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» Diario Firmat
Fecha: 27/12/2025 19:23
En una jornada cargada de expectativa política, el Gobierno nacional envió este lunes al Congreso un ambicioso proyecto de reforma integral del Código Penal. La iniciativa, presentada en Casa Rosada por el Poder Ejecutivo junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apunta a reconfigurar de raíz el sistema punitivo argentino. Según la ex ministra de Seguridad y senadora nacional electa Patricia Bullrich, el objetivo es claro: dar vuelta una realidad donde los favorecidos eran los delincuentes. Bullrich, quien encabezó la presentación del texto, aseguró que el Congreso enfrenta una misión histórica. Recordó que el actual Código Penal está pensado para 1921, cuando gran parte de los delitos que hoy preocupan a la sociedad ni siquiera existían. Con el paso del tiempo, dijo, la norma se llenó de parches, perdiendo coherencia y fuerza. De allí la apuesta oficial por construir un marco moderno, sistemático y ajustado a la dinámica del delito actual. Entre los cambios más resonantes surge la modificación del régimen de condenas. El homicidio simple elevará su máximo de 25 a 30 años, mientras que el homicidio agravado sumará nuevas circunstancias especialmente protegidas: funcionarios públicos incluido el Presidente, docentes en ejercicio de su función, menores de 16 años y adultos mayores de 65. La intención, remarcan en el Ejecutivo, es reforzar la protección de los sectores más vulnerables y de quienes cumplen tareas esenciales para la sociedad. El proyecto también promete dar por terminada la criticada puerta giratoria. Según la propuesta, el 82% de los delitos deberá tener cumplimiento efectivo, y se limitarán fuertemente las salidas transitorias. Además, las víctimas o sus familiares deberán ser notificadas antes de cualquier beneficio, como libertades condicionales o permisos especiales. Bullrich fundamentó este punto en casos en los que personas liberadas reincidieron sin que las víctimas estuvieran al tanto de su excarcelación. Otra disposición reactualiza la acumulación de condenas para crímenes múltiples, especialmente los vinculados al crimen organizado, un fenómeno que el Gobierno sigue con atención en Rosario y otras zonas críticas. La ministra también apuntó contra lo que definió como una filosofía que minimizaba delitos como arrebatos, motochorros o amenazas con armas que no llegan a dispararse. Todo importa. Salir con un arma tiene un objetivo y ese daño también debe ser penado, afirmó. En esa línea, el proyecto endurece las penas para delitos contra la propiedad cuando intervenga violencia, uso de armas o actuación en grupo. Los delitos considerados más graves narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil, secuestro extorsivo también recibirán ajustes punitivos. Además, la reforma declara imprescriptibles delitos como homicidio agravado, abuso sexual en todas sus modalidades, trata, secuestro extorsivo, terrorismo, financiamiento del terrorismo, corrupción de menores y atentados contra el orden constitucional. Bullrich enfatizó que muchas víctimas, especialmente en casos de abuso infantil, tardan décadas en poder denunciar: Si hablan 30 años después, el Estado debe escucharlas, sostuvo. Otra modificación clave es la presunción a favor de quien se defiende. Ante un ataque con un arma, sea real o de utilería, el Código deberá priorizar la situación vivida por la víctima, y no la interpretación posterior sobre el tipo de arma utilizado. El proyecto también incorpora la figura de conducción imprudente, una demanda histórica de organizaciones como Madres del Dolor. Las penas subirán de 1 a 3 años a un rango de 2 a 6 años, y de 3 a 6 en casos agravados, apuntando a conductas peligrosas como el uso del celular al volante o maniobras temerarias. La meta es establecer responsabilidad penal clara para quienes, por negligencia, ponen en riesgo vidas. Con esta reforma, el Gobierno apuesta a trazar un nuevo mapa penal, endurecido, moderno y centrado en la víctima. El desafío, ahora, queda en manos del Congreso, donde se anticipa un debate intenso que podría marcar uno de los capítulos legislativos más determinantes de los últimos años.
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