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» Infogremiales
Fecha: 27/12/2025 21:23
La controversia por el envío de reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al exterior escaló en los últimos días a un nuevo nivel de gravedad institucional. Por orden de la Justicia, la entidad monetaria debió admitir que durante todo 2024 no existieron contratos ni documentación legal que respalden la operatoria mediante la cual se trasladaron lingotes de oro fuera del país, una maniobra valuada en casi USD 5.000 millones. La Casa de Papel, versión argentina. El 24 de diciembre la Cámara Contencioso Administrativa Federal hizo lugar a un amparo presentado por el diputado y dirigente de trabajadores bancarios Sergio Palazzo y ordenó al BCRA informar de manera detallada sobre las operaciones realizadas con las reservas de oro durante 2024. El tribunal revocó una decisión previa que avalaba la reserva de la información y sostuvo que los argumentos de confidencialidad invocados por la autoridad monetaria eran insuficientes. En ese fallo, los jueces establecieron que el Banco Central debía entregar la información solicitada o, en su defecto, justificar técnicamente por qué su difusión podría implicar un riesgo financiero concreto. Según trascendió entonces, el envío de oro habría alcanzado unos USD 450 millones y tuvo como destino Londres. La operación fue defendida públicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien la presentó como una estrategia para obtener rentabilidad sobre un activo que, de otro modo, permanecería inmovilizado. Hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno, había explicado Caputo, al sostener que mantenerlo custodiado en el exterior permitiría maximizar los rendimientos de los activos del Estado. Sin embargo, la información conocida hoy agravó el escenario. En una nota oficial enviada a la Auditoría General de la Nación (AGN), el propio Banco Central reconoció que no existen contratos de colocación de los lingotes de oro con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ni con ningún otro depositario del exterior, ni durante 2024 ni al cierre del año anterior. «Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen«, fue la respuesta formal de la entidad presidida por Santiago Bausili. La admisión implica que la operatoria se realizó sin respaldo contractual, sin informes jurídicos y sin posibilidad de auditoría posterior. De acuerdo con la información disponible, el traslado de las reservas se habría efectuado en un operativo nocturno, utilizando un avión comercial, sin dejar rastro documental verificable. Este reconocimiento oficial refuerza las críticas que ya había formulado la Justicia. La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, había señalado que Bausili no justificó adecuadamente su negativa a informar sobre el destino del oro y que esa conducta vulneró los principios de transparencia en el manejo de bienes públicos. La inexistencia de contratos no es un aspecto menor. Al tratarse de activos del Estado, la pérdida de trazabilidad documental abre un flanco de posible responsabilidad penal para las autoridades del Banco Central. Sin respaldo legal, la custodia y administración de reservas estratégicas deja de ser un problema administrativo y pasa a tener implicancias personales para los funcionarios intervinientes. En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con eventuales acciones legales por entorpecimiento de auditoría, una vez completada la jura de nuevos auditores. El contexto internacional añade presión: el precio del oro se encuentra en niveles récord, cercano a los USD 4.400 la onza, lo que mejora de manera contable la posición del BCRA en un escenario de reservas netas negativas. Estimaciones privadas indican que, sin el efecto del alza del oro, el rojo patrimonial del Central sería aún más profundo. Con el expediente ya en sede judicial y la orden expresa de la Cámara para entregar información precisa, el margen para mantener el hermetismo se reduce. La discusión dejó de ser política o técnica y se encamina ahora a un terreno judicial, donde se evaluará si el envío de oro al exterior sin contratos ni documentación legal configura una irregularidad penal.
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