centros comerciales, confiterías, hoteles, lavaderos, farmacias, cajeros automáticos, depósitos fiscales y servicios de telecomunicaciones. En caso de que los contratos se vean alterados por una ruptura de la ecuación económico-financiera, el Gobierno podrá renegociarlos introduciendo nuevos ajustes tarifarios, reducciones en las exigencias de inversión y eventuales compensaciones económicas a cargo del Tesoro. Tres variables que ponen en cuestión el relato oficial que presenta a las concesiones viales como un negocio de riesgo exclusivamente privado y sin garantías estatales.
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