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» Diario Chaco
Fecha: 27/12/2025 21:02
Cuando la noticia surgió parecía una tomada de pelo. Demasiado absurda, llena de alevosía pues todo sucedió en la cara de un juez federal, del jefe de Policía y del ministro de Seguridad. Parecía una escena de una sátira cinematográfica, pero como siempre la realidad superó a la ficción y la película, según se va sabiendo, puede ser un clásico inolvidable de terror. La detención de siete efectivos de la Policía del Chaco durante un operativo oficial de quema de drogas secuestradas marcó un hito inquietante en la percepción pública sobre la integridad de las fuerzas de seguridad de una provincia que supo presentarse, hasta unos minutos antes, como referente en la lucha contra el narcotráfico. El episodio, ocurrido el pasado 18 de diciembre en Colonia Benítez, fue registrado en medio de un procedimiento de destrucción de estupefacientes que involucraba 80 kilos de cocaína y tres toneladas de marihuana incautadas judicialmente, con la presencia de altas autoridades provinciales y judiciales. Sin embargo, el foco de la atención no fue la incineración de los bienes ilícitos, sino la maniobra de ocultamiento de droga por parte de siete efectivos de la fuerza provincial, con diversos roles en la custodia del operativo. Todo, desencadenó la intervención de la Justicia Federal y la detención con prisión preventiva de los agentes involucrados. Dejamos que pasen los días para ir conociendo detalles. Cada vez que se hacían estos procedimientos de quema de drogas secuestradas se hacían bromas sobre "si en lugar de 200 kilos se queman 190, nadie se va a dar cuenta". Pero eran bromas, hasta ese fatpidico día 18. Desde ahí empezó a investigarse a fondo. A esta altura, la jueza federal Zunilda Niremperger dictó 100 días de prisión preventiva contra los siete policías imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes agravada y peculado, tras comprobarse que habían sustraído 9,490 kilogramos de cocaína distribuidos en nueve panes que hallaron en el patrullero y en mochilas con la presunta intención de comercializarlos. Entre los detenidos se encuentran oficiales y suboficiales (todos de la Dirección de Consumos Problemáticos, como para hacerlo más doloroso al dilema), incluidos un comisario y un subcomisario, señalados como parte de una maniobra que no solo traiciona la función de custodia pública sino que alimenta sospechas sobre prácticas sistemáticas de corrupción dentro de ese cuerpo. Por la feria judicial, el cálculo permite entender que (salvo alguna cuestión excepcional que aparezca en las últimas horas) hasta marzo estarán tras las rejas. Mientras esto vaya por un carril, el Órgano de Control Institucional (OCI) tendrá 30 dias hábiles para resolver el sumario y definir qué se hará con ellos en la propia fuerza. Cuando la noticia surgió parecía una tomada de pelo. Robar 9 kilos de cocaína en la cara de un juez federal, del jefe de Policía y del ministro de Seguridad parecía una escena de una sátira cinematográfica, pero como siempre la realidad superó a la ficción. UNA LLAGA ABIERTA A primera vista, el hecho constituye una crisis de confianza institucional cuya trascendencia supera la cuantía económica del estupefaciente; se ha informado que los 9,490 kilos podrían haber representado aproximadamente US$ 142.350 en el mercado ilegal. De manera simbólica, esto instala preguntas graves sobre la disciplina interna y los controles sobre quienes, en teoría, deben combatir el crimen organizado. Lo reconocieron desde el gobernador Leandro Zdero (prometió caer con todo el peso de la ley sin miramientos); el ministro Hugo Matkovich (advirtió que sancionarán a todo narco, aunque use uniforme oficial) y el jefe de Policía Fernando Romero (reconoció con una sinceridad extrema, que este episodio tiraba por tierra todo el trabajo hecho en dos años de darle una impronta distinta a la relación de la fuerza con la sociedad). Este escándalo llega en un momento en que la provincia intenta consolidar políticas públicas que refuercen la integridad de sus instituciones. En diciembre de 2025, la Legislatura chaqueña aprobó y luego el Ejecutivo reglamentó una ley, cuyo proyecto original dormía en comisiones desde 2014, que obligará de aquí en más a todos los funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado provincial a someterse a controles toxicológicos periódicos como condición para el ejercicio de sus funciones, con el propósito de asegurar que quienes desempeñan responsabilidades públicas lo hagan libres del consumo de sustancias psicoactivas ilegales. MOMENTOS CONFLUYENTES Esta ley puesta en vigencia hace pocas semanas cae, realmente en el mejor momento. La normativa establece que los análisis deben realizarse en organismos acreditados como el Laboratorio Central de la Provincia y el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial, con un primer control dentro de los dos meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley y evaluaciones anuales obligatorias. El alcance de los controles abarca desde el gobernador y los ministros hasta legisladores provinciales, magistrados, fiscales, miembros del Consejo de la Magistratura, defensores del pueblo, intendentes y concejales, señalando explícitamente que cada Poder del Estado deberá dictar las normas administrativas necesarias para ejecutar el sistema de control. Se ha informado que los 9,490 kilos de cocaína que se intentó robar, podrían haber representado aproximadamente US$ 142.350 en el mercado ilegal. Hace algunas semanas, en este mismo espacio, reclamábamos tomar en serio la tarea de ajustar toda la legislación que le cierre los accesos al narcotráfico (no ya de la sociedad donde claramente está presente) sino de las instituciones para no terminar dejando el camino libre a un "narco-Estado". Por esto, es una obligación que involucra en primer término al Gobierno, pero también a los diputados y al Poder Judicial a que este punto sea un límite definitivo. Si, por ejemplo, desde la oposición se conforman con que sea un elemento más de chicana es porque no entendieron la gravedad institucional de lo que pasó o porque, definitivamente, no entienden el rol que deben jugar frente al voto que les dio la sociedad. Hay demasiados elementos que hacen de este caso un verdadero polvorín que aún no está desactivado. Por ejemplo, la investigación preparatoria llevada adelante por el fiscal Patricio Sabadini permitió advertir (al menos lo que hasta ahora figura en los papeles oficiales) que efectivamente parte del material destinado a incineración fue extraído de las cajas de secuestro, ocultado en un móvil policial utilizando mochilas y "recovecos" del vehículo oficial, incluyendo un detalle que expone que no estaban improvisando: tenían supuestos "ladrillos" para reemplazar la cocaína robada por pedazos de yeso. Insistimos, en la cara de un juez federal, del ministro y del jefe de Policía. En función de todo lo que se pudo ir juntando desde el jueves 18, la acusación está descrita como "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y peculado en calidad de coautores", destacando el dominio funcional del hecho y responsabilidad por ser funcionarios públicos, en un acto oficial. HACIA DÓNDE VAMOS La legislación sancionada hace unas semanas tiene un objetivo declarado de "reforzar la transparencia, la ética y la idoneidad institucional, combatiendo cualquier percepción de complicidad o vulnerabilidad ante el narcotráfico y la ilegalidad". Desde que se empezó a hablar de esta ley, se generó una expectativa entendible porque se ancla en la idea de controles preventivos, no solo punitivos, para asi llegar "a tiempo" y fortalecer la confianza ciudadana en sus representantes y en quienes custodian la seguridad pública. La investigación preparatoria llevada adelante por el fiscal Patricio Sabadini permitió advertir un detalle que expone que no estaban improvisando: tenían supuestos "ladrillos" para reemplazar la cocaína robada por pedazos de yeso. Algunos de los abogados defensores de los siete policías detenidos son muy conocidos. Uno de ellos es Ricardo Osuna, recientemente liberado con otros 61 millones de pesos de caución, tras su segunda detención en el año, acusado de abigeato y otros delitos. Este profesional del Derecho Penal ya hizo declaraciones públicas anunciando que estamos solamente ante "un malentendido" . Tanta liviandad ante un hecho tan grave, solo nos permite suponer que este hombre no se cansa fácilmente en el juego de escupirle en la cara a la sociedad. La detención de siete policías por una conducta ilícita y flagrante nos debería doler a todos los ciudadanos de bien, estemos o no vinculados a la fuerza, porque la credibilidad y fortaleza de las instituciones son pilares decisivos de una buena calidad de vida. Por eso, creemos que más allá del trabajo que tendrá sobre sus hombros la Justicia Federal para dilucidar los alcances de esto sucedido en Colonia Benítez, hay una obligación para que el Estado chaqueño, desde distintos resortes, también dé respuestas ciertas, comprobables y expresadas ante la comunidad. La legislación sobre controles toxicológicos que ya comentamos tiene criterios preventivos. Acá ya se falló, entonces hay que ir sobre las normas que permitan esclarecer el delito y generen la mayor sanción establecida en las actuales normas. Es decir que desde ese momento casi cinematográfico del 18 de diciembre, hay una rendición de cuentas pendiente. No será nada igual tras el cierre de este caso. La sociedad chaqueña enfrenta una disyuntiva límite sobre el valor de sus instituciones encargadas de combatir el delito. Confluyen en este final de 2025 una crisis policial-judicial y el cambio normativo que la clase política sancionó pocos días antes. No bastará con parecer honesto, tendrá que demostrarlo el Estado en su conjunto. La respuesta institucional abrirá puertas al futuro o cerrará definitivamente muchas otras. COMENTÁ EN FACEBOOK: HACÉ CLICK ACÁ
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