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» FM 899
Fecha: 27/12/2025 15:18
El abogado en Derecho Tributario y Empresarial Sebastián Espeche analizó el alcance del proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que busca incentivar la exteriorización de dinero no declarado. Señaló que la iniciativa reduce el plazo de prescripción de cinco a tres años, eleva los montos de la ley penal tributaria y apunta a incorporar fondos al circuito formal sin iniciar inspecciones fiscales. El abogado tributarista Sebastián Espeche brindó precisiones sobre el proyecto de ley conocido como Inocencia Fiscal, una iniciativa que según explicó apunta a facilitar la regularización de ingresos no declarados y a simplificar la relación entre el contribuyente y el fisco. En declaraciones a FM Profesional, sostuvo que, aunque el nombre del proyecto no deja en claro su finalidad, el texto incluye beneficios relevantes para los contribuyentes. Uno de los puntos centrales que destacó Espeche es la reducción del plazo de prescripción impositiva. La prescripción es el tiempo que tiene el fisco para reclamar impuestos. Hoy es de cinco años y con este proyecto pasaría a ser de tres, explicó. En términos prácticos, señaló que esto implicaría que ingresos no declarados correspondientes a períodos anteriores quedarían fuera del alcance de reclamos fiscales si el contribuyente los exterioriza bajo el nuevo régimen. El abogado detalló que el proyecto prevé un esquema simplificado para quienes presenten sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias hasta un monto determinado que aún no está claramente definido, aunque se estima en torno a los 100 millones de pesos, a partir del cual el Estado no investigaría el origen de esos fondos siempre que no provengan de delitos como el lavado de dinero. La idea es que el dinero que hoy está fuera del sistema, guardado en el colchón, ingrese al circuito financiero sin que el fisco inicie inspecciones, afirmó. Espeche también remarcó que la iniciativa eleva significativamente los montos previstos en la ley penal tributaria. Hoy, la evasión por un millón y medio de pesos ya puede derivar en una causa penal con penas de prisión. Con este proyecto, ese umbral se elevaría hasta los 100 millones de pesos, indicó, y consideró que esa modificación refuerza el objetivo de dar previsibilidad y seguridad jurídica a los contribuyentes. En cuanto al alcance del régimen, señaló que se aplicaría a todo tipo de contribuyentes y abarcaría impuestos nacionales. No obstante, aclaró que el proyecto también introduce cambios relevantes para las deudas provinciales, al establecer que el plazo de prescripción se rija por la ley nacional. La Corte Suprema ya dijo que el plazo lo fija el Estado nacional, y este proyecto avanza en ese sentido, por lo que los tres años también podrían aplicarse a impuestos provinciales, explicó. Desde su perspectiva, la iniciativa simplifica la vida del contribuyente y reduce controles que, en la práctica, desalientan la formalización. Hasta hace poco, para comprar un auto, una propiedad o hacer un depósito importante, había que justificar el origen de los fondos. Con este régimen, dentro de ciertos montos, esos controles no deberían ser requeridos, señaló, aunque reconoció que en la práctica algunos bancos todavía mantienen exigencias. Finalmente, Espeche sostuvo que el éxito del proyecto dependerá de la confianza. Esto apunta a que el dinero informal ingrese al circuito formal, lo que dinamiza la economía, permite el acceso al crédito y fortalece el sistema financiero. Pero la clave es que los contribuyentes crean que un futuro gobierno no va a cambiar las reglas y volver a reclamar impuestos por fondos ya exteriorizados, concluyó.
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