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» Tiempo Argentino
Fecha: 27/12/2025 22:23
La discusión sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional no puede abordarse únicamente desde una mirada económica. La decisión presidencial de regalar a su gabinete el libro «Defendiendo lo indefendible», del economista Walter Block; aporta una clave fundamental para comprender el sentido último del proyecto que se intenta instalar. No se trata de un gesto simbólico: es el intento más temerario e indolente que se recuerde, con intención de retrogradar derechos legítimamente saldados hace más de un siglo. En 1891, en una Europa atravesada por la pobreza, la marginalidad y la explotación de millones de trabajadores, el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum. Aquel documento histórico condenó la usura, la ambición desmedida y los abusos de los poderosos sobre los obreros y sus familias; señalando las consecuencias sociales de un liberalismo irrestricto que concentraba la riqueza en pocas manos y generalizaba la miseria. En ese mismo texto, la Iglesia fue clara y terminante respecto de la necesidad de proteger a niños y mujeres, entonces sometidos al trabajo forzado por la pobreza. Allí se estableció un principio que atraviesa el tiempo: los niños deben ser protegidos por el Estado y sus leyes, garantizando su derecho natural a crecer y desarrollarse dentro del ámbito familiar (institución esta última, preexistente a aquel). No es casual que ese período histórico coincida con una etapa de alta inmigración hacia la Argentina. Nuestro país recibió a miles y miles de personas que huían precisamente de esas condiciones de desigualdad extrema y explotación laboral. Sobre esa experiencia colectiva se fue construyendo, con avances y retrocesos, un consenso social profundo en torno a la necesidad de establecer un límite razonable al mercado, garantizando derechos básicos para las y los trabajadores. La Argentina democrática, inaugurada en 1916, consolidó ese camino a través de distintas leyes protectorias, que se profundizaron especialmente con la irrupción del Justicialismo. A lo largo de décadas, incluso atravesando dictaduras y crisis económicas severas, nadie puso seriamente en duda la prohibición del trabajo infantil ni la necesidad de un Estado presente que protegiera a los sectores más vulnerables. Estos principios no fueron responsables de las crisis, ni su hipotética eliminación hubiera contribuido jamás a superarlas. Pertenecen a un plano distinto: el de los derechos humanos fundamentales, el del legado inmortal del General Perón y Eva Perón; legado de humanismo cristiano hecho legislación obrera y social. Por eso resulta alarmante que hoy se intente defender lo indefendible. El libro que el presidente eligió distribuir reivindica el trabajo infantil, relativiza la explotación y presenta la pobreza como una elección individual. Bajo esa lógica, desaparecen la desigualdad estructural y la coerción económica. Esa misma matriz ideológica atraviesa la reforma laboral que se impulsa: debilitamiento del rol del Estado, cuestionamiento de los convenios colectivos, flexibilización extrema y reducción de los derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ese artículo no es una concesión coyuntural ni un privilegio sectorial. Es una pieza central del pacto democrático y social argentino, que dio eficacia a los derechos reconocidos en la Constitución de 1949 (obra cumbre de Arturo Sampay, uno de los grandes pensadores del constitucionalismo social). También expresa una tradición política y sindical que atraviesa distintos espacios, como lo demuestra la figura de Crisólogo Larralde, impulsor del 14 bis y dirigente que eligió defender esos derechos hasta el final de su vida. Volver a poner en cuestión estos consensos no es un debate académico. Es un intento de retroceder hacia una Argentina que ya conocimos: la Argentina fraudulenta, oligárquica y dependiente, que se consolidó tras Caseros y se sostuvo durante décadas hasta la ampliación democrática de 1916. Es, en definitiva, una visión de país subordinada a los intereses de los poderosos y ajena a las necesidades del pueblo. Desde el mundo del trabajo, y especialmente desde sectores históricamente vulnerables como el rural, sabemos que cuando se precariza el empleo adulto, cuando se debilitan las protecciones laborales y se retira el Estado, el impacto llega inevitablemente a los hogares. Y cuando eso ocurre, son los niños y niñas quienes pagan el precio más alto: abandono escolar, pérdida de derechos y trabajo temprano como forma de supervivencia. Como parte de la Secretaría de Protección de la Niñez de la CGT, espacio que integro junto al secretario general de UATRE, José Voytenco, consideramos que este es un punto de inflexión. No se puede construir futuro eliminando derechos individuales y colectivos. No se puede hablar de libertad mientras se naturaliza la desigualdad. Y no se puede aceptar un modelo que, directa o indirectamente, vuelva a habilitar la explotación infantil. Nuestros niños son el futuro de la Patria. Defenderlos exige coraje, compromiso y memoria histórica. Exige también levantar bien alto las banderas del Movimiento Nacional y del modelo sindical argentino; las que a lo largo de su historia demostraron que el desarrollo verdadero solo es posible con justicia social y movilidad ascendente de la clase trabajadora, consolidada a través de las universidades públicas. Defender los derechos laborales y proteger a la niñez no es resistirse al cambio. Es evitar que, una vez más, se nos intente convencer de que retroceder es avanzar. Nuestra integración al mundo globalizado, sólo será tal si respetamos la institucionalidad, más allá de mayorías circunstanciales y buscamos, con prudencia y equilibrio, una síntesis positiva entre nuestro Estado Social de Derecho y las nuevas tendencias económicas hoy en boga. Argentina ha sido, durante todo en Siglo XX, un faro para toda la América Latina. Quiera Dios que su luz ilumine a los gobernantes y señale al Pueblo el camino por donde habrá de mantener su aspiración legítima e irrenunciable de Justicia Social.
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