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» El Intransigente
Fecha: 28/12/2025 15:20
La Justicia federal de Lomas de Zamora allanó en las últimas horas las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La medida se dio en el marco de una causa por corrupción, alimentos en mal estado y presunta cartelización en la provisión de comida para los detenidos. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento fue ordenado por el juez Federico Villena. El magistrado investiga posibles vínculos irregulares entre el SPF y empresas proveedoras. Las firmas habrían entregado comida contaminada en el penal de Ezeiza y utilizado empresas pantalla para evadir sanciones previas. El allanamiento estuvo marcado por un momento de tensión cuando Martínez intentó evitar el secuestro de su teléfono celular. Primero entregó un aparato viejo y en desuso. Luego afirmó haber extraviado el dispositivo que utiliza a diario. Un informe técnico contradijo esa versión. La última señal del celular impactó en una antena de Barracas apenas una hora antes del operativo. Para el juez, el funcionario pudo haber recibido una filtración previa y destruido el equipo para ocultar pruebas. El negocio de la comida contaminada en Ezeiza La causa se originó por denuncias de alimentos en mal estado en la cárcel de Ezeiza. Peritajes de la ANMAT detectaron Escherichia coli en niveles no aptos para el consumo humano, lo que derivó en la exclusión de la empresa Foodrush como prestaria. Sin embargo, la investigación reveló que la firma Bio Limp tomó el servicio con las mismas condiciones. Utilizaba los mismos camiones y empleados. Además, facturaba sumas millonarias a la empresa sancionada. Para el juez, funcionaba como una empresa fachada. Villena incluso probó la comida y sufrió una descompensación que describió como vomitiva. Vínculos, trasfondo político y una camioneta sospechosa Fernando Martínez asumió al frente del SPF en marzo de 2024. Fue designado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Durante su gestión, el organismo pasó del Ministerio de Justicia al de Seguridad. Otro dato que alertó a los investigadores es que Martínez se movilizaba en una camioneta secuestrada. El vehículo está a nombre de Enrique Quique Antequera, referente de La Salada que permanece prófugo. Aunque la fiscal Cecilia Incardona pidió la nulidad del operativo, el juez cuenta con el respaldo de la ministra Alejandra Monteoliva. La funcionaria expresó su voluntad de colaborar para desarticular mafias enquistadas desde hace años en el sistema penitenciario.
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