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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 28/12/2025 13:46
Imagen de archivo del uso de un helicóptero de la Policía utilizado por gobernadores. En el hangar del Aeropuerto General Justo José de Urquiza de Paraná, custodiados por la Gendarmería Nacional, permanecen al menos cuatro aviones incautados en operativos antinarcóticos: un Piper PA-23-250 Aztec B (matrícula LV-ILN), un Cessna 337B Skymaster (LV-IYZ), un Cessna 210D Centurion (LV-IGB) y un Cessna 210 con matrícula paraguaya (ZP-TME). A estos se suma el Cessna 210 que aterrizó forzosamente en Ibicuy en enero de 2025 con 358,95 kilogramos de cocaína, el caso más reciente y mediático. Mientras estas aeronaves permanecen inmóviles bajo custodia judicial, esperando su destino legal en el laberinto burocrático de los bienes decomisados, Entre Ríos carece de avión sanitario para trasladar pacientes críticos o accidentados graves que requieren atención en centros de mayor complejidad en Buenos Aires o Córdoba. El contraste es llamativo: la provincia invirtió decenas de millones de pesos/dólares en helicópteros destinados principalmente al traslado de autoridades, pero nunca priorizó contar con un avión sanitario propio, a pesar de tener aeronaves incautadas que, con inversión en reconversión, podrían cumplir esa función. La burocracia fue un grave escollo, ya sea en el ámbito judicial -fundamentalmente- o estatal, del que siguen pasando los años y no se pueden concretar soluciones. El mapa desigual de la aviación sanitaria argentina La investigación de ANÁLISIS reveló que Argentina tiene un sistema descentralizado y profundamente desigual en materia de aviación sanitaria. Mientras algunas provincias cuentan con flotas propias y realizan decenas de vuelos mensuales, otras como Entre Ríos dependen exclusivamente de servicios privados de emergencias médicas que cobran entre 60.000 y varios cientos de miles de pesos por traslado, o simplemente no tienen cobertura aérea. Un avión sanitario cuesta cerca de 4 millones de dólares. --Buenos Aires dispone de un avión Gran Caravan equipado para operar en pistas cortas (el 80% de los aeroclubes bonaerenses son de pasto) y un helicóptero 145. En 2025, el Sistema de Derivación y Emergencias (SIES) realizó 36 vuelos sanitarios solo hasta marzo. La provincia recuperó esta capacidad después de que la gestión anterior tercerizara el servicio entre 2017 y 2019, dejando a Buenos Aires sin aeronaves propias durante tres años. --Santa Cruz adquirió en 2023 un Pilatus PC-24 denominado La Cruz del Sur por 14,6 millones de dólares. Fue la primera aeronave nueva en más de dos décadas. La provincia patagónica realiza aproximadamente 120 vuelos sanitarios anuales, fundamentales dada su extensión y baja densidad poblacional. Las aeronaves anteriores un Cessna Citation V de 1995 y un Beechcraft King de 2000 fueron compradas durante la gestión de Néstor Kirchner. --Río Negro recuperó en años recientes un Piper Azteca que había permanecido inactivo desde 1996 en un hangar de Neuquén. La provincia invirtió 3,4 millones de pesos en restaurarlo y ponerlo en condiciones operativas. El avión presta servicios para el SIARME (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia) y la obra social IPROSS. --Tucumán posee un avión sanitario operativo. Hace apenas tres días realizó un MEDEVAC (evacuación médica) para trasladar una paciente de 14 años con falla hepática aguda desde el hospital provincial hasta el Garrahan en Buenos Aires. --Salta cuenta con un sistema de ambulancia aérea con helicópteros y aviones. Realiza mensualmente entre 5 y 6 vuelos interprovinciales programados, más un flujo constante de vuelos provinciales sujetos a urgencias. Entre uno y dos vuelos internacionales por año completan la estadística. --Misiones adquirió múltiples helicópteros para combate de incendios que también funcionan como ambulancias aéreas, incluyendo un Airbus H125 en 2022 con sistema Bambi bucket para recoger y arrojar 800 litros de agua con precisión. En contraste, provincias como Formosa, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén y Entre Ríos no aparecen en los registros con aviones sanitarios propios operativos. Helicópteros para gobernadores, no para pacientes La historia de la aviación policial en Entre Ríos muestra una clara priorización: helicópteros para traslados gubernamentales por sobre aviones para emergencias sanitarias. La Policía de Entre Ríos dispuso históricamente de una variada flota de helicópteros, adquiridos por los gobiernos de Jorge Busti y Sergio Urribarri. Actualmente opera un Bell 427 (matrícula LQ-BII). Anteriormente tuvo un Schweizer 269C (LQ-AFB), un Bö-105 (LQ-ZZW), un Bell 206B-3 Jet Ranger (LQ-BZF) comprado en febrero de 2009, y un Bell 427 adquirido en junio de 2007 que el presidente Néstor Kirchner solicitaba en varias oportunidades para desplazamientos en Chaco y Mendoza, por considerarlo uno de los más seguros del país, según registros de la época. En 2012, el gobierno provincial adquirió otro helicóptero que costó más de 30 millones de pesos, nominalmente incorporado al presupuesto de la Policía, pero utilizado principalmente para traslados del gobernador Sergio Urribarri. El dólar estaba en no más de 7 pesos. Un artículo del diario El Entre Ríos de esa época fue lapidario: Con sólo el 10 por ciento del monto que demandó la adquisición y seguro del helicóptero se podrían hacer muchas cosas para mejorar la seguridad y la prevención en el día a día de la comunidad. Incorporar, por ejemplo, ocho patrulleros Ford Ranger, alrededor de 125 mil pesos por unidad, para dotar con dos vehículos más a Colón, dos a San José, dos a Villa Elisa, uno a Ubajay y uno a Delitos Rurales y nombrar cincuenta agentes de Policía. El mismo artículo cuestionaba: Si bien la aeronave del 2009 fue elogiada por el gobierno de la provincia por su capacidad para extinguir incendios y la que está por llegar, porque podría emplearse como hospital aéreo, por lo que se ha visto, pocas veces han cumplido algunos de esos y los otros fines. Según documentos históricos de la Gaceta Aeronáutica, Entre Ríos tuvo en el pasado aeronaves Cessna 402 y Cessna 337 destinadas a uso sanitario, que ya no existen más hace rato. La provincia también operó la aerolínea LAPER (Líneas Aéreas Provinciales de Entre Ríos) fundada en 1967, que utilizaba aviones como el Cessna 402B y posteriormente DINFIA IA-50 GII. El caso Ibicuy: 358 kilos de cocaína y una avioneta millonaria El 22 de enero de 2025, cerca de las 20 horas, una avioneta Cessna 210 E hizo un aterrizaje forzoso en el establecimiento rural Campo Grande, aproximadamente a 15 kilómetros de la localidad de Holt Ibicuy, en Entre Ríos. El dueño del campo alertó a la policía al percatarse de la situación sospechosa. Cuando llegaron los efectivos de la Policía provincial y Gendarmería Nacional, encontraron a bordo a un piloto brasileño, Leonardo Monte Alto Gusmao (con antecedentes por un hecho similar en Brasil), y a Jade Isabela Callaú Barriga, ciudadana boliviana que había sido reina de belleza en su país y es sobrina política de Jorge Adalid Granier Ruiz, condenado por liderar una organización de tráfico aéreo de cocaína. La aeronave transportaba 358,95 kilogramos de cocaína distribuidos en diez bultos con 342 paquetes. El cargamento estaba valuado en aproximadamente 14 millones de euros en el mercado europeo y 2,2 millones de dólares en Argentina. La investigación posterior reveló una sofisticada operación criminal. La avioneta tenía una matrícula argentina falsa (LV-GOP) adherida sobre una boliviana (CP-3806). Bajo análisis técnico, se determinó que su verdadera identificación era LV-GQA. La aeronave había sido repintada de blanco y azul para camuflar sus colores originales (blanco con vivos rojos y amarillos). El avión había recorrido aproximadamente 1.600 kilómetros desde la zona de Beni, Bolivia, sin repostar combustible. Se quedó sin nafta cerca del límite con Buenos Aires su destino probable lo que obligó al piloto a buscar un lugar para aterrizar de emergencia. La investigación derivó en múltiples allanamientos que permitieron desbaratar parte de la red criminal. En junio de 2025, Gendarmería detuvo en Buenos Aires a un piloto peruano vinculado con la logística aeronáutica. En un local bailable de Flores llamado Rumba Latina encontraron un simulador de vuelo completo con tablero, palancas, pedales y partes de avioneta donde presuntamente entrenaban a los pilotos de la organización. También incautaron: 600.000 dólares, un lingote de oro de un kilo, cadenas, brazaletes y dijes de oro, casi 5 kilos de cocaína, materiales para fraccionamiento, balanzas de precisión, 3.500 municiones de distintos calibres, equipos GPS, computadoras, teléfonos celulares (incluido uno satelital), y documentación de múltiples rodados y avionetas. En septiembre de 2025, tras seis meses de investigación, fueron capturados cinco integrantes más de la banda (cuatro peruanos y un argentino) en allanamientos en CABA y General Rodríguez. En esta última localidad, en un galpón, descubrieron un búnker subterráneo oculto bajo tierra donde había 22 paquetes de cocaína. Se incautaron en total otros 49,67 kilos de droga, 15.500 dólares, 2.140.000 pesos, tres balanzas de precisión, un vehículo, y elementos de interés para la causa. El Cessna 210 incautado en Ibicuy, valorado en más de 100.000 dólares, aunque fue declarado en 13.000 dólares cuando se compró, permanece ahora bajo custodia de Gendarmería. Su destino, como el de otros aviones decomisados, es incierto. El limbo legal de los bienes decomisados ¿Qué pasa con las aeronaves incautadas en operativos antinarcóticos? La respuesta está en un complejo entramado legal que involucra a la Justicia Federal, la Procuración General de la Nación, y diversas agencias gubernamentales. Según la Ley 23.737 y el Decreto 1148/1991, los bienes decomisados por narcotráfico incluidas aeronaves deben ser entregados a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de Presidencia de la Nación. Los fondos generados deben destinarse a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo. En la práctica, el proceso es largo y burocrático. Las aeronaves quedan bajo custodia de Gendarmería o la Policía Federal mientras se sustancia el proceso judicial. Una vez firme la sentencia de decomiso, recién se puede definir su destino: destrucción, subasta, o asignación a organismos estatales. Existen antecedentes de diferentes destinos para bienes decomisados: * En la causa de los narcoaviones en Corrientes, se decomisaron más de 7.000 hectáreas de campos que fueron entregados al INTA como administrador. Las avionetas incautadas quedaron bajo custodia judicial. * En el caso Ruta del dinero K vinculado a Lázaro Báez, la Corte Suprema informó en diciembre de 2025 que recibió 238.720 dólares incautados y más de 4 millones de pesos provenientes de la subasta de dos aviones. * Santa Fe informó que cuenta con dos aviones para traslado de personas producto de incautaciones al delito organizado, incorporados a su flota gubernamental. La Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General, colabora en los trámites de medidas cautelares patrimoniales. Sin embargo, el proceso puede llevar años. Un ejemplo ilustrativo: el avión incautado en Concordia en septiembre de 2021 un Beechcraft B58 Baron con matrícula uruguaya que transportaba 409 kilos de cocaína desde Paraguay sigue bajo custodia de Gendarmería más de cuatro años después. El costo de no tener Las cifras de la desigualdad son elocuentes: Buenos Aires realizó 118 vuelos sanitarios en 2024 y 36 en los primeros tres meses de 2025. Santa Cruz promedia 120 vuelos anuales. Salta hace entre 5 y 6 vuelos interprovinciales mensuales. Entre Ríos: cero vuelos sanitarios provinciales. Los pacientes que necesitan traslado aéreo dependen de servicios privados de emergencias médicas costosos y no siempre disponibles o de empresas contratadas por obras sociales. No existen estadísticas oficiales sobre cuántos pacientes entrerrianos debieron ser trasladados por vía aérea a centros de mayor complejidad en el último año, ni cuánto gastó el sistema de salud provincial o las familias en contratar servicios privados de aeroemergencias. Empresas privadas como UTV Aeroemergencias, con base en Santa Fe, ofrecen cobertura en todo el sur y centro de Santa Fe, el este de Córdoba, el oeste de Entre Ríos y el norte de Buenos Aires con helicópteros que tienen un radio operativo de 200 kilómetros. Para distancias mayores ofrecen aviones, que se contratan por prestación. Los costos de estos servicios pueden oscilar entre decenas y cientos de miles de pesos por vuelo, dependiendo de la distancia, el tipo de aeronave, y el equipamiento médico requerido. Para familias sin obra social o con obras sociales que no cubren traslados aéreos, representa un gasto inaccesible. Casos como el del bebé de 2 años trasladado en marzo de 2025 desde La Plata a La Matanza por el avión sanitario bonaerense, o la paciente de 14 años llevada desde Tucumán al Garrahan hace tres días, ilustran situaciones que ocurren regularmente en toda Argentina. En Entre Ríos, sin embargo, estos casos dependen de la capacidad de pago o de que alguna fuerza de seguridad nacional (Gendarmería, Prefectura) o provincial pueda facilitar un helicóptero en casos extremos. Pero esto tampoco existe. En el hangar de Paraná, los aviones narco esperan. El Cessna de Ibicuy, con su matrícula falsa todavía adherida. El Piper Aztec, el Cessna Skymaster, los otros Cessna con matrículas argentina y paraguaya. Aeronaves que recorrieron miles de kilómetros transportando cientos de kilos de cocaína, ahora inmóviles bajo custodia judicial. Mientras tanto, los helicópteros policiales de Entre Ríos siguen operativos. Vuelan, sí, pero rara vez para apagar incendios o trasladar pacientes críticos. Su uso principal sigue siendo el traslado de autoridades gubernamentales. La provincia compró recientemente nuevas unidades policiales. Invirtió en tecnología. Modernizó instalaciones. Pero no priorizó tener un avión sanitario propio. Las preguntas quedan flotando en el aire entrerriano: ¿Cuánto costaría realmente acondicionar uno de esos aviones incautados para uso sanitario? ¿Quién debería tomar esa decisión? ¿Por qué ninguna gestión provincial de ningún signo político lo consideró una prioridad? Y la pregunta más incómoda: ¿cuántos pacientes podrían haber sido trasladados más rápido, con mejores chances de sobrevida, si Entre Ríos tuviera un avión sanitario propio en lugar de depender del mercado privado o de la buena voluntad de fuerzas federales? Los aviones narco siguen en el hangar de Paraná. Esperando un destino que nunca llega. Mientras los pacientes graves esperan algo diferente: que alguien, alguna vez, piense que sus vidas valen tanto como un viaje en helicóptero de un funcionario.
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